Prácticamente todo impuesto, per se, crea distorsiones. El IVA no es una excepción. Del mismo modo, no deja de ser cierto que en la presente coyuntura, gravar el consumo será obviamente contraproducente (sobre todo teniendo en cuenta la subida espectacular de la tasa de ahorro de los consumidores).

A pesar de todo, que una consolidación fiscal es necesaria es inevitable. Y que habrá que subir impuestos para sostenerla también lo es. ¿Es la única solución? No, por supuesto. Habrán de aumentarse los ingresos, pero también reducir los gastos; y parece que respecto a este último punto no hay tanta predisposición por parte del Gobierno. Así poco puede hacerse, la verdad.

No obstante, y como anotaciones, no está de más recordar algunos efectos que podría tener la retirada de esta propuesta del IVA que comentó Alberto Recarte http://www.libertaddigital.com/opinion/alberto-recarte/hay-que-mantener-la-subida-del-iva-53719/ (es un análisis, como todos, incompleto, pero no deja de aportar una visión igualmente cierta) y asimismo, también algunas anotaciones que hizo Kantor en esta entrada sobre la consolidación fiscal en España http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/2010/04/espana-ante-su-crisis/

En tiempos de crisis todo viene mal, especialmente cuando se toman medidas equivocadas o no se toma ninguna medida (en nuestro caso, han pasado ambas cosas). Pero lamentarse por lamentarse tampoco sirve de nada, por muy bien que esté recordar siempre los efectos secundarios de las medidas que en más de una ocasión toman nuestros políticos más por urgencia que por reflexión.

La resolución del problema de déficit actual del estado sin afectar al consumo y por tanto a la economía, podría apoyarse, además de en una reducción de los gastos “superfluos” del sector público, y aunque parezca paradójico, en un aumento espectacular del IVA, quizá 10 o 15 puntos, y en una reducción en la misma proporción de los impuestos directos de los ciudadanos (incluso, en el extremo, de su completa eliminación) y de las cotizaciones a la S.S., incluso, en el extremo, eliminarlas completamente. Seguridad Social que pasaría a financiarse mediante los ingresos del IVA . Igualmente se debería llevar a cabo una subida importante de las pensiones y de los subsidios de desempleo, al menos como para compensar la subida del IVA.

Planteado así en frío parece una locura, sin embargo si reflexionamos sobre los efectos de esa acción combinada nos encontramos que se conseguirían al menos los siguientes resultados:

- Los ciudadanos españoles dispondrían inmediatamente de mas recursos, unos por la reducción en sus retenciones a cuenta del I.R.P.F., y otros por el incremento de los subsidios que perciben, por lo que el impacto de la subida del IVA sobre el consumo sería reducido.
- Las empresas españolas podrían reducir inmediatamente los precios de los bienes y los servicios que ofrecen, al reducirse o incluso desaparecer la (enorme) partida correspondiente a la S. S. en sus costes de producción. Esta reducción en sus precios tendría un doble efecto:
o Compensar el incremento creado por la subida del IVA en los precios de los bienes y de los servicios que ofrecen dentro del mercado doméstico, “neutralizando” por tanto esa subida.
o Aumentar notablemente su competitividad en el exterior y por tanto sus posibilidades de exportación y como consecuencia (a) su capacidad de crear empleo (b) su rentabilidad y por tanto su contribución al estado en forma de impuesto de sociedades.
- Las empresas extranjeras que en este momento ofrecen sus bienes y servicios en España verían incrementados sus precios, por efecto del IVA, creándose de esta manera un efecto “arancelario”, sin que esto pueda suponer enfrentarse acuerdos internacionales de comercio.
- Los muchos millones de visitantes (turistas) que todos los años vienen a España contribuirían, en mucha mayor medida que hoy, al sostenimiento del gasto público en España, gasto público del que hoy se benefician (autovías gratuitas, atención sanitaria, limpieza municipal de calles, playas etc.)

Este efecto positivo en la modificación de la fiscalidad podría combinarse con una revisión de la “oferta” de bienes y servicios que el sector público hace, reduciendo algunas partidas y eliminando otras, a modo de ejemplos y sin otro objeto que la mera excitación de la imaginación de los administradores de la cosa pública, sugeriría:

- Desaparición en los Ayuntamientos, Organismos Autonómicos, y Gobierno central de todas las “concejalías, consejerías y ministerios de cultura”, y (por tanto) de todas las fiestas, conciertos, subvenciones, cursos, etc. pagadas por la cosa pública. El que se quiera divertir que se lo pague de su bolsillo.
- Transformación de todos los parlamentos regionales en cámaras de fiscalización y control del gobierno regional, con expresa prohibición de dictar leyes, decretos etc. salvo la ley del presupuesto anual del gobierno regional. Como para fiscalizar a un gobierno regional con 15 o 20 diputados regionales es suficiente, el gasto se reduciría enormemente. Esto además está plenamente justificado por la actual constitución que establece que “todos los españoles son iguales ante la ley” ya que, para que esto sea así, también las leyes deben ser iguales para todos los españoles.
- Prohibición de que los gobiernos autonómicos tengan participaciones en sociedades, cualesquiera que estas sean, y prohibición de las oficinas de representación de estos mismos gobiernos en el extranjero y en las demás autonomías.
- Transformación de el Congreso en una cámara de fiscalización y control del gobierno nacional, con expresa prohibición de dictar leyes, decretos etc. salvo la ley del presupuesto anual del gobierno nacional. Como para fiscalizar a un gobierno con 40 o 50 diputados nacionales es suficiente, el gasto actual se reduciría enormemente.
- Transformación del Senado en la UNICA cámara legislativa, con senadores votados en circunscripción única, con expresa prohibición de haber pertenecido o pertenecer a un partido político y por un periodo legislativo de ocho años.
- Ese Senado debería dictar (su primera ley una vez elegido) una ley general de edificación, válida para todo el territorio nacional, mediante la cual, quien cumpla la normativa, igual para todos, podrá edificar y quien no la cumpla no lo podrá hacer. De esta manera los políticos dejarán de tener mano (y meter mano) en las “recalificaciones” de terrenos, parcelas y demás solares.
- Prohibición de ocupar cualquier cargo publico por mas de ocho años. Prohibición de cobrar del presupuesto público (al margen de aquellos que lo hagan por ser funcionario), por mas de ocho años, incluyendo aquellos que cobren de los partidos, sindicatos etc. Con esta norma desaparecerán los “aparatchik” y los políticos vitalicios, salvo aquellos que tengan real vocación y se ofrezcan gratis a la comunidad.
- Transformación de las cajas de ahorros en bancos privados y venta de las mismas.
- Venta a manos privadas de todas las emisoras de radio, televisión y en general de cualquier medio de comunicación de propiedad pública.
- Etc.
Un saludo