03/06/2008 - Juan Morillo Bentué

Sobre la gestión de nuestra incertidumbre (y nuestras vidas)

Una implicación fundamental de la existencia de la acción humana es la incertidumbre inerradicable del futuro. El ser humano actúa para modificar el presente y conseguir sus objetivos en el futuro. Por tanto, la acción presupone la incertidumbre, porque si los actores conociesen los eventos del futuro no actuarían, ya que no podrían aspirar a cambiar situaciones futuras. El futuro está por hacer, pero es incierto, y su desconocimiento nos causa inquietud y desamparo.

Pues bien, la pregunta clave que debemos contestar es: ¿quién gestiona nuestra incertidumbre? Dicho de otra manera, ¿quién nos proporciona los mecanismos para afrontar este futuro desconocido inquietante? Sólo hay dos respuestas posibles a esta pregunta: el Estado o el mercado.

El Estado del Bienestar supone un continuo y progresivo avanceen cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida. Representa la más espectacular expansión del poder político sobre las vidas y los intereses de los ciudadanos. Instintivamente tiende a expandirse, acaparar más funciones, concentrar más poder y expoliar más dinero a los ciudadanos. Este énfasis regulador y expansionista se traduce en que es el hipertrofiado Leviatán pilotado por los políticos de turno el que se ocupa de nuestro futuro. En su afán de cuidarnos desde la cuna hasta la tumba, el Estado se ha adueñado ilegítimamente del papel de eliminar nuestras incertidumbres.

Así, solemos creer que es función y tarea del Estado el garantizarnos la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro. Además, creemos que lo consigue, que lo hace sin perjudicarnos, que los únicos efectos que tiene su intervención son la seguridad y la estabilidad y que, por tanto, nos tiene que gustar y debemos dar gracias por ello.

¿Cuál es el argumento que utiliza el Estado Nodriza para legitimar su acción abastecedora de servicios? Que el Estado interviene porque la sociedad no es capaz de solucionar y cubrir unas determinadas necesidades. Cualquiera que cuestione este hecho será considerado como un ignorante y un radical. Y sin embargo, el mercado puede ofrecer una solución a todos estos problemas.

Hay quien afirma que lo que ofrece el Estado no está sujeto al análisis económico. Pero la aplicación de la teoría económica sólo requiere medios escasos y fines alternativos. Además, la teoría económica explica la conducta humana teniendo en cuenta cómo reaccionan las personas a los incentivos y a las restricciones. Veamos un ejemplo. ¿Cómo afronta un trabajador la incertidumbre de que pueda ser despedido en un futuro por su empresa (ya sea porque ésta quiebre o decida deslocalizar)? Tres de las medidas que toma el Estado para "proteger" nuestro futuro son:

Primero, pagándonos el paro. Esto provoca que la gente prefiera quedarse en casa y posponer la búsqueda de trabajo todo lo que puedan. Al actuar sobre los incentivos naturales de las personas se cambia su comportamiento, y si los beneficios derivados de una opción se incrementan, la gente escogerá esa opción. Se incentiva la no producción. Y todo esto obligándonos a los demás a pagar estos gastos, ya que un bien puede proveerse "gratis" a un individuo (o grupo) sólo si otros lo pagan. Se concede el subsidio a unos con cargo al ahorro de otros. El paro es provocado y estimulado por el Estado mediante las intervenciones, las regulaciones laborales y las subvenciones. Un ejemplo son las leyes de salario mínimo, que hacen que el salario de un trabajador pase a ser superior a su productividad marginal, enviándolo directamente al paro.

Segundo, forzando a su empresa a no despedirlo. Se tiende a pensar que el empresario no tiene otra cosa que hacer que echar a la gente a la calle, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones, si se despide es por absoluta necesidad. El empresario no puede hacer frente a las pérdidas y no le queda más remedio que despedir o cerrar la empresa. Si las empresas tuviesen la confianza de firmar unos contratos que no se volviesen un problema insuperable en tiempos difíciles, se incrementarían las oportunidades de encontrar trabajo (en especial se fomentaría el trabajo indefinido y la estabilidad del puesto de trabajo). Además los costes sobre los despidos reducen el salario del trabajador, porque el empresario introduce esa incertidumbre en el cálculo empresarial. Libertad para contratar debería significar también libertad para despedir, porque si el miedo a contratar es alto, se desalienta en muchas ocasiones la creación de empresas y la existencia de empresarios, que son imprescindibles para crear empleos y riqueza.

Y tercero, no dejando que la empresa cierre. La finalidad y sentido único de la existencia de una empresa es la satisfacción de los consumidores. Si una empresa no tiene beneficios, su existencia no tiene sentido. Impedir su cierre sería mantener una estructura productiva que está malgastando medios y recursos escasos. Esos trabajadores y recursos se deben dirigir a producir otros bienes y servicios que sigan satisfaciendo a los consumidores. Mantenerla sería subvencionarla a costa de otras empresas.

Como vemos, las medidas que toma el Estado no sólo no nos ayudan, sino que crean un mercado laboral poco dinámico, ineficiente y rígido, y la sociedad en su conjunto sale perjudicada. Pero ¿qué podría hacer un trabajador ante la posibilidad de ser despedido en un futuro si el Estado no interviniese? ¿Sería capaz de hacerle frente sin la intervención gubernamental?

Lo primero que notaría el ciudadano sería que aumentaría su renta porque tendría que pagar menos impuestos debido a que el Estado tendría menos funciones, o tentáculos. Con ese dinero podría, por ejemplo, contratar un seguro de paro, que le proporcionase seguridad ante la posibilidad de perder su trabajo en el futuro. Evidentemente, este tipo de seguros existirían si desapareciese el monopolio del Estado. De hecho, ya existen. Estas empresas buscarían fines lucrativos y se moverían en un entorno de competencia. Sería posible contratar un seguro de paro de la misma manera que se puede tener un seguro de coche, accidentes, sobre bienes, hogar, vida, salud, empresas, viajes, deportes, navegación, ahorro, comerciales, vida, pensiones, comercios, oficinas, caza y pesca, animales domésticos, etc.

Los trabajadores podrían contratar un fondo de inversión como instrumento de previsión. De hecho, al eliminar el incentivo del subsidio de paro, se fomentaría el ahorro. La gente ahorraría de cara a hacer frente a cualquier eventualidad del futuro. Además, al llegar a la etapa más avanzada de su vida, habrían acumulado un capital para sus futuros años. Actualmente, con el Estado del Bienestar, llegamos con lo mínimo y nuestro futuro depende totalmente del Estado. Se fomenta, por tanto, que haya más ahorradores y menos derrochadores.

Esto, unido a la abolición de regulaciones, leyes, multas, prohibiciones, impuestos y negociaciones colectivas, eliminaría los altos costes de entrada y salida, y haría que el mercado laboral fuese dinámico y flexible, reduciéndose enormemente el número de parados.

El Gobierno no es apto para dirigir nuestros asuntos ni nuestro futuro. En el mercado están más claros los incentivos y las responsabilidades mientras que el intervencionismo las disuelve. Se debe dejar al individuo administrar su riqueza totalmente, y no hurtarle ámbitos de gestión de su vida y propiedades.

¿Cuáles son los principales efectos de que el Estado se encargue de nuestros asuntos personales? La usurpación desemboca lógicamente en la infantilización y la irresponsabilidad de los ciudadanos, porque los derechos positivos reemplazan a la responsabilidad; y se elimina la autonomía para dar paso a la dependencia. El Estado, al arrebatar la responsabilidad, siembra la semilla de la destrucción de la esencia del ser humano. El inducir a la dependencia significa contribuir al parasitismo, es decir, fomentar lo peor del ser humano. Todo ello desemboca, finalmente, en una sociedad más injusta.