09/01/2008 - Berta García Faet

La batalla por el espacio público

Esta semana, a raíz de la multitudinaria concentración "en defensa de la familia cristiana" en la madrileña Plaza de Colón el pasado día 30, hemos asistido al enésimo conflicto entre las dos Españas, atemporales, desperdigadas y cabezotas, cada una intentando meter en cintura a la otra, convencidas ambas de que sus respectivos modelos de vida son los correctos y que, por tanto, deben "protegerse" (o sea, pagarse con el dinero ajeno). Cómico y deprimente: la una, rezongando por "legislaciones inicuas" impuestas por un Gobierno "laico y ateo, que nos quiere hacer creer que la nave de nuestra vida no va a ningún sitio: pues sí va, va al Cielo"; la otra, espetando que los organizadores de la concentración "tienen dos opciones: o presentarse a las elecciones o mantenerse al margen de la política".

Lo curioso es que tanto los obispos y las asociaciones católicas como el PSOE han protagonizado febriles apelaciones a la libertad individual (y es que, por mucho que nos critiquen, el argumento de la libertad es de lo más socorrido): los primeros han denunciado la intromisión que supone la Educación para la Ciudadanía en el derecho inalienable de los padres a la elección de la moral de sus hijos (y han aprovechado para criticar también el matrimonio homosexual y el divorcio express, porque "la cultura del laicismo es un fraude y un engaño, no construye nada, sólo desesperanza"); los segundos, insisten en la imparcialidad de la asignatura y en que "la fortaleza de la democracia consiste en la garantía de la convivencia de opciones" ya que "en un régimen de libertades, la fe no se legisla".

Palabras preciosas, sin duda. Casi me convencen, los dos. Porque me gusta el catolicismo, pero a la vez acepto que no todos tienen que compartir mis preferencias. ¿Cómo salimos de este callejón de retórica tramposa? ¿Quién argumenta mejor conforme al principio de libertad individual?

Como es obvio para cualquier liberal, el conflicto es irresoluble en tanto que ambos bandos tienen el único propósito de ser ellos, y sólo ellos, los que diseñen el marco de las políticas públicas: no en vano son asociaciones de intereses y de presión, sujetos a la lógica de la acción colectiva. Que sea un grupo u otro el que se haga con la posición pivotal es irrelevante, y seguramente transitorio.

Así que ¿no hay solución para tanto contraste? Sí la hay, pero hay que buscarla allí donde la crème de la crème de la intelectualidad postmoderna ha decidido colgar el cartelito de "escándalo": se llama liberalismo.

La única solución justa y efectiva a una sociedad en la que cohabitan corrientes tan contrarias, tan enemigas, tan irreconciliables y de sendas vocaciones evangelizadoras no es ni más ni menos que la completa privatización, la contracción máxima del espacio público, primer y último refugio de los moralistas incurables. La solución no es anularlas ni suavizarlas sino delimitar correctamente el espacio por el que pueden moverse: el suyo propio.

Porque, no nos engañemos, nunca llueve a gusto de todos en el espacio público, que sólo puede ser sinónimo de conflicto y marginación, tal y como lo expresa Rothbard: "En tanto que servicio gubernamental significa servicio decidido por sólo unos, acaba significando servicio uniforme. Los deseos de todos aquellos a los que, directa o indirectamente, se les obliga a pagar por los servicios públicos no pueden satisfacerse. El resultado es que la empresa gubernamental crea enormes conflictos de casta entre los ciudadanos, cada uno de los cuales tiene una idea diferente sobre lo que es el mejor servicio."

¿Quién escribe las reglas del juego en el espacio público? ¿La mayoría, que estadísticamente son los católicos, o las élites iluminadas, los laicistas, en un intento de dotar al espacio público de "neutralidad"? Realmente, la teoría subjetiva del valor demuestra que la célebre neutralidad, imparcialidad u objetividad de los espacios públicos es una quimera inocentona: el laicismo no es un punto de partida ni un marco inexpresivo, incoloro e insípido, sino una moral y una opción tan concreta como cualquier otra. Y si alguien tiene alguna duda sobre este punto, no tiene más que echar un vistazo a los libros de texto de Educación para la Ciudadanía: no sólo está sesgada moralmente, sino también ética, filosófica y, por supuesto, políticamente.

Muchos serían más felices si todo el mundo pensara como ellos. Pero no cuela: ni exponer las virtudes de la familia cristiana en base a la naturaleza o la tradición, admitiendo abiertamente que se está tratando de "evangelizar" el espacio público (incluso conformando una policy network, en términos pluralistas, que no son más que favores, aunque con cierto sentido sociológico e histórico: los colegios concertados), ni exponer las virtudes de "todas las familias" sin admitir que eso también es evangelización.

Exponer, persuadir y debatir en un marco de modelos privados o en un contexto de políticas públicas son cosas muy diferentes. Y me temo que, tal y como explicaba Antonio Golmar, esta explosión de manifestaciones y declaraciones contrapuestas de la sociedad civil (mal que le pese a José Blanco, la Iglesia también es sociedad civil, y como tal no tiene por qué presentarse a las elecciones), esta "superpolitización" tan alejada del ideal cívico de Almond y Verba, no es un signo de riqueza, de variedad, de lucha intelectual entre titanes cosmológicos sino, por el contrario, una expresión más de la enfermedad de los liberticidas: esa ansia tan española, tan de cruzada, tan platónica, tan salvapatrias, que es el afán de homogeneización.