Sin embargo, las soluciones del PSOE y del PP no podían ser más opuestas. Mientras que el primero propone poner coto a la corrupción incrementando el control político en esta área, el PP parece haber optado por la liberalización. Los socialistas afirman, fieles a sus principios y tradición, que "una mayor y", (¿cómo no?), "mejor intervención pública" sobre la oferta de suelo ayudará a reducir la especulación y, por ende, la corrupción que es fruto, supuestamente, de una libertad que en el mundo real brilla por su ausencia.

Los populares han sustituido su tradicional intervencionismo en este campo por el laissez faire, en el convencimiento de que es precisamente el control político de la oferta el detonante de la corrupción urbanística y de la especulación que la fomenta. El acierto en el cambio de política de los populares y el despropósito socialista no se comprende si no entendemos que la especulación tiene dos orígenes bien distintos: uno autónomo, que permite la adecuación de la oferta a la demanda en el plano intertemporal (la especulación económica), y otra, inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo (la especulación política).

Tratar de evitar la primera es desequilibrar el mercado y distanciar la oferta de la demanda, con los graves problemas que estas divergencias ocasionan. En cambio, tratar de evitar la segunda de una forma distinta al cese de la intervención que ha causado el problema es sentar las bases de ulteriores intervenciones que, de nuevo, descoordinarán las acciones de los agentes económicos y motivarán nuevas ocasiones para vivir de la especulación sobre futuras intervenciones. A su vez, este aumento de la especulación con base en las futuras decisiones políticas y administrativas fomentará aún más la corrupción política en el sector urbanístico.

Una cuestión que añade confusión al asunto es que, conforme al artículo 47 de la Constitución, los poderes públicos deben impedir la especulación. El problema es que la Carta Magna no hace distinción entre los dos tipos de especulación. Pero debería quedar claro que la Constitución sólo puede estar refiriéndose a la especulación política, ya que si se intenta evitar la especulación económica el resultado previsible será el colapso del sector por descoordinación. En este contexto resulta obvio que la propuesta liberalizadora del PP reducirá la corrupción mientras que la socialista la exacerbará aún más.