27/04/2007 - Jorge Valín

Las pensiones a Bolsa y el socialismo como fracaso

Gobierno y agentes sociales (CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT) han decido que el estado ha de invertir el Fondo de Reserva de las pensiones en Bolsa. El Fondo de Reserva es el excedente destinado a las pensiones públicas del futuro, que actualmente representa unos 40.000 millones de euros en España.

Independientemente de los acuerdos que lleguen los políticos entre ellos mismos, que pueden ser de cualquier tipo y no tendría sentido ahora empezar a especular sobre qué pasará, podemos ver la medida como un claro fracaso del socialismo y del Estado del Bienestar.

El estado, y cada uno de sus gobiernos, han sido incapaces de guardar el dinero que nos han incautado por la fuerza y mucho menos revalorizarlo de una forma sostenible. Su solución ahora será copiar, curiosamente, el sistema del que querían que huyéramos: el libre mercado y el capitalismo. Se han dado cuenta que sólo el capitalismo es lo suficientemente eficiente como para generar beneficios netos para todos.

Aún así, el estado nunca aprende. Hacer burdas imitaciones de la eficiencia capitalista nunca funciona. Un ejemplo lo tenemos en Cataluña donde, a raíz de la nefasta gestión de la administración en el tema de la sanidad, la Generalitat decidió privatizar su gestión. La consecuencia es que ahora va peor que antes. La sanidad pública que no busca fines lucrativos ni se mueve en un entorno de competencia, así no puede ser sostenible en el tiempo.

La pregunta que a todos nos tendría que surgir ahora es: ¿por qué si incluso el gobierno se ha dado cuenta, y hasta los sindicatos, que la gestión capitalista es la única forma eficiente de gestionar los recursos, no privatiza totalmente las pensiones, o aún mejor, abole el sistema? Los planes de pensiones privados son gestionados por expertos en riesgo y mercados financieros, igual que lo que pretende hacer ahora el gobierno, pero además, los sistemas privados tienen enormes ventajas adicionales que dan continuidad al sistema.

Una de las más básicas es que si la entidad o producto no funciona, el cliente se va, sin mencionar las posibles denuncias que pueda recibir la empresa financiera. El estado no tiene este incentivo, le da igual hacerlo bien o mal, los súbditos no nos podemos desprendernos del estado ni exigirles nuestro dinero. Una entidad privada, además, ha de competir mejorando día a día, el estado no. Si algo no le funciona aplica una ley contra su competencia les sube los impuestos y problema resuelto. Una empresa privada ha de responder ante sus clientes e inversores. Esto le dificulta enormemente cualquier tipo de fraude o comportamiento poco moral. Al estado esta cuestión le es indiferente del todo. Cada día vemos en la prensa muestras de este comportamiento corrupto y antisocial. La empresa privada sólo piensa en el beneficio económico de todos, pues es la única forma de retener a los clientes e inversores. Al estado sólo le interesa mantener contentos a sus lobbies, grupos mediáticos y votantes; y para ello hace cualquier cosa.

La apertura y aportaciones a un plan de pensiones privado son voluntarias, término que no aparece en el diccionario del estado. Además, hay un plan de pensiones por cada tipo de inversor. Si usted visita cualquier entidad financiera le hará un pequeño test para ver su perfil inversor y según la edad que tenga le amoldarán al plan más oportuno. Encima le regalarán algo; todo lo contrario que hace el estado que sólo sabe incautar. Evidentemente, podrá traspasarlo a otra entidad sin que la primera le amenace con multarlo, perseguirlo o encerrarlo en la cárcel por llevarse su dinero. Tampoco le llamarán criminal por hacer lo que quiera con su dinero. El estado se lo repetirá una y otra vez.

El estado no tiene autoridad alguna a decidir cómo gestionar nuestro dinero, a decidir si hemos de guardarlo para el futuro, gastarlo ahora mismo o a imponernos un tipo de gestión determinada.

En el fondo, al estado no le importa en absoluto nuestro destino ni bienestar. De no ser así, no se habría gastado en el pasado nuestro dinero reservado a nuestra vejez en tanques, subvenciones al cine, a amigos suyos o a saber qué. Si una empresa pierde nuestro dinero, sabemos contra quién hemos de actuar judicialmente, pero cuando lo hace el estado no existe responsable alguno. Eso es lo que le convierte también en un funesto gestor, y por más que invierta el Fondo de Reserva en Bolsa, mercados OTC, derivados o donde le dé la gana, sólo conseguirá poner en continuo peligro nuestro dinero ganado con esfuerzo y trabajo, y por ende, hará peligrar nuestro bienestar. Para una muestra el presente: incluso invirtiéndolo en renta fija, pierde. Es que es el súmmum de la incompetencia e irresponsabilidad.