17/02/2010 - Manuel Llamas

"Mercado medioambiental" frente a "Economía Sostenible"

El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado en Consejo de Ministros el 27 de noviembre de 2009, constituye un auténtico cajón de sastre, ya que combina toda una amplia gama de medidas, no sólo medioambientales, sino también fiscales, económicas, educativas, reguladoras y administrativas. El único denominador común es la impronta del intervencionismo público, de una u otra forma.

Se trata, en esencia, de una particular estrategia gubernamental para cambiar el modelo productivo en un horizonte de diez años. El programa está dotado inicialmente con un fondo de 20.000 millones de euros, financiado a partes iguales por el Instituto de Crédito Oficial y entidades financieras privadas.

Sin embargo, el proyecto también recoge el famoso Plan E para 2010, conocido oficialmente como Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de euros a repartir entre los municipios para la realización de obras de diversa índole con el objetivo de ocupar a unos 250.000 trabajadores. De este modo, el coste total de este plan se aproxima a los 25.000 millones de euros, equivalente al 2,5% del PIB nacional.

El error teórico del citado proyecto, al igual que ocurre con la inmensa mayoría de la legislación actual, reside en la aplicación de la perspectiva estática en el ámbito de la eficiencia económica. Así, en lo que se refiere al medio ambiente, todos las medidas que incluye el Gobierno en esta ley van dirigidas hacia el ahorro energético, la redistribución de costes medioambientales y la reducción de gases contaminantes, desechando de plano la innata capacidad creativa del ser humano y, por lo tanto, la función empresarial en el ámbito de la energía y el medio ambiente.

Y todo ello, bajo la excusa de combatir el tan temido calentamiento global. No es la primera vez que los socialistas y comunistas se escudan en la llegada inminente de un Apocalipsis medioambiental para justificar una mayor intervención del Estado en el ámbito económico y social.

Así, por ejemplo, en 1972, el Club de Roma publicó Los límites del crecimiento, el mayor bestseller del ecologismo, en el que se predecía el inminente colapso de la civilización a menos que se detuviera el desarrollo económico. Basándose en modelos informáticos -al igual que las proyecciones de la ONU sobre el calentamiento global-, esta organización calculó que la población mundial alcanzaría los 7.000 millones en el año 2000. Esto provocaría el agotamiento de alimentos y de ciertos recursos naturales como el cobre, la plata o el petróleo. ¿Solución? Reducir el número de seres humanos.

Sin embargo, en 2010, con una población próxima a esa cifra (7.000 millones), tales materias primas no muestran signos de agotarse, mientras que las tierras de cultivo tan sólo han necesitado crecer un 5% gracias al desarrollo de nuevas técnicas agrícolas. Una vez más, el terrible pronóstico de los algoreros no se ha cumplido. Y ello, gracias a la innata capacidad creativa y empresarial del individuo que propicia el mercado libre.

El debate actual sobre la “sostenibilidad económica” ignora por completo las soluciones demostradas y constatables que ofrece el mercado en la gestión de los recursos naturales. Ya va siendo hora de plantear abiertamente en el debate público ciertas cuestiones que, hasta ahora, son materia tabú.

El toro de lidia se habría extinguido hace décadas sin la fiesta nacional. Lo mismo sucede con el corzo, el ciervo, el jabalí o la perdiz si no existieran los cotos privados de caza. Así pues, ¿qué impide aplicar este sistema a especies como el león, el tigre o el rinoceronte?

El volumen de percebes y mejillones en la costa gallega aumenta año a año gracias a la asignación de títulos de propiedad privada para su explotación. Hasta hace poco se temía la extinción del salmón o la trucha, hasta la llegada de las piscifactorías. ¿Por qué entonces no privatizar el mar? ¿o permitir la ganadería marina de ballenas?