01/05/2007 - Berta García Faet

Contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Aunque la idea no es nueva (véase el Código de Hammurabi, las Vedas, la Biblia, el Corán, los Analectos de Confucio y la Carta Magna inglesa de 1215), sí es una novedad su discurso whig, su vocación universal, su justificación pretendidamente científica, esto es, no consuetudinaria, y su pretensión de vinculación, que suponen un plus respecto a otras declaraciones que se ciñen más al ámbito nacional y que son de marcado carácter episódico.

La mayoría de las críticas que se le han hecho son indigenistas y, por lo tanto, no llegan al fondo del problema, que es  su inmoralidad de justificar implícita o explícitamente en cada uno de sus artículos la expropiación y la redistribución arbitraria y veleidosa. Las apologías, falazmente, se centran en su "practicidad". Una de las más famosas es la de John Finnis, que apela a su privativa funcionalidad para crear las condiciones necesarias para el bienestar.

Sin embargo, pocos pensadores se dan cuenta de que estos "derechos" no son más que un error intelectual, filosófico, económico y moral fruto de una ingeniería social megalómana.

Los Derechos Humanos de la primera generación, según la polémica terminología de Karen Vasak, son los que defendemos los liberales en un contexto estatal: la libertad negativa y la representación política. El problema viene con los "derechos" positivos de la segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales o derechos acreencia: seguridad social, salud física y mental, alimentación, vestido, asistencia médica, trabajo justamente retribuido) y tercera y cuarta generación (derechos de la solidaridad: fraternidad, medioambiente, paz, disfrute igualitario del patrimonio común de la Humanidad). Estas dos últimas generaciones ya no se refieren a la protección del individuo frente al Estado y frente a terceros; por el contrario, legitiman el robo y normalizan que terceros le paguen a uno todo lo considerado como "básico".

El error más grave de la Declaración es en el que puede caer cualquier Constitución democrática actual: ser socialista. Así, adolece de los típicos males: hace hincapié en la igualdad de oportunidades para la igualdad de resultados o, dicho de otro modo, justifica medios liberticidas para fines tan "nobles" que dan la impresión de relativizar esta agresión. Estos fines son, por lo demás, igualitaristas, antieconómicos y colectivizadores, ya que tensan los lazos que unen a los individuos hasta el máximo punto vejatorio y coactivo en que esos lazos no son lazos sino dolorosas cerdas que los atan unos a otros. No se contemplan los costes de su consecución ni tampoco que la aplicación de esos "derechos" frene la creación de riqueza necesaria para hacerlos posibles. Paralelamente se ignora que aplicarlos supondría incentivar el alza de la preferencia temporal y, por tanto, la descivilización, el parasitismo y la acidia creativa.

Pero no es éste el único error. La Declaración se contradice a la hora de asignar titularidad a los derechos, ya que en teoría son universales pero de facto se efectúa una serie de especificaciones redundantes (apelando a la "situación generalizada de discriminación social") que constituyen insolentes privilegios, sobre todo en cuanto a las penas, como los que se propugnan en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1969) y de Discriminación contra la Mujer (1981).

Por otra parte, se entiende que el fundamento de los Derechos Humanos es la natural dignidad del ser humano y, en tanto que ésta es irrenunciable, se declaran los derechos inalienables. Pero esto es un non sequitur de lo más obsceno: la dignidad humana, nuestra mera existencia, nuestra personalidad, sí es motivo suficiente para declarar el derecho natural de la propiedad, pero de ella no se deduce que no seamos libres, antes al contrario. La alienabilidad es irrenunciable.

Otro error es ignorar una de las leyes más básicas del sentido común: para consumir algo, hay que producirlo antes. Y la producción tiene una lógica a menudo alejada del sentimentalismo progre. No basta con proclamar que todos los niños tienen derecho a una educación. Antes la sociedad en la que sus padres se integran tiene que haber progresado lo suficiente como para poder renunciar a su fuerza productiva, invertir en su formación y darle una ocupación acorde posteriormente. Porque de nada sirve que los ugandeses aprendan gramática y biología si luego no pueden hacer más que cultivar café o vagabundear por la economía sumergida.

Pero naturalmente el error más peligroso de la Declaración es el de descomponer arbitrariamente el derecho de propiedad hasta el infinito, sobre todo porque ese infinito está incluido en la propiedad privada. Mises lo expresó así: "los principios del liberalismo se condensan en una sencilla palabra: propiedad; es decir, control privado de los factores de producción (pues los bienes de consumo tienen evidentemente que ser siempre de condición privada). Todas las restantes exigencias liberales derivan de tal fundamental presupuesto." El límite del bienestar y la felicidad que dan la propiedad privada no son la alimentación, la salud o el pleno empleo obligatorio; no hay más límite que el que podamos alcanzar mediante intercambios voluntarios.

En definitiva, esta Declaración supone un grave atentado contra la Praxeología que se permite apostar alegremente, no ya por la democracia cosmopolita, sino directamente por la colectivización. Esperemos que siga siendo papel mojado.