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30/07/2006 - Gabriel Calzada - La Razón

Salirse es gratis

Kyoto no iba a resultar muy costoso para España. Ese era el argumento de Cristina Narbona justo antes de la entrada forzosa de nuestras empresas en el mercado emisiones y primer plan de asignación de derechos a finales de 2004; un sistema de racionamiento más propio del primer franquismo que de una economía de mercado. En concreto, la ministra aseguró que el coste que "como máximo tendrían que realizar todas [las empresas españolas] no sería más de 85 millones de euros al año".

La ministra no defendió la entrada en vigor del protocolo por sus bondades medioambientales. Y es que, desde el ecólogo más escrupuloso hasta el ecologista más fanatizado, todos sabían que, según Naciones Unidas, Kyoto apenas reduciría la temperatura global del planeta (en el mejor de los casos) en 0,07 grados centígrados. Así que convencer a los españoles de que no les costaría casi nada era la única opción de la ministra para acallar las numerosas críticas y tirar para delante.

Pasado el primer año el coste directo ha sido 3,5 veces el prometido por la ministra para embaucarnos en esta desventura. Lejos de dar marcha atrás y reconocer el desastre, Narbona ha emprendido una huida hacia delante con el cuento de que de aquí a 2012 sólo costará 1.953 millones. Lo cierto es que según el último estudio hecho con precios de mercado el coste rondará los 7.000 millones de euros. Ojalá que la ministra deje de engañarse a sí misma y nos saque de este ruinoso acuerdo.


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