05/10/2007 - Alfredo Coll

Ciudadanos sí, gorrones no

Por primera vez en la historia de España, los liberales deberíamos asumir que aquellos que se benefician del mantenimiento de los servicios públicos tendrían que pagar por ellos si los quieren mantener. Existe una clase entera de personas en nuestro país, una subclase, a la que necesitamos reintegrar a los rangos de ciudadanos responsables y no permanecer en la dependencia a coste de los demás contribuyentes.

En España necesitamos un nuevo sistema de financiación local para controlar el gasto público, que cada vez se dispara más a números inaceptables por gobiernos demasiado intervencionistas y socialistas. Por eso mi propuesta sería la eliminación del IBI (un impuesto de contribución) para sustituirlo por un impuesto fijo e igual (tasa por habitante adulto) para todos los residentes adultos de cada localidad. El concepto fundamental detrás de esta propuesta es la transparencia: se trata de que todos tenemos algo que perder con un ayuntamiento que gasta lo que no puede ni debe. Ha llegado el momento de reformar la normativa de las haciendas locales.

Dentro de este sistema, las empresas, que son las que generan el empleo, también pagarían una cantidad fija y mínima, una tarifa especial para aquellas empresas que generen empleo, ya sean multinacionales o PYMES. Con este sistema aumentaría la transparencia y las responsabilidades políticas de aquellos ayuntamientos que gasten en servicios innecesarios. Los impuestos contra la propiedad para financiar los gobiernos locales tienen siglos de historia. Tenían sentido, quizás, cuando los servicios locales estaban destinados para el beneficio de la propiedad: calles, agua, tuberías, gas, etc. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, las autoridades locales también ofrecen servicios públicos como educación, bibliotecas y otros servicios sociales a nivel personal: asesoramiento gratuito a insolventes o inmigrantes, cursos de formación, etc.

Tampoco podemos olvidar que ahora hay más gente que nunca y, al mismo tiempo, más votantes. Antiguamente la mayoría de países occidentales daban el derecho al voto sólo a propietarios mientras que ahora las elecciones locales son casi idénticas a unas generales. En España tenemos millones de ciudadanos que no pagan impuestos o pagan muchísimo menos que otros. Y es que es más fácil cobrarle a la empresa o al propietario honrado que a un okupa que malvive usando todos los servicios que pueda. Sería interesante ver cuánto dinero nos gastamos los ciudadanos contribuyentes cada vez que la Policía Municipal tiene que intervenir para desalojar a todos estos gorrones de profesión.

El sistema actual (el IBI) favorece el oscurantismo político porque realmente no se sabe en qué gastan los ayuntamientos. Un Estado democrático y liberal tiene el deber de iniciar devoluciones de poder a los ayuntamientos y que sean los ciudadanos los que puedan elegir cuánto dinero pueden gastar sus representantes en cada localidad.

No tiene sentido que un propietario que viva solo en Boadilla tenga que pagar el mismo IBI que una familia numerosa en Carabanchel, aunque los metros cuadrados de su vivienda sean idénticos. Lo importante es que esa familia de Carabanchel seguramente generará muchísima más basura que el señor de Boadilla. Por ejemplo: una familia numerosa y de origen inmigrante seguramente alquila su piso y por supuesto, no paga IBI. Sin embargo, sí utilizan muchos servicios sociales: sanidad, educación pública, el transporte, guarderías, asesoramiento, cursos de formación o quizás las cárceles, etc. A los jubilados se les hace descuentos para los servicios públicos en muchas ocasiones y no veo por qué no podemos hacer aumentos a viviendas donde vivan muchas personas que consuman más servicios. El sistema de financiación local actual es absurdo porque se trata de castigar al propietario y no a quien consume lo público y al gorrón.

Es curioso ver que los socialistas de convicción siempre se están quejando del consumismo, cuando son ellos los que precisamente consumen más que nadie, especialmente si lo pueden hacer con el dinero de los demás. Algunos podrán decir que las facturas para algunas familias podrían ser demasiado altas y que esto es inaceptable. Yo comparto la frustración que sienten los críticos, pero hay que ser contundentes: el problema no es cómo se financia el gobierno local, sino la cantidad que se está gastando. Cualquier persona sabe perfectamente que si algo cuesta 300 euros no se puede pagar con 150.

Nuestra lucha contra el socialismo nunca ha sido únicamente sobre filosofía económica sino sobre los valores que rigen nuestra vida. El socialismo es un credo estatal que no cuenta con las personas. Al contrario, solo las ve como material que hay que amoldar. Los liberales pensamos diferente, creemos en los individuos, en los millones de ciudadanos que pagan con lo que realmente ganan, y no con lo que otros ganan.