10/11/2008 - Alberto Illán Oviedo

De la sociedad civil a la sociedad unitaria

En contra de lo que se presupone, la Gestapo no era una policía especialmente eficiente. No tenía los medios adecuados, ni humanos ni técnicos, para vigilar a toda la población alemana como la propaganda y en gran medida el cine nos ha dado a entender. Esto no quiere decir que no tuviera resultados satisfactorios para los gerifaltes nazis. La Gestapo, como muchas fuerzas de represión dependía de dos elementos esenciales, por una parte los confidentes, personas que, de forma voluntaria o coaccionados, investigaban para ella. Pero su mayor fuente de información provenía de la sociedad, de personas anónimas que por diversas razones, desde la fe ciega a la simple animadversión, denunciaban a sus vecinos, amigos e incluso familia. Este modelo se repetía en mayor o menor medida en la dictadura estalinista y a lo largo de la historia en todos regímenes totalitarios. Podemos pensar que se circunscribe a las sociedades totalitarias, pero estaríamos equivocados.

Es evidente que ninguna sociedad occidental va a tener un régimen represor parecido a los descritos, pero sí que es posible que las instituciones que forman el Estado articulen normas, protocolos y leyes que eviten que la sociedad civil desarrolle actividades e incluso ideas que puedan perjudicarles. Los gobiernos y los estados bregan mucho mejor con una sociedad civil inactiva y apática que con una que tenga sus propias inquietudes, opiniones y que a través de mecanismos institucionales y sociales, vigile, corrija o incluso derribe gobiernos y estados que se extralimitan en las funciones que se les han encomendado.

La coacción a través de la ley sería la manera más evidente, pero esto, aunque plausible y usado de vez en cuando, genera un descontento evidente y peligroso para los gobernantes. Dentro de esta idea, lo más práctico es la creación de una Constitución que sirva como marco para las leyes, instaurando así una justificación básica. Tal es el caso de los regímenes de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero si se viene de una dictadura, esta norma intervencionista es fácilmente aceptada, como en el caso de la Constitución española que tiene puntos muy discutibles desde el punto de vista de una sociedad libre.

Sin embargo, existen otros medios más eficaces para cambiar el paradigma, para alterar la base que permitirá que los ciudadanos terminen aceptando sistemáticamente una situación que limita su propia libertad. El control de la cultura, a través de subvenciones, apoyo a ciertos movimientos culturales o la creación de una cultura "oficial", pero sobre todo de la educación es esencial para que los futuros ciudadanos se hinquen de rodillas voluntariamente ante el poderoso.

La educación es un derecho que se viene justificando desde hace décadas, su control político una realidad evidente. La necesidad de una educación pública y "gratuita" se traduce en la creación de un gran instrumento de adoctrinamiento colectivo. Resulta significativo como aquellos que deploraban en España la educación pública franquista, con sus principios morales y éticos, alaben ahora la educación pública democrática, con sus distintos pero únicos principios morales y éticos; se ve que sólo son partidarios de que el monstruo trabaje para sus fines.

Una moral oficial es un elemento esencial en el trayecto que va de la sociedad civil a la sociedad unitaria y una moral oficial es la única justificación necesaria para hacer aceptable cualquier medida. Los propios ciudadanos se encargarán de hacer la labor sucia al Estado, criticando e incluso persiguiendo a aquellos que no quieren aceptar el estatus quo. Y todo ello dentro de una sociedad democrática, legal y occidental.