24/06/2009 - Juan Ramón Rallo

El libre mercado contra el descalce de plazos

Varios lectores liberales han mostrado su inquietud con respecto a mis dos artículos contra la teoría de la banca libre de George Selgin y Lawrence White. Si es cierto, como sostengo, que el descalce de plazos resulta destructivo y que los mecanismos espontáneos que estos dos economistas proponen no son efectivos para combatirlo, ¿acaso sólo podemos abogar por la regulación pública? ¿Cuán aceptable resulta una teoría económica para los liberales cuando nos fuerza a admitir la imperfección del mercado y que los ciclos económicos pueden engendrarse sin la participación del Estado? ¿Qué nos queda?

No pretendo reflexionar sobre los problemas que tiene subordinar las conclusiones de una ciencia (como la economía) a un programa político (como el liberalismo). Básicamente son las diversas disciplinas científicas las que, más allá de nuestras preferencias personales, deben llevarnos a apoyar o rechazar un determinado programa político. Invertir el orden es un camino expedito para el oscurantismo (y la represión política, dicho sea de paso).

Los economistas y los liberales que saben de economía tienen buenos motivos para esperar que las "soluciones" que pasen por el Estado tiendan a ser ineficientes y, en muchos casos, el germen de nuevos y mayores problemas. Al fin y al cabo, conocemos los problemas de incentivos e información a los que se enfrenta un orden extenso y coactivo, pero ello no significa per se que haya que considerar toda intervención nefasta, sobre todo bajo determinadas condiciones (sencillez, claridad e inexistencia de instituciones sociales que puedan proveer respuestas similares). Yo mismo he abogado en alguna ocasión por regular el descalce de plazos en el actual contexto económico. Ahora bien, ¿significa esto que el libre mercado se encuentra impotente ante la degradación de liquidez por parte de los agentes económicos?

En parte sí: cuando los agentes, aun siendo más o menos conscientes de las consecuencias de su acción, deciden endeudarse a corto plazo e invertir a largo. Sucede algo análogo que con las sociedades donde sus miembros decidan vivir insalubremente: es muy probable que tal sociedad desaparezca o se diezme a largo plazo y sería absurdo pretender que el libre mercado "hiciera" algo para evitarlo. Tampoco está claro que el Estado deba en esta circunstancia regular e impedir el descalce, ni siquiera para "proteger" a quienes conocen sus derivadas y se niegan a participar de él. Al fin y al cabo, quienes no degraden su liquidez mientras el resto sí lo hace podrán obtener pingües beneficios degradándola cuando el resto trata de reconstruirla (en lugar de comprar activos durante la burbuja, hacerlo durante la fase más acusada del pinchazo).

Ahora bien, en la medida en que la transformación de plazos y la degradación de liquidez sean resultado del engaño o de la ignorancia sobre sus efectos, el libre mercado sí puede desarrollar ciertos mecanismos para prevenirla:

• Contratos: Probablemente el instrumento más poderoso con el que cuenta una sociedad para evitar abusos en los derechos de propiedad sean los contratos y su progresiva perfección y clarificación. Parece evidente que a día de hoy existe una confusión importante –ignota antes del siglo XX– entre certificado de depósito, deuda bancaria a la vista y deuda bancaria a largo plazo. Cada instrumento jurídico está abierto a su propia configuración contractual para, precisamente, delimitar qué pueden hacer los bancos con nuestra propiedad: con los certificados de depósito deberán mantenerla en custodia en todo momento; con la deuda bancaria a la vista deberán gestionar diligentemente su activo para garantizarnos el repago de la misma; y en la deuda a largo plazo podrán asumir grados de iliquidez y de riesgo variables. Pero, de nuevo, las obligaciones concretas de cada contrato están abiertas al pacto entre las partes y a su modificación (¿Cuál es el plazo máximo de inversión? ¿Cuál es el riesgo más alto asumible? ¿Debo dar un preaviso al reembolso? ¿Cuál es el orden de prioridad de ejecución del activo del banco? ¿Es admisible la suspensión de pagos temporal?, etc.). Incluso, por especular, podría surgir un contrato voluntario de descalce de plazos en el que el inversor asumiera el riesgo de tener que ahorrar forzosamente cuando el banco devenga ilíquido. Además, la clarificación contractual no sólo concierne a los pactos entre clientes y gestores de un banco, sino que se extiende a los acuerdos entre gestores y accionistas; estos últimos bien pueden estar interesados en una administración prudente y a largo plazo de su capital, de modo que puedan establecer en los estatutos diversos supuestos de responsabilidad de los directivos (por ejemplo, el descalce de plazos).
• Ausencia de curso forzoso: La ausencia de un medio universal de origen coactivo para saldar deudas también abre la puerta al control por parte de los acreedores de que las deudas se vayan saldando en forma y plazo. En este caso, podemos pensar en al menos dos mecanismos de control del descalce de plazos que se realimentarían mutuamente: las corridas bancarias y los tipos de cambio entre billetes de banco. En la medida en que los acreedores puedan exigir el pago de los billetes bancarios a la vista, tendrán capacidad para forzar la liquidación anticipada de la cartera de inversiones de la entidad. Dado que no existe dinero de curso forzoso y que, por tanto, ninguna institución puede en toda circunstancia crear dinero y diluir el valor de las deudas de los bancos (función actual del banco central), éstos deberán mantenerse relativamente líquidos ante la amenaza de una demanda masiva de conversión de sus pasivos a la vista por parte de sus acreedores (bancos o particulares). Además, el hecho de que no exista curso forzoso también elimina la obligación de aceptar los billetes de banco por su valor nominal; dicho de otra manera, los billetes podrían circular y negociarse con descuentos entre sí en función de la liquidez y perspectiva de repago del emisor (como ya sucede hoy en día con la deuda pública y privada en los mercados secundarios). Los bancos cuyos billetes cotizaran con mayores descuentos se enfrentarían a demandas de conversión más intensas, lo que se traduciría en descuentos aún mayores de sus billetes de no contar con activos líquidos suficientes.
• Crisis económicas: Aunque suela observarse a la crisis económica como el fenómeno más desagradable a evitar por una buena regulación pública, debemos recordar que lo realmente nocivo para la economía no es la crisis, sino el proceso previo de auge. Las crisis son una respuesta espontánea del mercado para impedir que la iliquidez de los agentes y las malas inversiones sigan acumulándose. En ese sentido, hemos de sentirnos aliviados de que el libre mercado (a diferencia del socialismo) "proteste" por la destrucción de capital que supone el boom artificial de crédito y que lo haga antes de que haya desaparecido todo el capital de la economía. Con mercados libres y agentes no excesivamente ilíquidos (gracias a los contratos bien definidos y a la ausencia de privilegios jurídicos a la banca), las crisis serían de muy corta duración y constituirían más un período de reajuste casi imperceptible y de toque de atención que una larga etapa traumática.
• Cultura financiera: Tanto para controlar la liquidez de los bancos como la propia liquidez personal, es importante disponer de ciertos conocimientos financieros: distinguir entre grados de apalancamiento y tamaños del fondo de maniobra sostenibles, valorar inversiones, saber leer un balance o una cuenta de resultados… Por supuesto, no es imprescindible que todos los individuos tengan una profunda formación en esta materia; precisamente una de las virtudes del mercado es la división del trabajo y su facultad para generar "especialistas" (ya sea en forma de asesores personales, periodistas, economistas o analistas). El problema es que hoy esos especialistas o están lejos de serlo o están orientados a satisfacer a su mercado natural (un sistema bancario que puede mantenerse permanentemente ilíquido gracias al banco central y a las recapitalizaciones públicas y unas familias despreocupadas por su situación financiera gracias al Estado de Bienestar).

No me cabe duda de que una sociedad libre desarrollaría a largo plazo un mercado con estas características y tampoco de que un mercado con estas características (un sistema bancario sin privilegios y con contratos bien definidos, cuyo cumplimiento es vigilado por operadores, analistas, clientes y por la propia reacción espontánea del mercado) sería infinitamente más estable y próspero que el actual y que cualquier otro que la regulación pública pueda engendrar (básicamente porque los conceptos de "plazo" y "riesgo" están lejos de tener un significado único y permanente como para excluir múltiples definiciones en competencia y constante readaptación).

Sin embargo, el problema ahora mismo no es tanto si el mercado tiene o puede tener instrumentos suficientes para poner coto a los booms artificiales de crédito, sino si el mercado arriba descrito tiene o va a tener algo que ver con el mercado ultraintervenido actual y, por consiguiente, si a falta de la perfección no nos conformaremos con una tímida mejora frente al caos y a la barra libre dirigista concomitantes.