14/07/2005 - Antonio Mascaró Rotger

Soluciones urbanas liberales

El gran divulgador del liberalismo, Michael Gilson de Lemos, suele decir que antes de preguntarnos si una determinada solución liberal podría funcionar debemos enterarnos de si ya se ha aplicado o se está aplicando en algún lugar. Y en el campo de la organización urbana esto es especialmente cierto. Desde el alumbrado público, el alcantarillado y la recogida de basura hasta la policía y la educación, existe un sinfín de casos en los que la sociedad civil se ha organizado para ofrecer de manera ágil y eficiente servicios que suelen reservarse irreflexivamente a las Administraciones Públicas.

Cuando la Revolución Industrial produjo su primera explosión demográfica en el Reino Unido, muchos terratenientes descubrieron que les resultaba provechoso vender sus tierras a quienes querían construirse un hogar. Otros beneficios podían conseguirse construyendo edificios en sus propiedades para después venderlos o alquilarlos. Y aunque no estaban obligados legalmente a ofrecer ningún tipo de servicio público, la enorme competencia entre los terratenientes les empujó a ofrecer, junto con los edificios, otros servicios que hicieran aumentar el valor de sus propiedades. Según ha estudiado Stephen Davies, fue así como aparecieron calles, aceras, cloacas y alumbrado cuya financiación y gestión corría íntegramente a cargo del libre mercado. A medida que este mercado fue desarrollándose, se incorporaron nuevos servicios como la estética, la protección contra incendios e incluso la asistencia sanitaria. Todo esto no sólo producía beneficios a los terratenientes mientras satisfacía las necesidades de los consumidores de todas las clases sino que permitía una enorme flexibilidad en la provisión de estos servicios.

No importa lo frívolo o caro que pueda resultar un determinado servicio, si se respetan los derechos de propiedad sobre los que opera y se deja, por lo demás, libertad para contratar los servicios, el mercado podrá ofrecerlo. Según un estudio de Sugg y Kreuter, en Zimbabwe, por poner un ejemplo rural, se ha conseguido en la última década proteger a los elefantes con el simple reconocimiento del derecho de propiedad sobre ellos. En cambio, se consideran una especie en peligro ahí donde no se reconoce este derecho.

Otro caso curioso es el de las carreteras de peaje en la Norteamérica de hace siglo y medio que ha estudiado Daniel Klein. Incluso soportando pérdidas, las organizaciones privadas construyeron millares de millas de estas carreteras. En parte porque el gobierno no lo hacía y en parte porque eran muy útiles para los otros negocios de sus propietarios. Es decir, tomadas individualmente podían resultar un negocio ruinoso pero su servicio mejoraba sustancialmente el resultado de otros negocios.

Como ha explicado David T. Beito, cuando el gobierno británico obligó a sus ciudadanos, en 1911, a financiar los seguros sociales, nueve millones de súbditos ya estaban disfrutando de los servicios que ofrecían las compañías privadas de seguros asistenciales. La pertenencia a estas llamadas “sociedades amistosas” era estrictamente voluntaria aunque sus miembros se preocupaban muy mucho de expulsar a aquellos cuyo comportamiento era inadecuado. Obrando así se aseguraban de que la ayuda fuese a quien realmente la necesitaba y de esta manera se mantenía la confianza en el sistema. Todo esto creaba unos estrechos lazos entre los miembros que dificultaban la perniciosa dependencia a la asistencia que tanto caracteriza a los programas gubernamentales.

En resumen, no hace falta recurrir a pintorescas teorías sobre la impensable privatización de ciertos servicios públicos, basta con estudiar con detenimiento los resultados que se obtuvieron allí donde se aplicó.