21/07/2009 - Francisco Moreno

La fiesta de las cajas y quienes la pagamos

A diferencia de nuestro sistema de contratación laboral dual donde se encuentran los protegidos (los indefinidos) y los menos protegidos (los temporales), el sistema financiero es dual en otro sentido: por un lado están los privilegiados (los bancos) y por otro los hiper-privilegiados (las cajas de ahorro).

La estructura jurídica de las cajas de ahorros ha sido siempre una rara avis en nuestro catálogo de operadores financieros. No pertenecen a nadie, no cuentan con socios (sólo cuotapartícipes con derechos restrictivos) ni con junta de accionistas propiamente dicha. No existen verdaderas acciones que coticen en bolsa ni escrutinio, por tanto, del mercado. Las cajas pueden comprar un banco, pero no al revés porque la propiedad de aquéllas es indefinida. No reparten dividendos y pueden deducirse fiscalmente las cantidades destinadas a obras benéfico-sociales. No pagan costas judiciales y la responsabilidad de sus administradores es difusa.

En 1977 el decreto de Fuentes Quintana homologó la actividad de las cajas a la de los bancos y su radio de acción dejó de limitarse desde entonces a su mero territorio. Se profesionalizaron con notable éxito. Emularon a los privilegiados bancos en sus maneras de expandir y hacer dinero por doquier esgrimiendo la coartada de su "compromiso social", cada vez más accesorio con respecto a su actividad principal. Los más afanosos fueron La Caixa, Caja Madrid y Bancaja, por ese orden.

De la anterior crisis financiera importante de finales de los años 70 y de la década de los 80 sobrevivieron casi la mitad, es decir, 45 cajas. Se llevó a cabo una purga y reestructuración de todo el sistema financiero español bajo la férrea disciplina del Banco de España respaldado por el Gobierno.

El 2 de Agosto de 1985 (un año después de la ineficaz reforma laboral que acogía a los temporales) se aprobó con premeditación y alevosía veraniega la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA). Los poderes autonómicos consiguieron un triunfo político de un entonces bisoño ejecutivo socialista. Esta ley abogaba por una nueva forma de gestión colectiva de las cajas buscando una "plena democratización de sus órganos rectores",de forma que en ella pudieran expresarse “los intereses genuinos de las zonas sobre las que ellas operan". Desde aquel momento todos los grupos políticos con representación parlamentaria dentro de cada Comunidad pugnaron ferozmente por hacerse con los órganos de control de las cajas de ahorros. Este abordaje público fue rubricado tanto por los respectivos estatutos de autonomía como por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Al convertirse de facto los partidos políticos autonómicos en los únicos definidores de los intereses de las cajas se pervirtió completamente la trayectoria de unas organizaciones más que centenarias.

La LORCA otorgó, además, competencias legislativas a las correspondientes autonomías sobre sus cajas que han ido desplegando su pertinente panoplia normativa (i.e. dotarse todas de veto ante cualquier eventual fusión). Esta ley sentó las bases de un moderno caciquismo local basado en la instrumentación espuria del ahorro, el reparto de cargos y el trato de favor a empresarios amigos.

El dominio político de las cajas se consolidó con un proceso de representación de órganos rectores que dejó a la entidad fundadora inicial (el legado histórico más interesante de las cajas) con una cuota meramente testimonial y simbólica. Primaron las cuotas de los delegados de los partidos autonómicos; tras éstas, se permitió la entrada de otros representantes minoritarios: corporaciones municipales, sindicatos, trabajadores, impositores, etcétera (el sueño de cualquier colectivista).

Así, la evolución histórica de las cajas ha permitido que su vocación asistencial dirigida inicialmente a personas con escasos recursos se haya transformado en otra de asistencia a las necesidades y a los proyectos del poder autonómico de turno. Ni siquiera el impulso de las cuotas participativas como medida de semi-privatización con motivo de la aprobación de la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero pudo enderezar la situación para impedir un dirigismo público tan descarado.

Aunque se aluda a la crisis económica internacional, el acusado deterioro de los balances actuales de las cajas está causado fundamentalmente por la mala gestión inducida por sus padrinos políticos. En la época de bajos tipos de interés éstos fomentaron la entusiasta orgía crediticia especialmente en el crédito promotor e hipotecario de forma imprudente, fallando toda gestión de riesgos. Es notorio comprobar que la tasa de morosidad de las cajas es netamente superior a la de los bancos; caso de que en 2010 ésta supere el 9% estaremos ante no pocos casos de insolvencia. Toda la banca está escasamente capitalizada y no tiene, por tanto, capacidad para seguir con su normal actividad. Esta es la dolorosa y patética realidad pese al alabado modelo español de reservas anticíclicas. Sólo los hogares españoles deben al conjunto del sistema financiero unos 900.000 millones de euros, aparte de los 320.000 millones que tiene prestado el sector promotor. Este boom inmobiliario es de los que hacen época. El 53% de toda esta burbuja anida, por lo demás, en las cajas de ahorro, que gestionan el 40% de todo el pasivo bancario español. Desde hace meses la patronal de cajas, la CECA, ha dejado de publicar los balances de sus entidades; ciertas cajas han hecho igual con sus préstamos impagados.

Tras el mayor concurso de acreedores de nuestra historia (Martinsa Fadesa) bancos y cajas han visto las orejas al lobo al hacerse conscientes de que su suerte estaba íntimamente ligada a la de los grandes deudores y le han echado imaginación al asunto: refinanciación de la deuda, daciones de pago, constitución de sus propias filiales inmobiliarias, presión al regulador para cambiar el cálculo de las dotaciones o para no contabilizar a precios de mercado durante los próximos años toda la basura que tienen en su inflado activo. Todos han presionado también al legislador para que acuda en su ayuda a costa de la masa desorganizada antes de que la comisaria de la competencia europea frunza el ceño.

Por su parte, las cajas están intentando hacerse con premura de toda la liquidez posible mediante la emisión de participaciones preferentes en el mercado interno o de nuevas cédulas hipotecarias en el mercado internacional, la desinversión en empresas cotizadas (el 5% de toda la bolsa española está en sus manos), la reducción de su "dividendo social" o el cierre de oficinas de su sobredimensionada red. Todo ello será insuficiente.

Pese a que el dinero mal invertido (o dilapidado) sea mucho, el Gobierno no tiene empacho alguno en socorrer a las cajas, es decir, a la casta política. El actual Ejecutivo inyectará dinero público al sector bancario (mayormente a las cajas de ahorros) con un nuevo fondo de rescate (FROB), otro más, pero esta vez con el fin de que estas entidades se fusionen o integren. Lo que debiera hacer el mercado lo costeará la política central (ni siquiera la autonómica, para más escarnio) saqueando los bolsillos de todos los contribuyentes. Con ello queda patente que los tan cacareados Fondos de Garantía de Depósito eran muy exiguos. El PP ha criticado esta ayuda pero acabó por aprobarla en el parlamento. Es probable que las uniones sean entre cajas de la misma comunidad autónoma, ya que las interregionales tendrán fuertes barreras políticas. Ningún Gobierno autonómico –independientemente de su color– estará dispuesto a perder cuota de poder sobre sus cajas refrendada en su día por la LORCA. Me temo que este fondo no servirá para un saneamiento eficaz de las cajas sino que propiciará, como mucho, fusiones artificiales sin verdadera lógica empresarial pero con mucha intención política. La ceremonia, el banquete, las copas y el viaje de bodas los apoquinará el ciudadano.

Se supone que el Banco de España (BE) cuenta con atribuciones suficientes para supervisar todas las entidades de crédito. No desea intervenir en otra caja como la manirrota CCM y quiere imponer su autoridad. Pese a lo indicado por el FROB, no estoy tan seguro que el BE tenga la última palabra. Ante un futuro conflicto entre el BE y una CC AA por un asunto de cajas ¿quién se impondrá? Nuestro ZP depende mucho más de los gobiernos autonómicos (especialmente de Cataluña y Andalucía) que del gobernador del BE para seguir en su puesto; la Escuela de Elección Pública nos da la respuesta.

El problema de las cajas no es el tamaño sino su solvencia. Se habla de que en la presente crisis sobrevivirán, como en la anterior, sólo la mitad de las existentes, esto es, unas 20 cajas aproximadamente. Curioso número; casi el de los territorios autonómicos en que está troceada nuestra nación política. Estamos en el inicio de una carrera que va desde el estado de excepción financiera hasta el apuntalamiento de los grandes campeones financieros autonómicos: los bancos públicos regionales.