07/03/2008 - María Blanco

El affaire Liechtenstein y la defensa de la libertad

La Unión Europea anda revuelta. Frau Merkel ha dado la señal de alarma y todos los gobiernos se apresuran a armarse contra la plaga que apolilla su poder: el fraude fiscal. ¿Quién ha sido el culpable de esta alarma colectiva? Otro Estado: el principado de Liechtenstein.

El origen se remonta a la noticia aparecida en algunos medios que explicaba que el Gobierno alemán ha pagado a un estafador profesional a cambio de información bancaria robada a un Estado vecino: Liechtenstein. Al parecer Frau Merkel no entiende la indignación del principado de ese país. Tanto el príncipe Hans-Adam II, como el heredero, su hijo Alois, se han apresurado a salir en defensa de la libertad de sus 35.000 ciudadanos. Para ambos, robar información es ilegal. Para nuestra legislación también, como dejaba claro la semana pasada Expansión: "La Ley Orgánica del Poder Judicial dice claramente que 'no surtirán efectos las pruebas obtenidas de forma ilícita, vulnerando derechos y libertades fundamentales'."

La evasión de impuestos en Alemania es importante, como lo es en los demás países involucrados (Francia, Suiza, España, Nueva Zelanda, Italia, Canadá, Reino Unido, Australia y Estados Unidos). La transmisión de la información ha sido inmediata, hay que ponerse manos a la obra y denigrar a quien se atreve a desafiar la injerencia del Gobierno alemán en las instituciones que están fuera de su alcance. No sorprende esa actitud airada de un Gobierno que puede acceder a los datos bancarios de sus ciudadanos (sin autorización previa de un juez) y además, puede hacerlo sin que el incauto súbdito sepa en qué momento le van a fisgar las cuentas. Tampoco sorprende que la gente se lleve sus dineros fuera de Alemania si tenemos en cuenta que, de acuerdo con el informe de la Fundación Heritage, el impuesto sobre la renta tiene un tipo máximo de 45% (más un 5,5% en concepto de "carga solidaria extra" que lo eleva al 47,5%) y que el tipo impositivo efectivo en el impuesto de sociedades puede rondar el 39%. Hay que añadir el IVA que oscila entre el 13 y el 20%. Mientras la recaudación supone un 34,7% del Producto Interior Bruto, el gasto del Gobierno representa un 46,9% del PIB. ¿Cómo no van a querer los ahorradores sacar el dinero ganado honradamente fuera de sus fronteras?

Sin embargo, tanto Frau Merkel como el resto de los dirigentes de los países afectados, han puesto el grito en el cielo reclamando que la Unión Europea tome medidas, cambie sus normas... ¡que haga algo! Y es que la propia Merkel no puede evitar el coladero de gente que decide llevarse sus ahorros antes de que se lo quite el Gobierno.

Como declaró el príncipe heredero, Alois de Liechtenstein, el pasado 19 de febrero en rueda de prensa, la Unión Europea ya tiene sus mecanismos de colaboración para luchar contra el fraude, y su principado ha firmado y cumple esos acuerdos. No solamente eso, es que Liechtenstein dispone de una policía específica para prevenir los delitos financieros desde antes que la propia Alemania. Pero, además, el príncipe heredero plantea cuestiones espinosas que Alemania no ha contestado. Como, por ejemplo, si un Estado "amigo" puede violar las leyes de otro Estado "amigo" (e incluso sus propias leyes) para conseguir datos y si un Estado puede acusar a sus ciudadanos antes de que un juez haya dictado sentencia. Pero, además, deja claro que Alemania no puede saltarse el derecho internacional por más líder europeo que quiera ser. Sobre todo cuando ese liderazgo cuestiona the rule of law de otro Estado.

Este término, mal traducido al castellano, como explica Pedro Schwartz en su libro En busca de Montesquieu, no significa estado de derecho sino soberanía de la ley. La diferencia está en que no basta con que un mandato adopte forma de ley para que impere en un Estado, esa ley ha de cumplir unos requisitos (ser universal, etc.). Las necesidades fiscales de un Gobierno sobredimensionado, por más que estén recogidas en una ley, no pueden imponerse, y menos a otro Estado tan soberano como el primero y con sus propias leyes. Y mucho más, tal y como apunta el príncipe Alois, cuando se trata de uno de los Estados más pequeños de Europa (apenas 160 km²) y las maneras de los mandatarios alemanes son de grandullón de patio del colegio.

Por supuesto que los opositores coetáneos se han unido a las voces de quienes tratan de ensombrecer la imagen de la familia real de Liechtenstein con el único argumento de la falta de vehemencia habitual de Alois, lo que demostraría sin lugar a dudas que ha sido el padre quien le ha instado a excederse y que todo ello pone de manifiesto la dependencia paterna. Estas críticas tan cogidas por los pelos y carentes de sustancia no hacen sino darle más relevancia al papel de las declaraciones en defensa de la libertad del príncipe heredero.

Por otro lado, las declaraciones de los súbditos anónimos contradicen este aluvión de críticas y presentan a una población encantada de tener un cabeza de Estado que defienda su independencia frente a las grandes potencias vecinas y, sobre todo, su libertad.