11/09/2007 - Gorka Echevarría

Pisos para todos

Al grito de "pisos gratis", la Junta de Andalucía ofrece llevar a la práctica el derecho a la vivienda ya presente en la Constitución Española. Específicamente, el anteproyecto andaluz pretende garantizar que las familias no dediquen más que un tercio del salario a la compra de una casa (o un cuarto, en el caso de alquiler de la misma).

Según publica Libertad Digital, "los andaluces que podrían beneficiarse de este derecho son todos aquellos cuyas rentas mensuales no superen los 3.100 Euros". El Gobierno de Zapatero parece estar de acuerdo con esta medida, hasta el punto de que la ministra de Vivienda, Carme Chacón ha animado a otras Comunidades a que sigan el ejemplo de Andalucía, autonomía ejemplar, sin duda.

La medida aplicaría a más de 46.500 andaluces y generaría un efecto llamada, lo que inevitablemente supondría que el Señor Chaves tendría que subir los impuestos autonómicos o reclamar más dinero al Estado.

Probablemente lo que acabe sucediendo es que Chaves se vea obligado a limitar la aplicación de la medida, mientras que el precio de la vivienda, en lugar de bajar, seguirá subiendo, ya que los vendedores contarán con que, gracias a la ayuda de la Junta, los potenciales compradores pueden pagar más por los pisos. Así que los andaluces no se podrán relajar sino que tendrán que seguir trabajando más y más para pagarse el piso.

En lugar de prometer aligerarnos la carga que soportamos como ciudadanos, lo que los Gobiernos autonómicos podrían hacer es liberalizar el suelo inmediatamente, dejar de limitar alturas, como ha propuesto Esperanza y, cómo no, revisar el tipo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para reducir el coste que tienen que soportar las constructoras. De esta forma, se reducirían notablemente los costes de la vivienda, lo que se trasladaría a los precios. Evidentemente, mientras los Ayuntamientos sean los que decidan si se puede o no construir estaremos ante un problema irresoluble.

Al margen del efecto económico perverso y el deseo de captar votos de los socialistas, la cuestión tiene una enorme importancia en el plano moral. Con este tipo de promesas, se incentiva que la gente actúe de forma menos responsable porque el Estado siempre estará cuidando de nosotros. Si bien es cierto que comprar un piso es casi un lujo, esto no es óbice para decir que el Estado tiene necesariamente que inmiscuirse en los asuntos de cada uno. Está claro que si recibo un subsidio mi situación mejorará pero a costa de otros, aunque esos otros no percibirán un coste directo ya que los costes del Estado se reparten entre todos. Pero a la larga, el intervencionismo se paga porque a más Estado, menos individualismo y a menos individualismo, menos creatividad y prosperidad para todos, es decir, que acabamos dependiendo más del Gobierno de turno y menos de nuestro esfuerzo y de la solidaridad natural de nuestros familiares y amigos y de la sociedad, en general. Al fin y al cabo, ¿si el Estado se ocupa de todo, para qué necesitamos hacer un esfuerzo o pedir a nuestros semejantes que nos ayuden?

Cualquier "derecho a", como el que ha planteado Chaves en materia de vivienda, derecho que, como hemos dicho, reconoce nuestra Constitución socialista de 1978, supone en último término que se legitime el latrocinio fiscal, porque para dar a unos hay que quitar a otros y la mejor forma de redistribuir la renta son los impuestos. Por cada euro que el Estado le prometa, antes ha tenido que quitar varios a todos los ciudadanos, incluyéndole a usted. La diferencia es el coste (enorme) en que tiene que incurrir para procurarle ese euro.

Mientras tengamos una Carta Magna que reconozca estos derechos, no hay que ser muy listo para llegar a la conclusión de que la propiedad y la libertad de actuar estarán en peligro, porque actuar tendrá costes y, para mantener la propiedad, habrá que ceder una parte de la misma como peaje. Como siempre, habrá muchos que estén dispuestos a que otros tengan que renunciar a sus derechos para procurarse bienestar material, aunque no se percaten de que apostar por el intervencionismo es pedir a gritos, no un piso, sino un futuro más negro para todos.