26/09/2007 - Juan José Mora Villalón

Sectores estratégicos

Resulta bastante común, a la hora de leer determinados medios de comunicación, encontrarse con referencias a los llamados sectores estratégicos. Normalmente esta expresión suele ser empleada por ciertos periodistas, políticos o empresarios, que piden un tratamiento especial para el grupo de empresas que pertenecerían a dicho sector.

Estas referencias a los sectores estratégicos suelen ser de índole muy diversa, casi tanto como el número de sectores que parecen merecer esta consideración. No obstante, todas las referencias a ellos suelen tener un elemento común: la consideración del mismo como algo único, especial y diferenciado al resto, que requiere la aplicación de reglas específicas, que, casi siempre, incluyen la exclusión de las normas generales del libre mercado. Casi siempre los motivos que se barajan para pedir este trato especial se suelen escudar en que, de esta manera, se está defendiendo al consumidor, ya que ese tratamiento especial permite dedicarle más atención y cuidado.

La realidad, sin embargo, nos indica que la suspensión de las reglas del libre mercado no hace sino perjudicar al consumidor. Sectores tan diversos como la telefonía, el transporte aéreo, la banca y los hidrocarburos han merecido en algún momento la clasificación de sectores estratégicos, concediéndoseles ciertos privilegios legales, tales como el monopolio, la fijación de precios o la restricción de la competencia. Al haber sido alguno de los preceptos legales que impusieron estas situaciones derogados, se puede realizar una comparación entre el servicio prestado al consumidor cuando las empresas pertenecían a un sector estratégico regulado, y cuando se aplicaron las reglas más básicas del libre mercado.

Si nos fijamos en la telefonía, por ejemplo, no hace mucho que una empresa tenía el monopolio de este sector en nuestro país, precisamente bajo la excusa de ser éste un sector estratégico. En aquella época, conseguir simplemente una línea nueva se convertía en toda una epopeya homérica, ya que era un proceso que podía demorarse varios meses. Hoy en día casi nos provoca una sonrisa evocar dichos tiempos, dada la insistencia con la que, casi a diario, se reciben diversas ofertas por parte de distintos proveedores de servicios telefónicos, que se suelen materializar casi en el acto. También palidece cualquier comparación al examinar las tarifas que ofrecen en la actualidad la mayoría de los operadores (que aunque no totalmente liberalizadas, sí tienen una mayor flexibilidad legal, permitiendo, por ejemplo la aplicación de las llamadas tarifas planas y la inclusión de servicios adicionales), con las tarifas reguladas existentes antaño.

Este mismo tipo de comparaciones se puede realizar con cualquiera de los antiguos sectores estratégicos y el resultado es el mismo, la mejora en la prestación de servicios, que se ha producido cuando se ha eliminado cualquier trato legal diferenciado de las reglas de libre mercado. El consumidor ve mejorada su situación cuando se elimina cualquier privilegio concedido a las empresas consideradas como pertenecientes al sector estratégico.

El resultado no debe sorprender si se analiza la premisa básica del libre mercado, que radica precisamente en el concepto de libertad. Y es que el consumidor tiene la última palabra ante cualquier trato, ya que es libre de aceptar o no los bienes y servicios ofertados por las distintas empresas. Esta circunstancia es conocida por las compañías, que han de competir por obtener la aprobación del consumidor, pues en caso contrario otra empresa se les puede adelantar. Esta situación no se produce en los llamados sectores estratégicos regulados, al estar limitada la competencia, bien por la poca variabilidad que existe en la prestación de servicios, bien por la nula lucha que se produce para tratar de satisfacer al consumidor.

Por tanto, si se desea dar el mejor servicio posible a los consumidores en cualquiera de los sectores que se deseen considerar como estratégicos, deben aplicarse las reglas del libre mercado y permitir la competencia entre las empresas integrantes. Esto provocará que continuamente se busque la mejor forma de satisfacer al cliente, al no tener limitada de ninguna forma su libre elección, por lo que existirá una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios ofertados a los clientes, a un mejor precio.