02/12/2009 - Francisco Capella

Las instituciones

Las instituciones son patrones de conducta generalizados en la sociedad que sirven como referencias orientadoras que facilitan la coordinación y la cooperación. Las instituciones surgen y se mantienen de forma dinámica y evolutiva (cambiando para adaptarse a situaciones diferentes) mediante la participación descentralizada y no coactiva de gran número de individuos, unos realizando propuestas y otros aceptándolas o rechazándolas.

Las instituciones son demasiado complejas como para ser diseñadas de forma centralizada por una sola mente (o un comité de ingenieros sociales expertos) de forma intencional. Se basan en procesos meméticos evolutivos de creación e imitación: algunos individuos más emprendedores inventan o descubren (de forma deliberada o por accidente) formas de hacer las cosas que ellos mismos u otros perciben como acertadas y las copian o replican. Son necesarios mecanismos de generación y examen: producción de nuevas variantes (mutación de las antiguas, recombinación o flujo del exterior) y comprobación de su validez para la retención de lo exitoso y la eliminación de lo fracasado. Los cambios institucionales no necesitan ser constantes (aunque suelen ser graduales, progresivos y marginales), y de hecho cierta estabilidad institucional es posible y deseable; pero para sobrevivir toda sociedad debe mantener la capacidad de cambiar y adaptarse.

Las principales instituciones sociales son el lenguaje (permite la comunicación o transmisión de información mediante el uso de un idioma común), el derecho (normas morales o leyes formales explícitas que restringen posibilidades de conducta al declarar algunas acciones prohibidas u obligatorias) y el dinero (depósito de valor, medio generalizado de intercambio indirecto de bienes o servicios económicos y unidad de cuenta). Lenguaje, derecho y dinero son realidades fuertemente relacionadas: el derecho se expresa formalmente mediante el lenguaje; los pactos contractuales suelen incluir pagos con dinero; los quebrantamientos de normas suelen penalizarse con multas monetarias; algunas leyes se refieren a usos del lenguaje; las unidades monetarias suelen indicar su naturaleza y cantidad mediante algún símbolo lingüístico; las promesas de pago de dinero que funcionan como sustitutos o complementos monetarios se expresan mediante lenguaje y constituyen compromisos contractuales con eficacia normativa.

Las instituciones humanas no son monolíticas ni perfectamente homogéneas o universales, sino que presentan una cierta diversidad y variabilidad en sus implementaciones particulares, las cuales comparten rasgos abstractos pero difieren en detalles concretos. No existe una única forma institucional detallada que supere a todas las demás, ya que las circunstancias particulares son importantes y diversas y la adaptación evolutiva es siempre relativa.

Es posible construir una ética universal, pero esta no determina unívocamente una única moral o una única ley positiva sino que es compatible con una multiplicidad de ellas (la exploración intelectual de la ética como el estudio de aquellas normas que son iguales para todos no implica que todas las leyes deban ser idénticas para todo el mundo). La gramática universal profunda innata y los conceptos fundamentales del pensamiento humano son las bases de múltiples lenguajes y dialectos. Las funciones esenciales del dinero se realizan de formas diferentes según las épocas, la tecnología, las tradiciones y la cultura.

Son posibles los conflictos entre diferentes versiones de una institución presentes en un mismo lugar y tiempo: multiplicidad de lenguas mutuamente incomprensibles, sistemas legales incompatibles, dineros diferentes. Algunas personas pueden desear eliminar esta conflictividad mediante la imposición de una única forma institucional (probablemente su propia versión), pero por un lado esto supondría unas graves pérdidas para quienes ven eliminada la alternativa que ellos utilizaban y su capital social acumulado, y por otra se elimina la posibilidad de competencia indispensable para el control de la calidad de la institución.

En un sistema adaptativo complejo como la sociedad humana el mantenimiento y la reproducción de las instituciones se realizan de forma distribuida mediante múltiples decisiones descentralizadas
realizadas por todos los agentes que participan en las mismas. Las instituciones constituyen redes relativamente estables de relaciones, y en toda relación existe un riesgo de contraparte: en el uso del lenguaje son posibles los malentendidos o las mentiras; los contratos a veces se incumplen, por imposibilidad o por fraude o estafa; es posible falsificar el dinero. La calidad de la institución depende de la acción responsable y vigilante de todos los participantes.

No todos los participantes tienen el mismo poder y efecto sobre la organización institucional: algunos serán más persuasivos, con más carisma, o más ingeniosos, o dispondrán de más medios, otros simplemente imitarán, confiarán y se dejarán llevar. Pero en una sociedad libre ningún agente tiene suficiente poder como para imponer a los demás su versión de las instituciones.

Gran parte de la utilidad de las instituciones procede de que es posible utilizarlas sin pensar en ellas, como si estuvieran dadas y fueran intocables, sirviendo así como referencia objetiva para todos. De hecho las instituciones son tan potentes que a un individuo puede parecerle que están dadas y que él no tiene ningún poder sobre ellas. Pero aunque su contribución sea pequeña, existe y es indispensable: cada persona contribuye al mantenimiento de una forma institucional en la medida en que la utiliza, aceptando un dinero y rechazando otro, usando una lengua y no otra, unas palabras y no otras, unos significados y no otros, recurriendo a unas leyes y no a otras. Estas elecciones locales pueden ajustarse espontáneamente unas a otras y converger hacia órdenes globales no diseñados.

La esencia evolutiva, dinámica y descentralizada de las instituciones no es intuitiva, y a menudo los seres humanos la desconocen y recurren a mitos explicativos de las mismas, en los cuales una divinidad o un gran héroe inventan el lenguaje, la ley o el dinero y se lo ofrecen a la tribu o a toda la humanidad. Esta intuición errónea es sumamente peligrosa, ya que sugiere que, igual que fueron creadas por un único agente, las instituciones deben ser mantenidas y controladas por un único agente que las dote de unidad y coherencia. Si monopolizar una actividad económica causa mayores precios y menor calidad, el monopolio de una institución es socialmente desastroso.

Las instituciones funcionan solamente si hay libertad, porque sólo así reflejan realmente las preferencias subjetivas y las capacidades limitadas de los individuos en sus circunstancias locales concretas, expresadas no sólo mediante su voz y su voto sino sobre todo mediante la decisión de salida o no participación. Si en la sociedad libre las instituciones se proponen (no utilizando la fuerza para indicar qué patrones de conducta  seguir), mediante la coacción estatal las instituciones se imponen, directa o indirectamente, de forma parcial o total. El intervencionismo es en general sólo parcial, ya que al incrementarse tiende a destruir al sistema intervenido: las instituciones son poderosas, aguantan mucho lastre, pero no son omnipotentes.

La planificación centralizada es incapaz de crear las instituciones, pero el intervencionismo gubernamental del agente dominante supremo (el Estado, con sus políticos, burócratas, funcionarios y grupos de interés asociados) es muy capaz de distorsionarlas y parasitarlas en su beneficio una vez que existen.

El Estado monopoliza la jurisdicción y la ley, que pasa a ser legislación producida por presuntos representantes capturados por diversos grupos de presión. La ley se transforma en positivismo jurídico obsesionado por procedimientos políticos democráticos en lugar de investigar la legitimidad y funcionalidad del contenido de las normas.

El Estado monopoliza el dinero para facilitar su propia financiación: expropia el auténtico dinero o dificulta su tenencia y uso, impone leyes de curso forzoso, monopoliza u oligopoliza la banca, ofrece garantías generadoras de riesgo moral y proporciona falsa liquidez.

El Estado distorsiona el uso del lenguaje: es prácticamente imposible vigilar efectivamente todos los actos lingüísticos, dada su cantidad, su frecuencia y su carácter local y en general efímero. Pero los políticos controlan en buena medida a los medios de comunicación de masas (que dependen de licencias estatales y de la publicidad gubernamental) y a las escuelas en las que se enseñan los usos adecuados del lenguaje y donde se fomenta o impone una determinada visión del mundo que permite el mantenimiento de las estructuras de poder: así la redistribución coactiva de riqueza pretende ser justicia social, los presuntos derechos son a costa de otros y garantizados por el aparato estatal, y la libertad se confunde con la riqueza obtenida gracias a la obediencia al poder establecido.