20/01/2009 - Ángel Fernández

Excesos del sistema autonómico

El diseño constitucional del sistema autonómico de España es intrínsecamente perverso, por más que la mayoría de medios de comunicación que difunden la propaganda del régimen venden la falacia de que la descentralización es siempre beneficiosa porque acerca servicios públicos al ciudadano.

Otro mito, también falso, atribuye nuestro grado de desarrollo a una supuesta vertebración territorial lograda por el autonomismo cuando, en realidad, el crecimiento económico de España ha sido impulsado por el esfuerzo emprendedor de sus ciudadanos, por la inversión en infraestructuras con los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea y, tal y como muestran las tablas estadísticas de Eurosat, por el libre comercio con otros países europeos.

1. Exceso de gasto público

La aprobación de la Constitución Española de 1978 inició un proceso radical de reforma del sector público que ha incrementado el tamaño del Estado en España. Anteriormente el gasto público estaba situado por debajo del 25% del PIB (año 1978), mientras que, como consecuencia de la multiplicidad de centros de poder, ahora el gasto público supera el 38,8% (año 2008), según fuentes de Eurosat, aunque otros datos permiten elevar el tamaño estatal por encima del 45%.

Efectivamente, el informe sobre política autonómica del MAP muestra como el presupuesto consolidado de gasto público alcanzó el 45% del PIB en el año 2006 (un total de 438.632,28 millones de euros) y, si no se adoptan urgentes políticas de recorte presupuestario, es previsible que las políticas keynesianas que erróneamente se están aplicando para intentar reactivar la economía disparen por encima del 50% del PIB el porcentaje de la economía gestionado directamente por el Estado.

De hecho, la expansión pública se ha producido por el lado de las autonomías ya que prácticamente han duplicado su tamaño en apenas dos décadas hasta alcanzar el 46,8 % del gasto presupuestario de las administraciones públicas (año 2006).

Hoy en día, las entidades locales (municipios, diputaciones, cabildos,...) alcanzan un 26,7% del tamaño del Estado y la desvertebración territorial ha sido tan radical que el gobierno central representa sólo un 26,5% (año 2006) de los gastos del sector público. Y entrando en detalles, después de contabilizar las transferencias de capital, la administración central sólo consumió el 30,8% del gasto de personal, el 15,6% de la provisión de bienes y el 29,2% de la inversión real.

2. Exceso de función pública

Durante la democracia se ha cuadriplicado el número de servidores públicos, pasando de cerca de 660.000 funcionarios en 1978 hasta más de 2,6 millones en el año 2008.

Según el boletín estadístico del MAP, quedan poco más de 550.000 funcionarios trabajando en el Estado central y, la mitad de ellos pertenecen a la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, los 17 gobiernos regionales proporcionaban empleo fijo a 1.417.354 funcionarios en julio de 2008, lo que quizás constituya el mayor obstáculo para limitar las enormes arbitrariedades del estado autonómico.

3. Exceso de centros de decisión y de legislación positiva

La famosa frase del "café para todos" ha degenerado en 17 centros de decisión cerrados, endogámicos e incapaces de trabajar en equipo, que han aumentado de forma cancerosa el gasto, la burocracia y las normativas regionales.

Con exceso de derecho positivo, las autoridades autonómicas se inmiscuyen en todas las iniciativas privadas, mediante normativas, leyes y estatutos marcadamente inconstitucionales. La legislación autonómica se está llevando hasta sus últimos extremos, creando situaciones de coerción sobre la propiedad privada, de prohibición de la rotulación de negocios en castellano o, de imposición del uso y la educación en el idioma regional.

La inacción del gobierno central, la politización de la judicatura y el sospechoso silencio del Tribunal Constitucional durante dos años permiten que se legislen y financien políticas nacionalistas que pretenden guiar la voluntad de la población.

Desde hace años, se están rebasando las competencias, dando lugar a legislación sobre actividades tan pintorescas como el etiquetado de productos, el comportamiento durante las jornadas de pesca en ríos o, los dispendios en selecciones deportivas y en embajadas y consulados regionales.

4. Exceso de financiación

Como resultado de la ley electoral predemocrática que padecemos y, pagando sus facturas todos los contribuyentes españoles, no cesa el proceso de centrifugación de competencias y la dilapidación de los ingresos públicos en los nuevos reinos de taifas.

La nueva ley de financiación autonómica que, previsiblemente, se aprobará durante el año 2009 elevará la cuota de participación de las Comunidades Autónomas en la recaudación tributaria, pasando a ingresar el 50% de IRPF (antes 33%), el 50% de IVA (antes 35%) y el 58% de los impuestos especiales (ahora un 40%).

Hayek demostró como los excesos de la sociedad planificada conducen a un régimen totalitario. Un mayor flujo de caja para financiar las políticas autonómicas significará un mayor impulso a las utopías colectivistas que buscan el desarrollo de nuevas mini-naciones.

Desgraciadamente, también configuran "dictaduras de proximidad" que atropellan los derechos de los ciudadanos no-nacionalistas con sus políticas secesionistas; empleando el idioma y la cultura para incrementar aún más el dinero y el poder gestionado por la casta política, ya que así logran perpetuar sus prebendas y cargos durante décadas.

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