21/04/2008 - Manuel Llamas

La extensión del foralismo en España

En su trabajo Naciones por consentimiento. Descomponiendo el Estado-Nación, Rothbard asegura que un mayor número de nuevas naciones, de tamaño por tanto más reducido, puede incluso favorecer el desarrollo del libre mercado, ya que el poder estatal quedaría contrarrestado a través de la competencia administrativa proveniente de otras entidades políticas en competencia directa. ¿Pero se traduce de algún modo esto en la práctica?

Bien, echemos un vistazo al índice de libertad económica que elabora anualmente la Fundación Heritage, que analiza 157 países de todo el mundo. En la edición de 2008, recientemente publicada, observamos que los modelos federalistas y secesionistas ocupan los primeros puestos de la tabla. El ranking lo lidera nuevamente Hong Kong, seguido de Singapur. El tercer puesto es ocupado por Irlanda, constituido como país independiente del Reino Unido en la primera mitad del siglo XX, mientras que el cuarto y quinto puesto son ocupados por Australia y EE.UU, respectivamente, ambos con sistemas políticos federales. Es más, el modelo federal de Canadá (puesto 7) y el cantonés de Suiza (9), superan incluso en libertad económica a la avanzada economía liberal de Reino Unido. España se sitúa en el puesto 31 del ranking. ¿Casualidad? Lo dudo.

Mientras, en España, las comunidades autónomas gestionan ya más recursos que el propio Estado en materia de gasto. Así, el gasto público regional, en cuanto a operaciones no financieras, aumentará de media un 6,03% en 2008, hasta alcanzar los 164.396 millones de euros. Esto supone un 7,76% más que el gasto que contempla los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio: 152.560 millones. Sin, duda, se dirá que tal proceso también se está traduciendo en una regresión de las libertades individuales y en el auge de nuevas trabas administrativas y fiscales al libre mercado en ciertas comunidades autónomas. Y no les falta razón. Sin embargo, observo más oportunidades que desventajas.

La descentralización conlleva el auge de entidades administrativas con capacidad autónoma, aunque de momento limitada, para establecer sus propios marcos y normas regulatorias dentro del propio Estado nacional, fomentando con ello la competencia fiscal y económica entre los diversos territorios que lo constituyen.  A este respecto, destaca la Comunidad de Madrid como referente obligado para el resto de regiones a la hora de fijar sus respectivas políticas fiscales. Desde su llegada al poder en 2003, la presidenta regional Esperanza Aguirre ha provocado un efecto arrastre en la eliminación de determinados impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, que tras la rebaja en esta región ha terminado siendo eliminado por el Gobierno nacional del PSOE, contradiciendo su supuesta ideología progresista.

Según los últimos datos oficiales, los vascos disponen de una PIB per cápita de 30.600 euros, duplicando casi la de los extremeños y andaluces. Le siguen Madrid (29.900) y Navarra (29.500). Por el contrario, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, receptores netos de los recursos tributarios de las comunidades autónomas más ricas, siguen ocupando los puestos de cola en este ámbito. Su PIB per cápita sigue siendo inferior al 80% del PIB per cápita medio español (situado en 23.396 euros). Es más, la diferencia entre regiones ricas y pobres se ha ampliado el pasado año, poniendo en evidencia algo que la Escuela Austriaca viene demostrando desde sus inicios: la redistribución de los recursos no genera en ningún caso riqueza ni capital, tan sólo dependencia e ineficiencias económicas.

Así pues, la descentralización política y administrativa, que tantos insisten en criticar, lejos de suponer un peligro o riesgo, acentúa dos esferas básicas de la praxis política. Por un lado, la autoridad de los gobiernos locales y regionales, lo cual implica el acercamiento de la administración a los ciudadanos, en términos de eficiencia, accesibilidad y comprensión. Pero también, en cuanto a la posibilidad de ejercer un control más férreo y directo de la gestión pública por parte de los individuos, ya que la decisión de aumentar impuestos es mucho más perceptible.

Por otro, al competir más estrechamente, con entes descentralizados similares, el Gobierno regional pondrá énfasis y esfuerzo en el desarrollo y mantenimiento de políticas públicas claramente tendentes a mejorar los niveles de desarrollo y crecimiento económico puesto que, de no seguir tal dinámica, su población emigraría a contextos más favorables para sus intereses particulares, votando con los pies.

Desde mi punto de vista, asistimos a una oportunidad histórica para el tránsito del estado autonómico a un estado federal. Y más aún para la posible consolidación en el futuro de un modelo netamente foral (ya sea de regiones o de provincias) en el que las distintas comunidades administrativas dispongan de plena autonomía tributaria bajo el principio de libre consentimiento. De este modo, se abre una puerta a la configuración de un Estado central mínimo que se alimentaría de las aportaciones voluntarias de cada entidad política, bajo la férrea y cercana supervisión de sus respectivos contribuyentes.

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