25/07/2005 - Albert Esplugas Boter

Los pobres en una sociedad libre

Cuando uno defiende la no-intervención del Estado en una discusión tarde o temprano debe enfrentarse a la sempiterna pregunta, a menudo lanzada en clave sumaria y aderezada con acusaciones de egoísmo e insensibilidad: “pero si el Estado no garantiza unos mínimos, ¿qué sucederá con los más pobres?”

Ante todo, el liberalismo no es una teoría moral, sino una teoría de la justicia, y en cuanto tal versa únicamente sobre el uso legítimo de la violencia. Al denunciar la redistribución de la riqueza y los “derechos” sociales no estamos diciendo nada acerca de las bondades o perjuicios de la generosidad o la solidaridad, sino señalando lo injusto de confiscar la propiedad de unos para beneficio de otros, de forzar a unos a servir a otros. El liberalismo proscribe el robo, en absoluto le corresponde decir a los hombres si deben ser egoístas o altruistas.

Dicho esto, como apunta Roderick Long, “una persona hambrienta necesita algo para comer, y uno no puede comer un derecho a la comida. En base a la generosidad y a la compasión, por tanto, un sistema que garantice un derecho a la comida pero no sea muy exitoso proveyendo comida, seguramente sea menos deseable que un sistema que suministre comida de forma sostenida pero no reconozca ningún derecho a la comida”. Y es el mercado, y no el Estado, el que mejor nos alimenta a todos. La solución a la pobreza no pasa por las medidas socialistas que convierten en pobres a los que no lo eran e impiden a los pobres dejar de serlo.

Un apunte previo: si ningún individuo en una sociedad libre está dispuesto a socorrer al pobre éste padecerá hambre, pero en un contexto estatista el político, sin el más mínimo apoyo social, no hará absolutamente nada en favor del necesitado. En caso de que la mayoría de ciudadanos rechace ayudar al pobre, el político tampoco hará nada, pero la minoría solidaria todavía puede alimentarle mediante la iniciativa privada. Y en caso de que la mayoría sea solidaria, el político asistirá a los pobres, pero la ciudadanía por sí misma les hubiera ayudado igualmente. Conclusión: el político sobra.

En una sociedad libre no habría leyes de salario mínimo o regulaciones laborales que al elevar los costes de contratación condenan al paro a una parte de la población. No se requerirían permisos para empezar un negocio ni se emitirían licencias que restringen la competencia y encarecen los servicios (la sanidad, por ejemplo). El precio de la vivienda, de la energía, de la comida... caería si el Estado no interfiriera en estos sectores, lo que beneficiaría a las capas más humildes. Los efectos asimétricos de la expansión crediticia que afectan especialmente a los pobres (pues asumen precios más altos antes de que hayan subido sus salarios) no tendrían lugar si hubiera libertad monetaria. Por otro lado, la caridad privada es mucho más eficiente que la pública, pues los donantes pueden retirar la confianza a las organizaciones que juzgan incompetentes, mientras que el Estado se nutre coactivamente y carece de incentivos para proceder con eficacia y honradez. Además, como consecuencia de una mayor prosperidad y empleo y una tasa menor o inexistente de impuestos, la gente poseería más dinero para efectuar donaciones.

En una sociedad libre, por tanto, habría menos pobres, la caridad llegaría a su destino en una mayor proporción y la gente dispondría de más dinero para donar a beneficencia. Así en una discusión quizás debamos ser nosotros los que preguntemos: “en ausencia de una irrestricta libertad de mercado, ¿qué sucede con los pobres?”