
En ese ranking de atractivo para los grandes inversores en el que España tiene el dudoso honor de compartir posición con Rumanía o Túnez, China (61,8%) y Estados Unidos (41,2%) ocupan el primer y segundo puesto respectivamente. Estas dos primeras posiciones nos muestran a las claras que la inversión en innovación puede atraerse mediante bajos costes laborales, pero no sólo así. De hecho, la segunda posición de EE.UU. indica que, aunque sean elevados en términos absolutos, no son un problema si la economía es relativamente libre, abierta y productiva. El desmadre intervencionista europeo ha logrado que el Reino Unido sea el único país considerado atractivo para realizar inversiones en I+D por más de un diez por ciento de estas multinacionales (13,2%).
España, siguiendo el manual europeo de cómo consolidar el estado del malestar, trata de cubrir parte de ese creciente abismo productivo con los EE.UU. y otras economías más libres a base de gasto público en I+D. Caen de nuevo en el espejismo del constructivismo socio-económico. Y es que este gobierno no parece entender que la investigación y el desarrollo que realmente mejoran la productividad no se logran a golpe de inyecciones estatales sino, más bien, a fuerza de reducir las trabas, los impuestos y cómo no, el gasto público. Los números absolutos de inversión en I+D no importan. Lo que importa es que esa inversión vaya realmente a innovar en esos campos donde es más urgentemente necesitada por la población. Y eso sólo se puede lograr si quien invierte se encuentra en un mercado libre y apuesta en el proyecto con sus propios recursos. Así pues, que el gobierno se ocupe de parar la inflación monetaria que promueve, que de la inversión innovadora nos ocupamos el resto de la sociedad si los políticos nos dejan en paz.
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