
La corrupción no depende tanto de los hombres o mujeres que uno ponga en los puestos claves de la administración pública como del entramado de incentivos en el que se desenvuelva la acción cotidiana de los funcionarios, los políticos y el resto de los mortales. La naturaleza humana es débil y si el marco de la organización social no elimina los incentivos para corromperse, siempre habrá quien lo haga. Tampoco cambia mucho las cosas el hecho de que quien tome las decisiones administrativas esté en un pueblo o en el Palacio de la Moncloa. Lo único que cambia es el nivel al que se da la corrupción.
El socialismo propugna el intervencionismo estatal en todos los campos de la sociedad. Lo que permite y fomenta la corrupción es esa intervención omnipresente en las decisiones que los individuos llevan a cabo sobre qué hacer con su tierra, su casa, su tiempo, su información, su cuerpo, su salud, su alimentación, su nacimiento, su entierro y, cómo no, su dinero. Por eso el socialismo, se dé en el partido en el que se dé, sea de izquierdas o de derechas, es sinónimo de corrupción. En un sistema liberal en el que el estado se limite a ejercer aquellas funciones de seguridad y defensa que los individuos no puedan desarrollar de manera voluntaria, pocas son las posibilidades de corrupción. Y así sería por muchos liberales que hubiera con ganas de forrarse llevando a cabo actos de corrupción.
Por eso, y no porque el liberalismo vaya a crear un hombre nuevo, la solución a la corrupción urbanística consiste en la liberalización de la ley del suelo, la solución a la corrupción financiera supone liberalizar los mercados y privatizar al regulador y la solución para la corrupción con fondos públicos es reducir los impuestos, el gasto público y el ámbito de actuación del estado. Todo lo demás son cuentos chinos, cartas de Blanco o quimeras sobre la tolerancia cero.
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