13/07/2010 - Juan Morillo Bentué

Abaratamiento del despido: prosperidad y justicia

Si hay alguna acción imprescindible para mitigar el impacto de la crisis actual y conseguir salir lo antes posible de ella, ésa es la reforma del mercado de trabajo. Es, sin duda, la más necesaria para la economía española y no admite más dilación, ya que está relacionada con el déficit público y la recuperación del sistema financiero.

En su incompetencia, el ejecutivo de Zapatero, influido por una mentalidad claramente keynesiana, ha esperado para hacer una insuficiente reforma laboral. Ahora, en plena crisis, con más de 4 millones de parados (tasa de paro del 20%) y un déficit de más del 10% del PIB, quizás habrá caído en la cuenta de la necesidad de hacer reformas en el mercado laboral, después de que la situación sea tan insoportable que ya no hay muchos inversores dispuestos a prestarnos dinero, es decir, que ya no puede seguir endeudándose más.

Y ciertamente, realizar una reforma en época de crisis siempre es más costoso y doloroso que hacerlo cuando realmente se deben llevar a cabo las reformas, esto es, en las épocas de bonanza. (Aznar podría tomar buena nota de esto). Pero ya conocemos la inclinación de los gobiernos (en especial el de Zapatero) de legislar a porrazo de urgencia. Pero lo crucial con la reforma laboral no es hacerla rápido, sino hacerla bien.

Bajo mi punto de vista, una buena reforma laboral es aquella que permite reducir los costes laborales,que son el coste total en que incurre el empleador por la utilización de factor trabajo.

Se pueden destacar tres principalmente: los costes salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y las percepciones no salariales (entre las que se encuentran las indemnizaciones por despido). De estos tres costes, hay dos cuyas reformas son prioritarias: las cotizaciones a la Seguridad Social y las indemnizaciones por despido.

Me voy a centrar en la segunda, el abaratamiento del despido, porque creo que es la más significativo para la empresa. (En cuanto a la necesaria reducción de la cotizaciones a la Seguridad Social por parte de la empresa, hay que decir que realmente sería un beneficio para el trabajador y no tanto para la empresa, ya que lo que la empresa no pagase a la Seguridad Social se lo debería ofrecer necesariamente al trabajador para competir por el factor trabajo, por lo que sus costes laborales acabarían siendo los mismos).

Abaratar el despido hace que la contratación de nuevos trabajadores aumente automáticamente. Esto, que inicialmente puede resultar paradójico, es de fácil explicación: el empresario estará más dispuesto a contratar a nuevos trabajadores si sabe que en tiempos difíciles éstos no supondrán una carga pesadísima (muchas veces insuperable).

Lo que puede llevar a un empresario a querer despedir a un trabajador puede ser la mala situación económica de la empresa o la mala actitud y rendimiento del trabajador (ciertamente, todos conocemos casos en que un empleado que lleva muchos años en la empresa deja de rendir lo que se le supone y en muchos casos hasta genera discordia y conflictos con sus compañeros, pero la empresa no puede despedirlo por los altos costes que supondría su despido).

Desde luego, el poder llegar a estas dos situaciones y tener que asumir los altos costes de la indemnización de despido supone para el empresario un escenario poco alentador y arriesgado de cara a la contratación de trabajadores. Sin embargo, si el empresario sabe que no deberá incurrir en esos elevados costes laborales en caso de que la situación se torne mala, será mucho más proclive a incorporar nuevos trabajadores a la plantilla. Es de sentido común.

En este sentido, hay que darse cuenta que el abaratamiento del despido y el aumento de la contratación son dos caras de la misma moneda. Un marco laboral más flexible no hace que los empleados sean echados, sino que sean contratados.

Realmente, lo perjudicial de la situación no es que existan las indemnizaciones por despido, sino que éstas no se puedan pactar voluntariamente por las partes. Aquí reside el problema.

Las actuales indemnizaciones de despido suponen una injusticia tanto para la empresa como para el trabajador. Para la empresa, porque el único criterio que debería tener en consideración un empresario a la hora de despedir a un trabajador es su productividad, es decir, si cumple bien o mal las tareas pactadas con él en su momento, y no cuanto tiempo lleve en la empresa. Y para el trabajador porque, debido a que las indemnizaciones de despido están ligadas al tiempo de permanencia, en situaciones de dificultad económica para la empresa se acaba despidiendo a personas más jóvenes o que llevan menos tiempo en la empresa por el único motivo de que cuesta menos despedirlas, aunque estén mejor preparadas o su productividad sea mejor. Además, cualquier empresa responsable hace provisiones en previsión de las futuras indemnizaciones de despido que le puedan surgir, y esto se hace con cargo al salario de los trabajadores.

Ciertamente, el abaratar el despido es una medida antipopular en una sociedad tan dependiente del Estado como la actual, que no ha caído en la cuenta de las nefastas consecuencias para la persona que tiene que el Estado se adueñe ilegítimamente de los asuntos principales de nuestra vida (como, por ejemplo, el trabajo: nuestra libertad para contratar y ganarnos el sustento).

Pero el gobierno debería recapacitar qué interesa más, su popularidad o la prosperidad económica del país. Y ciertamente, sin la eliminación de las indemnizaciones de despido, España será un país menos prospero y, sobre todo, más injusto.