07/07/2009 - Ángel Fernández
Estructura institucional
Teniendo en cuenta que la evolución sociocultural ha institucionalizado democracias parlamentarias en los países donde ha enraizado la sociedad civilizada, conviene plantearse qué factores determinan el desarrollo económico y las libertades políticas.
En los años 60, el economista Ronald Coase incorporó el análisis de las instituciones al estudio de la economía. Se analizaron las organizaciones humanas, constatando la importancia del respeto institucional por la propiedad privada y la libertad de empresa, ambos vitales para el surgimiento de la estructura de derechos y de la seguridad jurídica necesarias para configurar un sistema de incentivos que impulse el progreso de su población.
Al igual que se realizó con la empresa, desde la Nueva Economía Institucional (NEI), también se analizó el Estado como organización, explicando su existencia como institución con capacidad para reducir los costes de defensa de las propiedades de los ciudadanos dentro de un territorio, evitando tanto la anarquía bajo la violencia de mafias, organizaciones terroristas o señores de la guerra como la opresión liberticida por un país con ansias expansionistas.
A lo largo de la historia, se puede constatar que el Estado ha garantizado la defensa exterior, la seguridad interior y la justicia, con menor o mayor fortuna, pero con evidentes costes internos adicionales a los propios derivados de su papel institucional, que la NEI denomina costes de transacción del Estado para referirse a los derivados de los problemas en la administración pública de recursos.
Entre los costes de transacción se incluyen, por ejemplo, la falta de transparencia y de control derivadas de la separación entre los administradores (que en esta institución son los gobernantes) y los accionistas (que en este caso son los ciudadanos), la mala asignación de recursos si existe corrupción de altos cargos políticos, la baja productividad debido a la burocracia, o la disminución en la eficiencia económica en función del tamaño de la organización (Administraciones Públicas) y del aumento de su masa laboral (funcionarios) y, en general, el comportamiento público estudiado en términos de intereses individuales por la escuela de la elección pública (Public Choice).
Sin embargo, esos costes de transacción del Estado pueden ser reducidos con mejoras institucionales como un sistema judicial independiente que garantice el Estado de Derecho, la minimización del tamaño del Estado, la vertebración territorial, la elección directa de autoridades, la declaración patrimonial y auditorias de cargos públicos o las barreras de control ciudadano sobre las decisiones políticas trascendentales para el futuro de un país.
Ahora bien, aunque el crecimiento económico se produzca con un marco jurídico que respete los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, desgraciadamente, no siempre viene acompañado de un desarrollo de las libertades políticas o de una democracia en donde exista separación "real" de poderes y los ciudadanos elijan "directamente" sus autoridades políticas y judiciales.
De hecho, existen serias reservas sobre la capacidad de una democracia para garantizar por sí misma el crecimiento económico, especialmente, cuando se comprueban el intervencionismo, la corrupción y las deficiencias institucionales de muchas democracias parlamentarias.
Tal y como afirma el profesor Mancur Olson, para garantizar el progreso socioeconómico, además de una democracia duradera que permita garantizar los derechos de propiedad y los contratos, se precisa la existencia de una dispersión pluralista del poder, lo cual sólo se logra con mayores libertades políticas ya que éstas permiten presionar socialmente a los dirigentes para realizar una reforma escalonada de las instituciones.
De ahí la importancia de que la sociedad acumule organizaciones cívicas, vitales e independientes, que aglutinen una masa crítica de la población que reclame no sólo mercados libres sino también libertades políticas dentro de un ordenamiento jurídico que evolucione de modo que se traslade el poder hacia los ciudadanos, disperso entre el mayor número posible de instituciones independientes.
Opinión de los lectores
enrique
ÁNGEL FERNÁNDEZ
1. Anteriormente, en el comentario Imposibilidad de Cálculo Económico con el Sistema Autonómico, ya vimos como la descentralización no siempre es buena para el desarrollo socioeconómico.
2. La descentralización (ya sea con autonomías, estados federales o confederaciones) no siempre ayuda a la estructura institucional, como pone de manifiesto la situación institucional de España, cuando se originan dictaduras de proximidad en regiones gobernadas por castas políticas locales (y sus redes clientelares) que introducen barreras comerciales, aumentan el nº de funcionarios y el tamaño de las Administraciones Públicas, despilfarran el dinero público en "nuevas realidades" pseudo-nacionales o, incluso atropellan derechos individuales y la libertad de elegir idioma, educación, negocio,...
3. Las libertades políticas y económicas no están relacionadas con el tamaño de la unidad política. Esas teorías de salón quedan muy bien en los libros, pero los datos empíricos obtenidos de la realidad son tozudos y demuestran que la descentralización no siempre es positiva , ya que en muchos casos la corrupción aumenta al aproximarse el centro de toma de decisiones a las redes clientelares locales. Y, en cualquier caso, ya vimos como el surgimiento de múltiples centros legislativos introduce una espiral de Hiperlegislación Intervencionista en los territorios sometidos a la lacra de diversos parlamentos legislando al mismo tiempo sobre idénticos asuntos.
4. Existen democracias deficientes en naciones muy grandes y, también, dictaduras de proximidad en estados pequeños o en regiones minúsculas. Lo que sí podemos afirmar es que, la estructura territorial es decisiva ya que condiciona la estructura institucional, "hiriéndola de muerte", o bien beneficiándola indudablemente cuando colabora lealmente para proteger las libertades políticas y el Estado de Derecho que son los que permiten la existencia de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos en un determinado territorio.
SOCIALISMO DE MERCADO EN LAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES ERRÓNEAMENTE DESCENTRALIZADAS:
A.- No comparto las observaciones "milenaristas", especialmente, cuando se mezclan ideas o se pretenden comparar épocas históricas muy distantes.
B.- Tampoco comparto que toda unión internacional sea buena ya sea nacional, federal o confederal. Es decir, un mercado común como, por ejemplo, la Unión Europea sólo será útil y positiva para las libertades individuales y el desarrollo socioeconómico, si proteje eficientemente los derechos ciudadanos y el libre comercio entre sus países (es decir, sus propiedades y el cumplimiento de contratos de modo transfronterizo) por medio de la seguridad exterior (frente a amenazas totalitarias), interior (frente a mafias) y judicial (frente a la corrupción y las políticas intervencionistas de las Administraciones Públicas europeas, nacionales, autonómicas, regionales o municipales).
C.- Siempre son malos los paquetes de ayudas intervencionistas y la desprotección de los ciudadanos frente a leyes liberticidas en cualquier nación o región europea. Por ello, las reformas institucionales "escalonadas" también se deben producir en la Unión Europea para mejorar y asegurar las libertades políticas y el libre comercio, con más independencia judicial (Estado de Derecho), con más democracia directa en algunas de sus instituciones y, con mayores controles ciudadanos sobre las decisiones políticas.
D.- Cuando la estructura institucional pretende llegar más allá de la seguridad exterior, interior y jurídica, se expande el intervencionismo por encima del Estado Mínimo necesario para garantizar las libertades y derechos individuales, es decir, supone ir en contra de los intereses de los ciudadanos y a favor de los intereses de burócratas y políticos intervencionistas "de todos los partidos".
E.- El dimensionamiento de la estructura institucional es complicado ya que su déficit trae caos y anarquía, pero su exceso genera intervencionismo. El socialismo de mercado (o, si lo prefieren, capitalismo de Estado), se está produciendo por una descentralización mal organizada, distorsionada por la burocracia y, secuestrada por una mayoría de políticos intervencionistas de todos los partidos (socialistas, conservadores, ecologistas, comunistas,...).
Douglass North
Tal vez sea interesante la lectura del artículo sobre Instituciones, Ideologías y Desempeño Económico del profesor Douglass North.
En ese artículo, se observa cómo la ideología que logra imponerse en un territorio acaba definiendo su estructura institucional y, por tanto, define la calidad de la democracia y el tamaño del Estado considerado como institución (minimizado, limitado, expandido, intervencionista o, incluso, totalitario) y su grado de protección (o de desprotección intervencionista) mayor o menor (o, incluso, nulo) de las instituciones morales.
Instituciones morales entendidas como patrones de comportamiento adquiridos por la población en su lenta evolución socio-cultural, es decir, como derechos naturales (a la vida, libertad, familia, propiedad, igualdad ante la ley, cumplimiento de los contratos) que permiten el mucho mayor desarrollo socioeconómico de una sociedad civilizada frente a las sociedades tribales o colectivistas.
Mayor o menor grado de protección de esas instituciones morales, entendido como la garantía de la libertad de elección individual por medio de la seguridad institucional con: dispersión pluralista del poder, democracia parlamentaria, elección directa de representantes, independencia judicial, referéndum en decisiones políticas trascendentales,...
Cuando las 3 seguridades mínimas (exterior, interior y jurídica) quedan protegidas por la estructura institucional se produce una expansión de la libertad y del progreso socioeconómico. El problema surge cuando la ideología, con el control de los medios de comunicación y con la propaganda, posibilita que accedan al Estado los políticos intervencionistas (y sus redes clientelares); que medran y deterioran la estructura institucional para quedar secuestrada a su servicio en vez de para servir a la población.
De ahí la importancia de que exista una sociedad civil vital, independiente y activa, siempre presionando para que se mejore la estructura institucional, trasladando poder de decisión desde la casta política hacia los individuos.
Elección pública 
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