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Portada - Comentarios - La desesperanza urbanística de Madrid

24/05/2008 - Gonzalo Melián

La desesperanza urbanística de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, nos dio a conocer en la pasada campaña electoral madrileña su propuesta en materia de urbanismo durante un encuentro en el Foro ABC; posteriormente, la reafirmó tras su reelección en la entrevista concedida a Libertad Digital Televisión, realizada por Federico Jiménez Losantos. La propuesta fue la siguiente: limitar, por ley la densidad de edificación en zonas residenciales de nueva construcción poniendo como tope en los futuros desarrollos la construcción de tres plantas más ático. La presidenta de la CAM afirmó que, de esta manera, se eliminará además la especulación.

En esta propuesta existen dos errores intrínsecos. El primero es que la Comunidad de Madrid ya tiene limitada por ley la densidad máxima posible en un suelo por desarrollar, puesto que, como la desastrosa Ley 9/2001 de Suelo de Alberto Ruiz-Gallardón no hizo alusión alguna a dicha densidad, pasa a ser de aplicación el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976. Ésta dicta como densidad máxima la arbitraria cantidad de 75 viviendas por hectárea. El segundo error es producto de la falta de conocimientos de la señora Aguirre, ya sea porque no ha leído la Ley 9/2001 o no la ha entendido (o, como es lógico, no la ha puesto en práctica nunca en el ejercicio profesional). Esta ley establece unas arbitrarias y exageradas reservas de suelo en cada sector de desarrollo en función de la edificabilidad para infraestructuras, equipamientos y zonas verdes, por tanto resulta casi imposible introducir una edificabilidad superior a 0,6 m2 edificables por m2 de suelo. De esta manera queda delimitada por ley una edificabilidad máxima que, si se distribuye de manera homogénea en el suelo a desarrollar, daría como resultado edificios de planta baja más tres plantas más ático, o planta baja más cuatro plantas más ático (tales tamaños de edificación son curiosamente similares a los propuestos por Aguirre, y a los desastrosos desarrollos urbanísticos construidos durante la década de 1980 en el sur de Madrid, criticados en la Asamblea de Madrid por la señora Aguirre).

Por otro lado, anunciar que con la delimitación de las alturas se va a eliminar la especulación demuestra no entender nada. En primer lugar, porque lo importante no son las alturas sino la cantidad de edificabilidad a realizar en un sector de desarrollo (o lo que es lo mismo, los metros cuadrados de edificación que se pueden construir y que, hoy en día, se encuentran limitados por ley, lo cual tampoco ha servido para nada). Por tanto a un empresario le da exactamente igual hacer 1, 2 ó 300 alturas en su suelo, puesto que lo que le preocupa es cuántos metros cuadrados puede construir. En segundo lugar, la especulación con base en la actividad política, fuente de toda corrupción y de una mayor tendencia inflacionista de los precios, es producto precisamente del sistema actual que, como hemos tratado de explicar, coincide con el propuesto por doña Esperanza.

A esta errónea propuesta la autora le sumó explicaciones como las siguientes: lo que se pretende realizar con esta propuesta es "un urbanismo renovador y más humano", en donde los habitantes "no tengan que residir en moles de hormigón de 12 ó 14 plantas"; "limitar la densidad de población, porque los madrileños quieren ciudades menos densas y más amplias, con más espacios abiertos y con más zonas verdes, quieren que el sol entre todas las mañanas por sus ventanas". Por último, eso sí, se permitirán "rascacielos o edificios emblemáticos" que "enriquezcan el patrimonio arquitectónico y cultural".

En primer lugar, dicha propuesta no tiene nada de urbanismo renovador por lo expuesto anteriormente, y supone una inyección más de intervención pública con la intención de solucionar el problema del urbanismo español, que es corrupto y desastroso precisamente por tratarse de un sistema intervenido de tipo soviético. En cuanto a lo de más humano, no merece comentario por tratarse de populismo barato, impropio de una persona de su talla política. También quiero decirle, señora presidenta, que vivir en edificios de 12 ó 14 plantas no es sinónimo de mala calidad de vida, como demuestran los magníficos nuevos crecimientos urbanos de Dubai, con edificios de más de 40 plantas.

Por otro lado, esperemos que limitar la densidad de población se refiera a crear modelos de ciudad con crecimientos urbanos de baja densidad únicamente (¿o es que pretende empezar a echar gente de la Comunidad de Madrid?). En cualquier caso se presenta el siguiente problema: con un territorio como el de Madrid, en el que una gran parte del suelo se encuentra protegido, y un crecimiento en población como el que está experimentando esta región, ¿qué sucederá cuando se haya urbanizado todo el suelo no protegido con edificios de planta baja más 3? ¿Se añadirán una o dos plantas más a cada edificio o se prohibirá la entrada de más habitantes en Madrid? Ah, claro, se me olvidaba que se permitirán rascacielos o edificios emblemáticos,los cuales, indudablemente, decidirán los especuladores políticos de turno dónde deben ir y qué forma deben tener según sus gustos particulares. Eso sí: nos mostrarán a todos los ciudadanos en una exposición pública el diseño de la nueva intervención urbana que supuestamente enriquece el patrimonio arquitectónico y cultural y, de paso, nos engañarán con esa falacia propia de los urbanistas comunistas (que llevan haciendo lo que les place en España desde el año 1956) del urbanismo participativo y democrático.

Señora presidenta, le informo que la Comunidad Autónoma de Madrid (al igual que el resto de España) posee un sistema urbanístico soviético, en el cual los derechos de desarrollo del suelo se encuentran nacionalizados y la asignación de los usos del suelo se encuentra monopolizada por la administración pública. Así que si quiere verdaderamente hacer algo para solucionar el problema de la corrupción urbanística y la continua corriente inflacionista de los precios de la vivienda, devuelva los derechos de desarrollo del suelo a los propietarios para que pueda existir mercado y éste sirva para coordinar el territorio y las ciudades, y además desmonopolice la asignación de los usos del suelo por parte de la administración pública para eliminar la especulación política. No me cansaré de repetir que es este tipo de especulación inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo el que causa la corrupción y su fomento. Por último, ¿conoce a mucha gente que no quisiera vivir en Nueva York en algún momento de su vida?

 

Opinión de los lectores

emilio

Estoy de acuerdo contigo Gonzalo, en el fondo de la cuestión, no tanto en otras cuestiones no capitales. El gran problema del sector inmobiliario es la regulación por parte de la administración, como bien dices, hay que especificar por tal a las autonómicas y corporaciones locales (ayuntamientos), que no difiere en la práctica de lo gestionado en la extinta unión soviética (plan quiquenal), de la materia prima de las viviendas: el suelo. Este sector tan importante para los ciudadanos no se regula por las normas del mercado, es el Estado quién las fija. Frente a esto no cabe sino la liberalización total del suelo, regulando mediante ley sólo el que ha de ser protegido, parques naturales y nacionales, y otros de interés público. Recuerda que el primer gobierno de Aznar fué lo primero que legisló, que liberaba por completo el suelo en su revolucionaria Ley de Suelo, que fué recurrida por Castilla la Mancha (Bono, quié si no) y abolida por sentencia del Supremo recientemente tras un largo periplo judicial, que le niega al Gobierno de la Nación en competencia en materia de regulación del Suelo (situación peligrosa pues va a permitir 17 normas en materia tan sensible, sino quieres arroz ración doble). La administración de intervenir, no obstante y en ello descrepo contigo, en la regulación técnica de las viviendas en factores que afectan sobre todo a la calidad y habiltabilidad. Dentro de esta regulación cabe intervenir en la altura de las viviendas, porque nó, no creo que ello genere "deseperanza". El estado también aprueba numerosa legislación técnica en el sector del automóvil, sin que ello interfiera en la libertad del Mercado. Deberá vigilarse, por último, y esto es tan fundamental como la propia liberalización del suelo, que la intervención de la administración en la regulación técnica sobre las viivendas no ahogue el sector: a causa de Incremento ínnumere de agencias técnicas; o po la prolongación injustificada del periódo en la concesión de licencias que suponen una carga financiera y que inmovliza recursos necesarios no productivos que recaen sobre el comprador final en el precio de la vivienda (el alcalde de Madrid ha tenido una propuesta brillante para ello, dudo que tenga el valor político de llevarla a cabo: privatizar la gestión de las licencias y crear la figura del certificado urbanístico, que asegura la concesión de licencias en el plaza de un mes); cuantía de las taxas, gastos registrales y notariales, etc, que suponen el 20% del valor total de los inmuebles a lo largo del proceso y que no son sino, en la práctica, un impuesto indirecto sobre el último consumidor.

Imperialista

Convendría que aclarara algunas cuestiones de su escrito. La primera de ellas la de la limitación de la densidad máxima de viviendas por hectárea -75- que son sobre hectáreas brutas, descontados los sistemas generales. O sea, 75 viviendas por cada 10.000 metros calificados. O sea, tomando dimensiones estándar 75 x 100 metros construidos, 7.500 metros cuadrados por cada 10.000 metros de suelo, lo que no está nada mal.
La segunda, la edificabilidad a que usted hace referencia vuelve a ser sobre hectárea bruta de suelo calificado, o sea 6000 m² de cada 10000 m², lo cual no esá nada mal. La correlación con el número de plantas resultantes es simplemente falsa: uno puede distribuir esos 6000 m² de manera teórica como le venga en gana.
Pero estará de acuerdo conmigo en que habrá que hacer al menos calles -de equipamientos y zonas verdes ni hablamos, que el mercado no cubre esa demanda- con lo que habrá que mover esa edificabilidad a donde sí se pueda materializar, de ahí que salgan más de tres y más de cuatro alturas. La seño está pensando en Pozuelo de Alarcón para su modelo de ciudad.
Por cierto, no es 0,6 m²/m² sino o,47 m²/m²: por cada m² construido hay que destinar a suelo público 1,1 m² según la legislación madrileña.

jcha

Muy bien tratado. Por desgracia en este país urbanismo y planeamiento, salvo contadas excepciones en las que te incluyo, solo saben los que juegan con la norma, vía corrupción, para llenarse los bolsillos a costa del intervencionismo. Aguirre tiene competencias y capacidad para liberalizar el suelo madrileño sentando así un precedente de lo que puede conseguirse con un sistema menos "soviético" que el actual. Llevaba razón HS, la medida de limitar alturas, aparte de ilusa y propia de quien desconoce el actual estado de la regulación, es cuanto menos, Estalinista.
Saludos y felicidades por tu presentación de ayer.

Bastiat

Sinceramente un poco decepcionado.

Si efectivamente toda regulación pone de parte de la administración, el político de turno, la capacidad de decidir sobre los bienes de los ciudadanos, alterando lo que es el derecho de propiedad hasta límites difícilmente tolerables, no es menos cierto que la cosa pública debe estar regulada de alguna manera. No es que esté a favor del intervencionismo por el intervencionismo pero no creo que sea de recibo el pensar que las calles que comunican a las propiedades privadas entre si vayan a aparecer como por ensalmo y que vayan a ser gestionadas de manera espontánea simplemente con que los liberales lo deseemos. Por tanto, asumir ciertas deficiencias en la regulación espontánea nos acercará un poco a la realidad imperante en el suelo, y poner los pies en la tierra, y en este caso nunca mejor dicho, no nos vendría mal.

Y digo un poco decepcionado porque si bien la crítica, aunque no la desaforada, está bien traída, lo razonable sería el que se pudiera dar alguna alternativa que no sea el Laissez Faire que es lo que parece que al final queda.

Como digo las calles tienen que existir, la regulación es, con sus límites, razonable.

Otra cosa es quién está capacitado para ejercer la regulación. Para mi, que entiendo que la cosa pública en el caso de los terrenos, las tierras, debe recaer su regulación en los ayuntamientos, si tienen que existir líneas en el suelo, los términos municipales es el único entendible aun con alguna reserva, no comprendo cómo la regulación de lo que el pueblo de Miraflores de la Sierra tiene que estar sometida su regulación urbanística por lo que piensen los de Perales de Tajuña en conjunción con los de otros. ¿Es que los de Miraflores no son los primeros interesados en lo que pase en sus calles y plazas y no son los más capacitados para decidir sobre ello?

Por tanto, si regulación ha de haber yo creo que es el municipio el que tiene que establecer las normas que crea oportunas para cada pueblo. La competencia entre ellos llevará a establecer cual es el mejor de todos.

Pero evidentemente el problema no queda ahí. La cuestión es cómo se realiza la toma de decisiones y qué garantía jurídica existe para que esa decisión sobre algo tan fundamental como la ordenación del territorio no quede en manos de unos pocos sino que toda decisión que se tome tenga el mayor apoyo popular posible y que las decisiones particulares, detalladas, sean lo más objetivas posibles, es decir, establecer normas de actuación mínimas y no sometidas a evaluación para cada caso por parte del político de turno. Creo que entonces ahí si, es dónde hemos de pensar, con los pies en la tierra, qué posibilidades hay para que la ley garantice los derechos de propiedad y que la ordenación del territorio no sea cosa de unos cuantos…

A pensar!!

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