La masacre de Virginia Tech ha conmocionado a toda la población de los Estados Unidos. Al parecer, un cúmulo de coincidencias hizo que la policía siguiera una pista equivocada mientras el asesino, Cho Seung-Hui, cruzaba el campus universitario para continuar con la matanza. Un criminal, supuestamente desequilibrado, dispuesto a atentar contra la vida de los demás con un arma de fuego y unos servicios públicos de seguridad que vuelven a cometer un error de bulto a la hora de proteger a los ciudadanos han reavivado un gran debate. Sorprendentemente la discusión no gira en torno a cómo superar los fallos del sistema público de protección sino que se enquista, como un gatillo oxidado, en el cuestionamiento del derecho constitucional a tener armas.
Los detractores de las armas, sobre todo fuera de los Estados Unidos, sacan a relucir que cerca de 14.000 ciudadanos americanos murieron en el año 2005 asesinados por medio de armas de fuego y que en el país hay unos 240 millones de armas. Por otro lado, argumentan que si la posesión de armas sigue siendo legal es por culpa de una minoría bien organizada. En este caso los perversos antagonistas de quienes critican el derecho a tener armas son los lobbies –especialmente de la Asociación Nacional del Rifle– o, incluso, el partido republicano. Es posible que todos esos argumentos sean ciertos, pero lo son de manera tan parcial que no sirven para concluir lo que pretenden: la idoneidad del control estatal de las armas de fuego.
En efecto, son miles los norteamericanos asesinados con armas de fuego cada año. Sin embargo, los críticos olvidan compensar este buen y visible argumento utilitarista contra el derecho a la tenencia de armas con un efecto menos visible del derecho a su posesión. Y es que nadie niega que sean muchas miles de vidas las que se salvan cada año en Estados Unidos gracias a esos 240 millones de armas en manos de la población civil. Estas vidas no salen en el telediario, pero están ahí. Las investigaciones de John R. Lott, por ejemplo, han puesto de manifiesto cómo aumentaban los asesinatos cuando se restringía el derecho a las armas en numerosos estados. Como dice el dicho, cuando las armas están proscritas, sólo los proscritos tienen armas. Además, en Estados Unidos, los crímenes dentro de la propiedad privada son inferiores a muchos países europeos. Al parecer, a los criminales no les es indiferente si la gente puede tener un arma en casa para defenderse o no.
Sin lugar a dudas, la National Rifle Association y otras colectivos civiles se esfuerzan por defender el derecho a la tenencia de armas. También es cierto que en el partido republicano hay una clara mayoría de representantes que defienden este derecho recogido en la segunda enmienda. Pero no es menos cierto que en el demócrata ocurre lo mismo. Estos datos son el reflejo de una sociedad en la que existen algo más de 55 millones de ciudadanos adscritos a asociaciones de caza, tiro o defensa del derecho a tener armas (y algo más de 76 millones de dueños de armas de fuego). En 1996 algo más de un 37% de los votantes norteamericanos y casi el 40% de la población total poseía un arma. A la luz de estos datos, el argumento de que una pequeña minoría tiene secuestrada la voluntad de los norteamericanos sueña a perorata majadera.
Pero es que, además, la defensa del derecho a tener armas tiene un fundamento ético. ¿En qué queda el derecho a la vida y a la propiedad privada si no tenemos derecho a defender ambas? Tal y como lo expresó el ex fiscal de la ciudad de Nueva Cork, David B. Kopel, "si sólo el Gobierno tiene armas, sólo están seguras aquellas personas cuya protección le interesa al Gobierno". El Gobierno lo podrá hacer mejor o peor, pero de lo que no cabe duda es de que no ofrecerá el servicio dónde y cuándo el ciudadano necesita hacer valer sus derechos más fundamentales.
Esta cuestión nos lleva al último aspecto que merece ser destacado y que queda bien reflejado en un conocido dicho suizo: "si el Gobierno no confía en la gente, la gente no puede confiar en el Gobierno". El derecho a tener armas no sólo sirve al propósito de defender la vida de uno y de su familia. Una población armada es la última barrera frente al totalitarismo político. Hace más de cuatro siglos Juan de Mariana destacaba la importancia de contar con una población civil bien armada y advertía al rey que "el tirano teme necesariamente a los que le temen, a los que trata como esclavos, y para evitar que éstos preparen su muerte, suprime todas sus posibles garantías y defensas, les priva de las armas, no les permite ejercer las artes liberales dignas de los hombres libres para que no robustezcan su cuerpo con ejercicios militares y desmoronar la confianza en sí mismos."
No sé hasta qué punto el padre Mariana era consciente de la importancia de sus palabras. En cualquier caso, el siglo XX le daría tristemente toda la razón. En 1942 Hitler reconocería que "el error más estúpido que podríamos cometer sería permitir tener armas a las gentes conquistadas del este." El Führer era un tirano genocida pero no un idiota y repetía que "la historia enseña que todos los conquistadores que han permitido poseer armas a las razas sometidas han preparado su propio declive al hacerlo."
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!