01/03/2007 - Gonzalo Melián

Monopolio urbanístico

"Las leyes son muchas en demasía; y como no todas se pueden guardar, ni aún saber, a todas se pierde el respeto".
 Juan de Mariana

Me veo en la necesidad de expresar mi rechazo a lo expuesto en el artículo publicado en el diario El País sobre la corrupción urbanística y sus posibles soluciones, escrito por mi apreciado y respetado ex-profesor don Gerardo Roger Fernández.

Según el señor Roger Fernández, para que haya corrupción se tienen que dar tres factores: "desde la oferta, un producto generador de enormes plusvalías; desde la demanda, un universo muy amplio de solicitantes perentoriamente necesitados del mismo y, en tercer lugar, un mercado lo más restringido y, a poder ser, lo más monopolístico y opaco posible". Pues bien, que un producto genere enormes plusvalías y que exista un amplio número de solicitantes necesitados del mismo no es ninguna razón para que exista corrupción, sin embargo, un mercado restringido y monopolístico si lo es, pero no por las razones que él expone.

Don Gerardo cae, como otros muchos, en una errónea definición de monopolio, lo que además se demuestra, como veremos más adelante, por las soluciones que plantea.

Muchas personas, erróneamente, creen que se tiene el monopolio de algo cuando alguien tiene la propiedad de todo un determinado producto o recurso. Esta definición y otras similares han sido utilizadas por el pensamiento único para poder justificar la destrucción de la propiedad privada o el hurto de la misma. Sin embargo, el monopolio existe cuando alguien por la fuerza física o coactiva se hace con el control del mercado e impide que otras personas puedan intercambiar unos determinados bienes y servicios. Es por ello que existe un monopolio del suelo y éste lo ostenta el Estado.

Con la excusa de que el suelo es escaso, y apoyado por muchos intelectuales y políticos de izquierda, el Estado monopoliza el mercado de suelo para poder controlarlo y hacer con él lo que más le plazca. De esta manera el Estado planifica nuestras ciudades, nuestro medio ambiente, nuestras costas y nuestros ríos, y de esta forma se asegura lo que para él es alimento vital, el control de los individuos. Indudablemente, ostenta el monopolio de la propiedad del suelo, aunque nos engaña con diferentes concesiones de usos del mismo para hacernos creer que nosotros somos los propietarios y así poder continuar con su tiranía comunista del urbanismo.

Con este panorama es lógico que exista corrupción, pero no por los argumentos que expone el señor Roger Fernández, sino porque en vez de estar los individuos compitiendo en el mercado para satisfacer las necesidades del resto de las personas (qué tipo de ciudades satisfacen sus fines, en qué tipo de viviendas quieren vivir, a qué tipo de playas les gusta ir, etc.), al estar coaccionados y administrados prefieren influir sobre la toma de decisiones del suelo por el órgano de poder y así poder lograr sus fines sin necesidad de contar con los fines del resto de la población. Por otro lado, el órgano director (controlado indudablemente por diferentes grupos de poder) busca sus propios fines haciendo uso de este monopolio y además justificando la actividad coactiva ante los individuos que administra para mantenerse en el poder.

Pero lo más sorprendente, después de un análisis más que equivocado de por qué existe la corrupción, son las soluciones por las que aboga el profesor Roger.

En primer lugar "que el suelo se valore legalmente 'por lo que es' y no 'por lo que pueda ser', acomodándose al mandato constitucional a impedir la especulación y si se apuesta por un desarrollo sostenible del territorio". O sea que la solución que se plantea es: la eliminación de los precios de mercado y sustituirlos por valores irrisorios que serían decididos a su antojo por burócratas y políticos; la eliminación de la especulación económica necesaria para la vida misma y, por último, la protección coactiva de todo el suelo bajo la justificación del erróneo argumento de desarrollo sostenible.

En segundo lugar, "ábrase a la competencia la producción de ciudad por la iniciativa privada, terminándose con viejos monopolios de raíz preliberal. Que para los casos en que se delega la producción de la ciudad en los privados, ésta se lleve a cabo en régimen de libre empresa, en concurrencia bajo estricto y escrupuloso control público en aras de evitar malas prácticas aplicativas, tanto para el interés general como para los privados legítimamente obtenidos". Con este párrafo lo que el autor del mismo nos viene a decir es que permitamos que empresarios sin necesidad de ostentar la propiedad del suelo puedan realizar edificios y urbanizaciones siempre y cuando el órgano director lo supervise y lo permita. Por lo tanto, carta libre para el agente urbanizador y edificador y de esta manera agrandar el monopolio del suelo por parte del Estado, más corrupción y más dinero para hacer ricos a los amigos del órgano director. Por supuesto, todo eso bajo la justificación del interés general. Además lo que se propone en estas líneas, pero no se dice abiertamente (por qué será), es la eliminación de la propiedad privada mediante la nacionalización del suelo.

Por tercer y último lugar, "procédase a segmentar la oferta de una parte del mercado, disponiéndose garantías jurídicas que propicien la presencia de suelo a precio acorde a las rentas familiares medias con destino a vivienda protegida. Sólo una disposición legal que comporte la reserva de una parte del suelo para vivienda social, tal como la experiencia nos demuestra, podrá satisfacer el derecho constitucional a la vivienda establecido en el artículo 47 de la Carta Magna". ¿Una parte del suelo a viviendas sociales? ¿Es que acaso el resto de las viviendas no son sociales? Lo que don Gerardo Roger pretende es que se establezcan más impuestos mediante viviendas de precio intervenido y de esta manera las viviendas de precios supuestamente no intervenidos o libres (y digo supuestamente porque no existen, ya que todos los precios de vivienda en la actualidad están intervenidos por el control estatal del suelo) verían incrementado su precio de venta para poder soportar los costes económicos de las viviendas de precios tasados por el Estado. Eso sí, justificado por el artículo 47 de la constitución que otorga a todos los españoles el derecho positivo a una vivienda digna.

Termina don Gerardo anunciándonos que "medidas legales de estas características se recogen en el Proyecto de Ley de Suelo estatal y en algunas legislaciones autonómicas progresistas". Precisamente puesto que medidas como las expresadas se encuentran en el Proyecto de Ley de Suelo, éste no debe de ser aprobado nunca y retirado de inmediato, pues incrementaría la corrupción sin lugar a duda al igual que la fomentan todas esas legislaciones autonómicas supuestamente progresistas.