Se ha sabido que la familia real española ha enviado células del cordón umbilical de su primera hija a una empresa privada estadounidense. Un portavoz de la Organización Nacional de Trasplantes, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha afirmado: “cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero la ONT advierte que usar un sistema privado no garantiza la confidencialidad. No hay ninguna garantía. Una prueba de ello es la filtración que se ha producido, y que nunca hubiera ocurrido en un sistema público”. Parece que esta práctica deja información genética sensible en manos privadas; aunque estos bancos privados garantizan contractualmente a sus clientes que el ADN de esas células no se descifra ni se manipula (las células pasan a ser directamente congeladas hasta su futura utilización), las autoridades públicas alertan de que no hay forma de saber cómo se gestiona la confidencialidad de esta información genética.
Este portavoz es un necio, un alarmista, y un desvergonzado: pretende que los ciudadanos españoles somos libres de hacer lo que queramos, o sea que vivimos en la sociedad liberal perfecta, sin regulaciones ni leyes coactivas absurdas en todos los ámbitos de la existencia (no podemos, por ejemplo, vender nuestros órganos o nuestra sangre); nos advierte contra las empresas privadas, que no roban a nadie ni se imponen por la fuerza pero que al parecer no ofrecen ninguna garantía (ninguna, inexistente, no pocas o insuficientes sino cero) y podrían incumplir lo pactado contractualmente (y así advertir de su incompetencia a los futuros clientes potenciales) porque los fisgones estatales no las controlan exhaustivamente; y alaba el sistema público del cual forma parte (¿conflicto de intereses?), donde milagrosamente hay garantías absolutas (no nos explica cuáles son ni cómo se consiguen, tal vez algún periodista podría conseguir un soplo por una filtración gubernamental, pero eso no sucede nunca en la realidad). Confunde la filtración sucedida de que alguien famoso usa ese servicio (que no tiene por qué ser un fallo de la empresa receptora) con la temida difusión de la información genética de cualquier ciudadano corriente.
La Organización Nacional de Trasplantes se ha opuesto sistemáticamente a los bancos privados que han intentado instalarse recientemente en España (porque son privados), abogando por la donación altruista de sangre de cordón umbilical a los bancos públicos del Registro de Donantes de Médula Ósea, que asiste de forma “desinteresada” a enfermos de todo el mundo (no es que sus empleados trabajen gratis por amor al prójimo sino que sus sueldos proceden del reparto del botín fiscal). Su principal responsable, el doctor Rafael Matesanz, se opone a los bancos privados por la quiebra del principio de altruismo que caracteriza a nuestro “modélico” sistema nacional de trasplantes y la ausencia de evidencias sólidas sobre el potencial médico de estas células.
El modelo ideal propuesto es claramente colectivista y burocrático: la utilización de las células de cordón umbilical para uso exclusivo del donante o sus familiares es inaceptable, ya que esta práctica resulta contraria al principio de libre disponibilidad (por el médico, claro, no por el ciudadano) y universalidad (también para aquellos que no contribuyan o no paguen). El ánimo de lucro es abominable: la donación de células debe realizarse sin buscar un beneficio de personas concretas y de forma voluntaria (al menos no las roban directamente, pero todo llegará, piense que ahora al morirse usted es donante a no ser que se haya opuesto explícitamente), altruista (amando a todos en abstracto pero sin dedicación especial a nadie en particular) y desinteresada (¿ni siquiera el interés de ayudar a la humanidad?).
Tal vez estas células no tengan potencial médico (o sí, nunca se sabe), pero el amante funcionario quiere evitar que malgastes recursos y te prohíbe que te esfuerces por la salud de tus hijos personalmente: mejor dale una buena parte de tu dinero y de tu libertad y él se ocupará del bienestar de todos; no hay razón para desconfiar, está todo garantizado, porque el sistema es público y estatal.
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