Declara que "queda expresamente prohibida la promoción, publicidad o información destinada al público de los productos incluidos en el apartado 1". ¿Y qué nos encontramos? A aquellos "que no se financien con fondos públicos". La ley es aplicación de una directiva europea que prevé expresamente "Los Estados miembros podrán prohibir en su territorio la publicidad al público general sobre productos médicos, cuyo coste pueda ser reembolsado".
Es decir, que el Estado se encarga del pago de un amplio conjunto de medicamentos, para asegurarse de que todos los consumidores potenciales pueden pagarlos. Pero impide que quienes lo necesiten se enteren de su existencia por medio del mecanismo más eficaz para la transmisión de información sobre los productos, que es la publicidad. Y todo porque quien está al cargo de la factura es papá Estado. Mal padre es este que no desea que los "hijos" que están buscando una solución para su enfermedad o su mal se entere de dónde los puede encontrar. Y todo por no querer más de la cuenta.
Esto resulta aún más sorprendente cuando constatamos que, en contra de lo que significa esta nueva norma (la ley es del pasado 26 de julio), desde todo tipo de instituciones oficiales, y el Ministerio de Sanidad no es la última de ellas, se nos dice que es fundamental que el ciudadano esté siempre bien informado para tomar las decisiones responsablemente. Desde luego que es así, solo que resulta contradictorio con la prohibición ordenada por esta nueva Ley del Medicamento.
El Instituto Juan de Mariana elaboró un informe en el que daba cuenta de varios de los peligros que tiene esta ley para la economía y para la salud pública. Sus conclusiones no son tranquilizadoras. Más allá de los datos sobre enfermedades que no se curan por la barrera de la ignorancia, o vidas que se pierden por no saber a tiempo del remedio, lo interesante son los procesos que pone en marcha esta prohibición de la publicidad.
Se desincentiva la innovación tecnológica en este campo. En Europa la lucha contra las farmacéuticas es larga y no cabe duda de que ha resultado eficaz: Si bien en el año 1980 ocho de cada diez nuevos fármacos se desarrollaban en Europa, hoy las cifras muestran la situación contraria. Ocho de cada diez se producen en Estados Unidos. La ley fomenta la deslocalización de la industria farmacéutica europea, que cede no menos de medio millón de sus mejores científicos a Estados Unidos.
Es claro el problema de financiación a que se enfrenta el Estado en el apartado de los medicamentos. Pero prohibir la publicidad de aquellos que están en su cuenta tiene efectos muy nocivos para la salud pública: Las estatinas salvan entre 60.000 y 70.000 vidas, pero sólo la mitad de europeos que deberían estar recibiendo este tratamiento lo está siguiendo. Y además no es necesario. El Estado ha ido asumiendo ese costosísimo papel que consiste en romper la relación entre la necesidad de un medicamento y el pago del mismo. Bastaría con restituir el pago individual, al menos en una medida razonable.
