20/04/2010 - Ángel Fernández
La democracia enferma
Es fácil diagnosticar una democracia enferma. Hay síntomas evidentes como, entre otros: los elevados casos de prevaricación, tráfico de influencias y corrupción marchando al compás que marque la fiscalía, la nula separación de poderes, la falta de elección directa de los parlamentarios, o la ausencia de financiación transparente y democracia interna en los partidos políticos.
Sin embargo, quizás el síntoma más grave que caracteriza inequívocamente una democracia precaria es la carencia de independencia del poder judicial ya que es el pilar central sobre el que debe quedar constituida una democracia liberal; entendida ésta como un sistema político con elección libre de representantes, y siempre que logre instaurar un Estado de Derecho que permita garantizar la tutela judicial e independiente de los derechos individuales de los ciudadanos.
En una entrevista del año 1977, preguntado por el horror de financiar la burocracia colosal del estado de bienestar y por la racionalización del Gobierno, el premio Nóbel de Economía Friedrich A. Hayek comentaba:
“Mi única esperanza es realmente que algún país o países de menor importancia, los cuales por diversas razones tendrán que construir una nueva constitución, lo hagan sobre la base de líneas sensibles y sean tan exitosos que otros consideren de interés imitarlos. No creo que los países que están orgullosos de sus constituciones realmente necesiten experimentar con cambios en ellas. La reforma puede venir, por ejemplo, de España, que debe redactar una nueva constitución. No creo que sea realmente probable en España, pero es un ejemplo. Pueden probar ser tan exitosos que sería una forma de demostrar que hay mejores maneras de organizar al gobierno que la que tenemos.”
Sin duda, Hayek mantenía serias reservas a la posibilidad de que los políticos españoles lograsen evolucionar correctamente la dictadura franquista hacia una democracia liberal. Lamentablemente, los hechos confirmaron sus suposiciones.
La transición en España fue guiada por una mayoría de hijos y herederos políticos de la clase dirigente del dictador Franco, que habían vivido cuatro décadas de dictadura y, por tanto, no habían experimentado el funcionamiento de instituciones democráticas durante un periodo dilatado de sus vidas.
Vista en perspectiva, analizando la trayectoria de muchos políticos se observa un largo historial de cargos públicos y un dilatado patrimonio, por lo que muchos ciudadanos tenemos la sensación de que la clase dirigente, con maquillaje de izquierdas o con disfraz de derechas, sólo aprovechó la muerte del dictador para mantener posición social y económica y, seguir medrando cargos políticos bien remunerados. Cambiaron las caras pero, finalmente, incluso se acrecentaron los casos de corrupción, “cainismo” o secular enfrentamiento con el que piensa diferente.
De hecho, la Constitución fue redactada con remiendos que intentaron contentar a todos los ponentes, por lo que el articulado no limita las competencias autonómicas y, es extenso, contradictorio y lo mismo puede guiar hacia el marxismo real aplicando la “planificación” (art. 38 CE) como puede conducir a situaciones de capitalismo de Estado con el mercado intervenido por “causa justificada de utilidad pública e interés general” (art. 33 CE).
Dado que ideológicamente procedían de la derecha franquista, del nacionalismo y de la izquierda marxista, los ponentes constitucionales nunca apostaron con verdadero entusiasmo por garantizar la independencia judicial para realizar una protección eficiente de las libertades individuales. De ahí que, sin remordimiento de conciencia, decidiesen elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE) e, incluso, se crease un tribunal político (art. 159 CE) para decidir las discrepancias constitucionales.
Si comentamos la apoplejía de la democracia en España, es preciso señalar al ínclito Tribunal Constitucional, ya que sus miembros son elegidos por los mismos políticos cuyas leyes y actos administrativos deben juzgar, lo que puede ser bien catalogado como un tribunal político.
Cualquier ciudadano, que sepa razonar mínimamente, puede observar la evidente inconstitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña con artículos que otorgan estatus de nación, relaciones bilaterales, embajadas, convocatoria de referéndum de secesión y, hasta sistema judicial independiente.
De este modo, como una institución que permite maquillar “judicialmente” los atropellos legislativos de un Parlamento, el tribunal político denominado Tribunal Constitucional sigue aplicándose en el juego de retrasar la sentencia sobre el Estatuto, intentando que la población se habitúe a la ignominia de tener ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría en algunas regiones de España, con políticas nacionalistas financiadas por todos los contribuyentes.
Ya analizamos como por la jurisprudencia existente y el retraso de más de tres años en emitir su sentencia, algunos miembros del Tribunal Constitucional podrían estar cayendo dentro de los límites marcados por el artículo 449 del Código Penal, si se demostrase un “retraso malicioso en la administración de justicia”, dado que se ocasiona un perjuicio evidente a España al permitir la vulneración de la Constitución con la aplicación en la práctica del nuevo Estatuto, lo que supone actualmente hasta 41 leyes autonómicas aprobadas bajo el paraguas de su articulado y, 20 proyectos de ley en camino de “separar” las instituciones de Cataluña del resto de España.
La hoja de ruta está trazada desde hace mucho tiempo. Después de las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, la reforma encubierta de la Constitución que supone el nuevo Estatuto saldrá adelante de un modo o de otro, bien presionando al tribunal, bien renovando los magistrados por otros más dóciles, bien coaccionando a los solicitantes para que retiren su recurso de inconstitucionalidad y se plieguen a los intereses nacionalistas en Cataluña.
Mientras, los ingenuos ciudadanos validamos con nuestros votos esta democracia enferma, cuando elegimos, de modo indirecto y en listas cerradas, a los parlamentarios autonómicos y nacionales.
Es lamentable pero muchos “niños de papá” criados bajo el auspicio del antiguo régimen alimentan los partidos nacionalistas, de izquierda, centro y derecha. Y, entronizados en sus altos cargos políticos en el Parlamento y en el Gobierno de España, se apremian para mantener y acrecentar las prebendas que ya venían disfrutando con sus familias dentro de la nomenclatura de la dictadura e, irresponsablemente, no afrontan los desafíos democráticos del país.
Salvo muy honrosas excepciones, su objetivo no es proporcionar las condiciones más favorables para las libertades individuales, el crecimiento socioeconómico sostenido y los intereses geopolíticos de España. Al contrario, han primado sus intereses personales y de partido como herederos de la casta político judicial del régimen franquista que, treinta años después, todavía sigue medrando.
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Opinión de los lectores
Amenofis IV
A decir verdad, somos una democracia bisoña que, no sólo estamos pagando esta falta de experiencia, sino, como muy bien refleja el a artículo, nuestros cimientos fueron creados por la clase dirigente franquista y el resultado de todo ello es nuestra ambigua e intocable carta magna.
La constitución americana, con más de 200 años de existencia, se planificó sobre bases bien sólidas y respetando los principios de libertad, igualdad y democracia. Fue una nación que comenzó uniendo a su pueblo del imperialismo británico y, quizás, creo una de las mejores constituciones del mundo.
La treinta y pocos años de la constitución española no es motivo para estar a la altura de otras más importantes porque su origen está trufada de ideologías truncadas e intereses, más que plurales, individuales
enrique
Tampoco habla de sanidad publica y ahi está, etc etc
que va el enemigo avanza y allí tambuién
enrique
pongo un ejemplo economico, de derecho no entiendo.
en mi localidad caceres, el ayuntamiento se financia al 80% como todos de dinero venido de fuera lo que hace que se limite a presentar proyectos que puntuen para conseguirlo sin ningun inter´s para el ciudadano, y eso ocurre igualmente con las autonomias y con españa en relacion a europa, si tuvieramos que vivir de nuestro dinero eso no ocurriria, otra cosa es la ley que es la que es y el estatut es inconstitucional, ahora bien, la CE necesita un cambio y o aprovechamos para descentralizar o iremos a peor como ha demostrado europa.
el libre mercado sin libres acuerdos es empezar la casa por el tejado.
Javier Úbeda Ibáñez
Una democracia, en una sociedad que no respete los valores objetivos, será cauce, no de gobierno sino de desgobierno, no de desarrollo social sino de corrupción de la sociedad, no de la libertad sino del permisivismo, no del progreso sino del regreso a formas salvajes de vida. Más que democracia, será demagogia.
Sustituir la ley natural, que es universal e inmutable, por los dictados de la mayoría y, por tanto, extender la democracia al sistema de reglas y valores fundamentales que han de regir la vida social en cuanto organizada en Estado, deja a la democracia desamparada frente a las fuerzas disolventes de la sociedad y de ella misma. Pero, sobre todo, deja a la democracia sin su última y más básica fundamentación.
Si –como pretende el liberalismo de rancio abolengo– todo se funda en la prevalencia de los votos, ¿en qué se fundamenta la democracia? La respuesta es tan obvia como inquietante: se funda en ella misma. Y decimos que es inquietante, porque esto significa que carece de fundamento fuera de la pura voluntad del pueblo, a la que habría que calificar de arbitraria por cuanto carecería de un fundamento ulterior. Y a la voluntad arbitraria del hombre en política se la llama tiranía. De donde resultaría paradójicamente, que la democracia no sería otra cosa que la forma menos desagradable de tiranía. Afortunadamente la democracia no es eso; lejos de ser la forma menos mala de tiranía, de suyo es –o al menos puede ser– una excelente forma de gobierno.
La democracia en sentido actual –el que aparece en el siglo XVIII– es, ciertamente, una forma de gobierno en la que el pueblo designa a sus gobernantes; pero es también –y principalmente– un régimen de libertad. Sin libertades personales y, de modo fundamental, sin la libertad de ser persona –en el sentido propio de esta palabra– no hay democracia, aunque haya votaciones. Sólo por votar no se es persona, ni las elecciones son la democracia; ambas cosas son instrumentos para la libertad y para la democracia, mas no son la democracia ni la libertad.
Tres son –en nuestra opinión- las piezas fundamentales de la democracia: a) el Estado abierto a la realidad social, no el Estado neutro, idea, no por vieja menos peregrina, que falsifica la democracia, porque contradice la esencia misma de la democracia. Estado neutro en efecto, o equivale a Estado vacío de cultura y de moral, o equivale –y es lo que más frecuentemente ocurre– a Estado relativista y agnóstico, esto es, confesionalmente laico; b) la posibilidad de acceso al poder de distintas opciones y corrientes; c) la libertad de mayorías y minorías. Y todo ello postula que las ideas no vayan –primariamente– del Estado a la sociedad, sino de la sociedad al Estado. De ahí la importancia capital de las libertades en el pensamiento, de las conciencias y religiosa. Son una exigencia de autenticidad democrática. Y como corolario, la importancia capital de la libertad de enseñanza; es también exigencia de autenticidad democrática.
ÁNGEL FERNÁNDEZ
Lo que significa, que, ninguna institución (Gobierno, Parlamento, religión, patronal, sindicatos, partidos políticos, asociaciones,...) debe poder atropellar los derechos individuales, ya que los demás derechos derivan de ellos y, su garantía permite que los ciudadanos decidan libremente en el ámbito privado. Por tanto, es esencial para evitar el sometimiento de la población y para el mantenimiento de una democracia "sana" que la Constitución permita Garantizar la independencia judicial y el Estado de Derecho.
Pero, sin duda, los políticos deben ayudar, guardando un verdadero apego por la libertad de los ciudadanos y por la vida democrática. Interviniendo lo mínimo posible en la vida de las personas y, sólo buscando garantizar la seguridad (interior, exterior y jurídica) que permite alcanzar las máximas cotas de libertad para los ciudadanos y el continuo crecimiento socioeconómico de un país. Es decir, actuando sin elegir los jueces ni instrumentalizar políticamente sus sentencias.
De ahí, que haya escrito el artículo La democracia enferma y, en los próximos meses, comentaré tanto las características de la casta político-judicial que padecemos, como sus renuncios morales para perpetuarse en el poder.
En todo caso, para aquellos interesados en temas de reforma constitucional, merece la pena que visiten y lean los sucesivos artículos del BLOG.
Javier Úbeda Ibáñez
El Derecho natural tiene un contenido permanente e inmutable, válido para todos los hombres y todas las épocas; se basa en la naturaleza humana que a través de los tiempos permanece inmutable en sus caracteres primarios y esenciales. Afirmar que este Derecho evoluciona equivale a decir que la esencia del hombre sufre continuos cambios; sin embargo, el sentido común nos muestra que el hombre moderno no es, por ejemplo, ni más ni menos racional que el hombre de hace 2.000 años.
Los mismos que niegan el Derecho natural, no por eso dejan de calificar de injusta a una sociedad que permite la miseria de la mayoría junto a la lujosa opulencia de unos pocos; como no dejan de clamar contra tantas formas modernas de esclavitud o de colonialismo, ni contra el asesinato, el robo o la calumnia. Esta es la íntima y más profunda contradicción de toda forma de positivismo jurídico. Porque si no existe un orden de justicia, un Derecho superior y más vinculante que el Derecho positivo, si no hay un deber-ser dado al hombre y no por él constituido, ninguna conducta humana, ninguna estructura social, ningún régimen político podría ser condenado en nombre de la justicia. Toda conducta sería, de suyo, igualmente válida o lícita (incluidos el homicidio, la defraudación, el genocidio o el brutal atentado que quita vidas inocentes), de modo que toda justicia o injusticia provendría sólo de la ley positiva, esto es, de la decisión del grupo social.
Contra semejante conclusión está –repetimos- el testimonio universal –cualquiera que sea la explicación que de este hecho quiera darse- de que hay un deber-ser social, no instituido ni medido por el Derecho positivo, sino superior y anterior a él. Los mismos que niegan el Derecho natural con su opinión sobre el tema, lo proclaman con su vida, con su reacción ante situaciones injustas, con su invocación a valores sociales –v.gr. derechos humanos- sólo explicables a través del iusnaturalismo.
Es fácil advertir que estamos ante cuestiones que afectan a la esencia misma del Derecho. La condición del hombre como criatura, nos hace descubrir que el fundamento último de toda ley es la ley natural, que es universal e inmutable. Por el contrario, con frecuencia se considera que el fundamento del Derecho es sólo la autoridad del Estado, estableciéndose un positivismo jurídico, teórico o práctico, en el que la justicia e injusticia se definen intrínsecamente por la ley humana positiva. Pero, ¿de dónde toma esa ley humana su poder normativo? ¿De sí misma? Entonces toda orden sería justa, aunque la diese un tirano para oprimir a los demás. ¿Del consenso de la mayoría y de unos requisitos técnicos en la forma de ser aprobada y promulgada? Entonces una sociedad corrompida establecería la justicia de cualquier aberración grata a las pasiones de esa mayoría. Es decir, si se niega que la ley natural es el fundamento último del Derecho –o se pretende dictar leyes como si la ley natural no existiera- en perfecta lógica, habría que concluir con Karl Marx en que el Derecho no es más que un aparato decorativo del poder (K. Marx-F. Engels, La ideología alemana, Ed. Grijalbo, Barcelona, tercera edición, 1970, p. 377).
Si se destruye la conexión entre Derecho y Moral, entonces el ordenamiento jurídico pierde todo fundamento estable, con grave riesgo de degeneración progresiva. ¿No se encuentra ahí una de las raíces principales de la actual descomposición moral de tantas sociedades? Si la ley civil autoriza, por ejemplo, el aborto voluntario, ¿con qué fundamento prohíbe el robo a mano armada? ¿Por qué la mayoría así lo prefiere? El Derecho, entonces, queda reducido efectivamente a un aparato decorativo del poder de esa mayoría, o de su capricho, o de su egoísmo.
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