
Quien defiende el salario mínimo no puede tener ninguna idea sobre cómo se forman los salarios. El empresario está dispuesto a pagar una cantidad al trabajador en función de lo que estima que vale la contribución de este a la producción (esto es, el valor descontado de su productividad marginal). Si esa estimación queda por debajo del salario mínimo, esa contratación sencillamente no tendrá lugar. Se generará paro y habrá proyectos que queden en el sueño de los emprendedores – y de los afiliados al INEM.
Claro está que estos frustrados trabajadores a quienes el Gobierno prohíbe llegar a ciertos acuerdos son mayoritariamente jóvenes e inmigrantes. Estos últimos ya están saliendo a la calle, pero no por voluntad propia. Según la última EPA el desempleo entre extranjeros ha crecido un 24 por ciento en un año. Un SMI de 800 euros dejará esa tasa en ridículo.
En el caso de los jóvenes, muchos valoran más lo que ganan de capital humano por medio de la experiencia que el salario, y los estudios muestran que los salarios mínimos reducen las rentas futuras de los jóvenes, por la experiencia no ganada.
Lo más sorprendente es que este dislate sea un reclamo electoral.
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