Hasta ahora, en España, la tradición respaldada por la norma indicaba que el primer apellido del recién nacido correspondía al del padre y el segundo al de la madre, sin que por ello se impidiera su cambio en determinados supuestos. Esta convención trivial, pero comúnmente aceptada, permite presuponer fácilmente las filiaciones y trepar por las ramas del árbol genealógico hasta descubrir nuestros orígenes. Con el pretexto de modernizar el Registro Civil, actualmente, se está tramitando un proyecto de Ley que pondría fin a esta norma, dejando al común acuerdo de los progenitores la elección del orden de los apellidos, mientras que por defecto, o en caso de desacuerdo, el orden quedaría determinado por el orden alfabético.
Más allá de la anécdota y de lo que en una primera lectura podría parecer una reforma liberadora del peso de la tradición y la discriminación de la mujer, se esconde un paso más para controlar a los individuos. Un paso firme y decidido que culmina otras reformas dedicadas a desestructurar la sociedad, tal y como ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos, para reorganizarla. Las leyes deberían limitarse a respetar los acuerdos y recoger el fruto de los usos sociales y tradiciones que genera la sociedad en lugar de procurar su transformación.
El proyecto histórico de la Izquierda ha sido la creación del hombre nuevo éticamente preparado para vivir solidariamente en el paraíso socialista. Del socialismo científico, pasando por el socialismo real hasta esta nueva izquierda, el proyecto sigue siendo el mismo. Donde las formas de totalitarismo más evidentes fracasaron, hoy triunfa la misma idea enmascarada bajo organizaciones pantalla como el ecologismo reaccionario o la ideología de género. Así, proyectos descabellados como descomponer las familias y arrebatar a los niños de sus familias para reeducarlos se llevan a cabo hoy de forma dispersa entre una educación controlada estatalmente y el propio pensamiento dominante.
Si este texto legal es aprobado tal y como ahora se encuentra, se abandonará el libro de familia alienando al individuo y eliminando cualquier referencia legal a esa institución natural, piedra angular de toda sociedad. Los progenitores (A y B) serán meros intermediarios donde el orden de los apellidos es mera anécdota. Disuelta nuestra filiación, a cada individuo se le asignará un “código personal de ciudadanía”, un código de barras que nos identificará no como individuos, sino como ciudadanos dependientes del Estado, fuente de todos nuestros “derechos” y razón última de nuestra existencia. De la cuna hasta la sepultura nuestro paso por este mundo quedará reducido a los registros legales ligados a este código que ya no debemos a nuestros padres sino al Estado.
Del Estado autoritario patriarcal hemos avanzado a un estado de dominación matriarcal mucho más efectivo en nuestro control y registro. La familia es el enemigo más peligroso para el Estado, que se define como monopolio en todos sus accidentes; la última de las barreras protectoras que protegen al individuo contextualizándolo en un momento histórico-familiar, fruto de una tradición y unos genes concretos que enraízan en sus antepasados y se proyectan hacia el futuro a través de sus hijos. De ahí el peligro que conlleva dinamitar esta estructura social convirtiendo al hombre en un mero contribuyente de la granja estatal en el que la élite privilegiada explota para mantenerse y perpetuarse en el poder.
La suerte todavía no está echada, el texto es un proyecto y puede sufrir modificaciones sustanciales o no llegar a ver la luz. A los legisladores les interesa tener ciudadanos dóciles, pero nosotros todavía tenemos recursos suficientes para recordarnos a nosotros mismos y a la casta política que somos hombres antes que ciudadanos, que somos hijos de nuestros padres.
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