Pero eran otros tiempos, y la desgracia de aquellos honrados empresarios no se tradujo en leyes de solidaridad con el sombrerero que nos obligaran a todos a ponernos algo para cubrirnos la cabeza al menos una vez por semana. Fue lo lógico, lo racional, lo liberal. El cambio de gustos de una desgracia para ellos, pero nadie tenía la culpa, así que los Gobiernos de entonces no decidieron imponer ningún "recargo complementario temporal de solidaridad" para sufragarles las pérdidas.

Estamos en 2011, y muchas cosas han cambiado. De modo que varias industrias están sufriendo el embate de las nuevas tecnologías. Son en su mayor parte intermediarios dedicados a acercarnos arte y entretenimiento, que se han visto en un escenario en el que los costes de distribución de sus productos se acercan a cero. Si estuviéramos en los años 50 habrían adaptado sus procesos de negocio para competir en el nuevo escenario. Pero estamos en 2011, y muchas cosas han cambiado a peor.

Así pues se empezó imponiendo un canon digital primero sobre discos ópticos y más tarde sobre muchos otros dispositivos de almacenamiento bajo el razonamiento de que podían ser empleados para almacenar esos productos de la industria discográfica y audiovisual en formato digital. Aquella medida atentaba contra la justicia, pues partía de una presunción de culpabilidad: daba lo mismo que usaras aquello para copiar las fotos de tus niños; debías pagar. De modo que desde internet muchos ciudadanos empezaron a organizarse en contra de ese canon digital y el PP aparentemente ha decidido hacerles caso. Pero es sólo eso apariencia: este extraño impuesto privado no será eliminado sino sustituido por los impuestos que pagamos al Estado. Seguiremos subvencionando a la  SGAE pero a través de los presupuestos. Es decir, ya no son culpables sólo los que se compran un pincho USB; también lo es la abuela que no ha visto un ordenador ni en fotos. Ahora se nos presume la culpabilidad a todos y cada uno de los españoles. Un gran avance. Y eso que nos prometieron eliminar subvenciones a la cultura.

Pero lo peor es que con esta medida el PP ha intentado ocultar lo peor: la aprobación del reglamento de la Ley Sinde y, con él, la facultad de una comisión administrativa para cerrar sitios web. Quisieron cerrarlas por la vía judicial y perdieron, así que han decidido –en lugar de cambiar la ley– quitar a los jueces de en medio. Tanto el nuevo ministro Wert como otros apologistas de esta ley han querido pintar a la oposición a esta medida como un apoyo incondicional a los sitios web de descargas. Sin duda hay de eso. Pero lo principal es que existen muchos modelos de negocio en internet que nunca podrán aparecer en España gracias a esta norma.

Imaginen que Youtube hubiera nacido en enero de 2011 en España. Ya sé que requiere un esfuerzo, pero háganlo. Mucha gente subiría vídeos sacados de la tele o el DVD, aunque fueran fragmentos. Con esta ley, una comisión administrativa tendría perfecto derecho a cerrarlo antes de que prosperara y lo comprara Google. Evidentemente, las trabas a las nuevas empresas son muchas más, pero añadir a toda prisa esta inseguridad jurídica añadida no va a ayudar. El PP está favoreciendo a empresas de toda la vida, que no consiguen adaptarse a lo que quieren los consumidores, a costa de las compañías punteras que sí podrían hacerlo. Un hurra por el chiste ese del Ministerio de Competitividad.