03/10/2007 - Manuel Llamas

El valor liberal de la monarquía

Tanto Mises como Hayek, principales exponentes de la Escuela Austriaca de Economía, sentían debilidad por la democracia o gobierno representativo, rechazando por ello el Principado como forma de gobierno, en tanto concebían que el tránsito de la monarquía al sistema democrático moderno constituía un progreso. Pese a ello, para ambos autores el término democracia no significaba el Gobierno de la mayoría, sino autodeterminación, autonomía y autogobierno en sentido literal. Es decir, un Gobierno realmente democrático es aquél cuya organización le reconoce a cada uno de sus miembros el fundamental derecho a la autodeterminación, secesión y adscripción voluntaria.

Sin embargo, el resultado de ello ha sido justo el contrario del pretendido, pues no parece que Estado alguno haya conocido desde entonces un gobierno democrático tal y como lo entendían Mises o Hayek, ya que todas las democracias modernas se han configurado como organizaciones de adscripción forzosa y coactiva.

Es más, pues tal y como hemos demostrado anteriormente, la aplicación de la teoría democrática ha supuesto en realidad un vertiginoso desarrollo y crecimiento del poder estatal, cuyos principales problemas en la actualidad derivan de una palpable restricción en el ejercicio de la libertad individual, una vulneración progresiva e institucionalizada de los derechos de propiedad, una plausible crisis de gobernabilidad y, finalmente, la imposibilidad de controlar y limitar de forma efectiva el poder político, puesto que es el propio Estado quien ejerce el monopolio jurisdiccional, de modo que cualquier limitación de la acción del gobierno dependerá inevitablemente de sus agentes en última instancia.

Si partimos de la hipótesis fehaciente de que el anarcocapitalismo es una utopía y, por tanto, es inevitable la existencia de un Estado, entendido éste como una entidad que ejerce el monopolio territorial coactivo de las decisiones (jurisdicción) y la imposición fiscal, resulta económica y éticamente ventajoso elegir a la monarquía en lugar de la democracia, en contra de los postulados clásicos liberales favorables a aceptar una participación, aunque sea limitada, del pueblo en el ámbito del poder político. La monarquía se instituye como la forma política más adecuada y conveniente para limitar y controlar el poder político, ajustándose por ello de un modo más acertado a la consecución de los objetivos y fines planteados desde la teoría liberal. Y ello, en base a diferentes motivos, tal y como expone magistralmente la teoría hoppesiana.

El problema de la preferencia temporal

Siguiendo la teoría austriaca de la acción humana (también conocida como praxeología), este fundamental y básico concepto significa que cuando un actor ejecuta una acción pretende invariablemente pasar de una situación poco ventajosa a otra más favorable, demostrando así una mayor preferencia por una mayor cantidad de bienes, pero si a ello se le añade la variable tiempo, de ello resulta una preferencia universal por los bienes presentes sobre los futuros.

La formulación de este fundamental axioma es, precisamente, el que permite explicar de modo riguroso y correcto la utilidad y función del ahorro así como la determinación del tipo de interés en el ámbito económico. Además, siguiendo esta misma exposición lógica, es el ahorro el que permite la acumulación de capital, sustentándose así sobre esta base teórica todo el edificio y estructura del sistema económico capitalista.

De ello se deriva, a su vez, la siguiente ley o axioma apriorístico consistente en que a menor preferencia temporal, mayor ahorro, resultando de ello la siguiente evolución lógica y fácilmente comprensible: a mayor ahorro, mayor acumulación de capital y, como consecuencia directa de ello, se produce una mayor expansión de la estructura productiva, con lo que aumenta también la productividad marginal de todo el proceso productivo y económico, resultando finalmente un incremento sustancial del empleo, con el consiguiente aumento de los salarios y nivel de vida en el ámbito social.

Monarquía

En este sentido, la monarquía consiste en un sistema político basado en la propiedad privada del aparato coactivo gubernamental. Por ello, manifiesta también una preferencia temporal más baja, ya que las expropiaciones y el monopolio del poder son privados, de titularidad personal. Así, el gobierno de propiedad privada tiene una serie de incentivos para el gobernante en cuanto al modo en que debe dirigir sus asuntos, ya que en función de su propio interés, innato y natural, tratará de maximizar su riqueza total. Además, la propiedad privada posibilita el cálculo económico y estimula la previsión a largo plazo.

Ello se traduce por tanto, en una moderación en cuanto a la explotación de su monopolio gubernativo. La razón es clara: el rey, en su intención de aumentar su riqueza y mantener el valor de sus propiedades personales, dispone de importantes incentivos para autolimitarse en su política fiscal, ya que una fiscalidad más baja y moderada permite, sin duda, una mayor productividad por parte de la población a la que ésta se aplica, incentivándose con ello el desarrollo de una economía más próspera y expansiva. Lo cual, a su vez, tendría como efecto lógico el aumento de la propia riqueza y prosperidad del monarca.

Además, a ello debe unirse el hecho de que tanto el monopolio jurídico (tribunales) como la seguridad y el orden (policía), siguiendo esta misma dinámica, harán respetar con mayor énfasis si cabe el principio de la propiedad privada, disminuyendo con ello los crímenes y aumentando así la seguridad en términos generales. Y es que, a menos crímenes (expropiación a los contribuyentes por parte de otros particulares) mayor margen de expropiación y monopolio impositivo para el monarca, quien no tiene ningún interés en la existencia de ningún tipo de competencia a este respecto. De ahí, el término monopolio fiscal.

A ello, se le debe añadir, además, el hecho de que un monarca no querrá depender exclusivamente de los ingresos fiscales, por lo que se encontrará incentivado para llevar a cabo actividades productivas que le reporten beneficios y ganancias a nivel personal, sin depender por tanto de la fiscalidad tributaria. Es más, al contar con actividades productivas paralelas, se reducirá sustancialmente la necesidad de imponer o subir impuestos, cuyo efecto inmediato sobre la población será sin duda un menor cuestionamiento de su legitimidad, fortaleciéndose con ello la propia institución monárquica.

Por otro lado, al ser el gobierno de titularidad privada, tal propiedad pertenece al patrimonio familiar única y exclusivamente. Tan sólo el rey y su familia, fundamentalmente, participarán de la renta fiscal y del goce de una existencia parasitaria. Ello, estimula sin duda una conciencia de clase en los gobernados, debido a la restricción en la participación del gobierno y el privilegiado estatuto de la familia real. De este modo, se incentiva y promueve, por parte de los gobernados, una oposición y resistencia a cualquier tipo de expansión fiscal o extralimitación gubernamental. Es decir, al existir una clara distinción entre minoría gobernante y mayoría gobernada, se refuerza de un modo intenso y profundo la solidaridad entre los gobernados, pues éstos se reconocen mutuamente como víctimas de las violaciones gubernativas sobre sus particulares derechos de propiedad. Con lo que una especial expansión, extralimitación o exceso en el ejercicio del poder por parte del monarca, pone en serio peligro la delicada legitimidad del gobernante.

Democracia

El mando democrático es, sin embargo, un aparato gubernamental de propiedad pública, ya que se encuentra administrada por magistrados elegidos periódicamente que ni poseen ni son percibidos como poseedores del gobierno, sino que son vistos como fideicomisarios. Sin embargo, en la práctica, tales representantes actúan mediante el ejercicio del mando personal y propiedad privada del gobierno, aunque sólo temporalmente. Por ello, tienden a cometer más excesos en su ejercicio del poder político.

Y ello se debe, fundamentalmente, a que el gobernante democrático no puede enajenar los recursos del Estado ni transferir tales posesiones a su patrimonio particular. La consecuencia que deriva de ello consiste en que sus esfuerzos y atención no se dedican a un intento por maximizar la riqueza total del gobierno, es decir, su capital, sino tan sólo el ingreso corriente del mismo, con lo cual carece de incentivos para disminuir los impuestos. Más bien sucede todo lo contrario, puesto que tenderá a elevarlos, sin que exista además un riesgo real para su patrimonio personal. De este modo, la moderación en democracia tan sólo tiene desventajas, en contra de lo que le ocurría al monarca.

Desaparece también el argumento moderador en relación a la conciencia de clase de los gobernados, pues, en democracia cualquiera puede convertirse, en teoría, en miembro de la clase gobernante, desapareciendo así la insuperable separación entre gobernantes y gobernados. Lo particularmente grave de la conciencia democrática es que se encuentra además fundamentada en el "mito" y la falacia relativa a la creencia de que en democracia nadie tiene que obedecer al otro (autogobierno), ya que todo el mundo se manda a sí mismo. Este delirio ha constituido la creencia de que el paso de la monarquía a la democracia es un progreso, merecedor por tanto de apoyo popular. Sin embargo, tal creencia es la que precisamente consigue debilitar enormemente la resistencia frente al poder del gobierno pues, si bien con la monarquía el pueblo percibe de forma clara y evidente el mal y la opresión gubernamental a través de la expropiación forzosa que lleva a cabo el gobernante, tal expropiación e impuestos no son percibidos de igual forma al ocultarse bajo el velo de la soberanía popular, la elección del gobernante, y el principio de mayoría. El resultado de la práctica democrática no deja duda en este particular ámbito. Tan sólo es necesario remitirse a los datos y a las cifras: los impuestos, el déficit, y el ámbito competencial del Estado han aumentado enormemente bajo la ingenua falacia que ofrece el particular sistema democrático contemporáneo.

Así pues, tendencia a aumentar los impuestos y, por lo tanto, enorme crecimiento del aparato estatal (burocracias y funcionarios) para llevarlo acabo, tendencia al endeudamiento y al déficit (el rey tenía que responder con su patrimonio por todas las deudas contraídas), ya que son deudas públicas, no privadas. La solución al déficit acumulado por todo gobierno democrático es, por tanto, siempre la misma: mayor imposición fiscal o inflación monetaria... No existe otra alternativa.

Por otro lado, y de modo correlativo, ante la perspectiva de mayores cargas fiscales aumenta inevitablemente la preferencia temporal de los gobernados (consumo inmediato, inversiones a corto plazo en lugar de ahorro e inversión a largo plazo) con sus efectos negativos ya descritos.

En cuanto a la ley y orden, mientras que el rey preferirá aplicar el derecho de la propiedad privada preexistente, ya que no crea nuevo derecho y se limita a ocupar una posición privilegiada dentro de un ordenamiento civil vigente al que él también se debe someter; en democracia, sin embargo, lo que abunda es el derecho público como legislación superior, creándose así un derecho positivo (redistribución) a través de su función legislativa, vulnerando y debilitando con ello el derecho privado (derecho negativo, en cuanto a limitación del poder y defensa de derechos individuales fundamentales).

Tal dinámica conlleva al paulatino establecimiento de un Estado de Bienestar cuyas graves consecuencias económicas no son tenidas en cuenta por el gobernante, pues le es totalmente indiferente. Se acrecienta de forma continuada la preferencia temporal de los gobernados y, como consecuencia, se agrava la reducción de la productividad futura.

Por último, recordar someramente los efectos perniciosos de la redistribución: en primer lugar, acrecienta enormemente el grado de incertidumbre jurídica, lo cual aumenta la preferencia temporal; por otro, tan sólo beneficia a los receptores, los que no han producido ni más ni mejores servicios, mientras que empobrece al resto, a los más productivos, a través de la expropiación de bienes. Así pues, al premiar a las personas menos productivas e imprevisoras, lo que se logra precisamente es incentivar ese tipo de comportamientos, ya que ello desincentiva enormemente el esfuerzo por la mejora personal. Se empeora, pues, el problema que se pretende resolver con tales medidas políticas.