06/09/2010 - Alberto Illán Oviedo

Responsables

Según el Instituto Ethos, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC o RSE) es:

 “Una forma de gestión que define la relación ética y transparente entre la empresa y todas las partes interesadas con las que se relaciona, y los objetivos de negocio para impulsar el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales”.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

“Es el reflejo de la manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la legislación”.

Si siguiéramos nadando en las muchas descripciones que se dan sobre RSC, encontraríamos que en casi todas se repite de alguna manera la implicación de la empresa en el desarrollo social y en el cuidado del medioambiente, asumiendo voluntariamente una ética pública que aplicaría en sus actividades empresariales y extraempresariales. Todo esto suena bien: voluntario, solidario, sostenible, medioambiental, social. Cómo no iba a sonar bien si repite de manera sistemática buena parte de los mantras de la progresía, buena parte de las ideas más exitosas del intervencionismo. Es tan exitoso y tan políticamente correcto que pronto podría dejar de tener carácter voluntario para tenerlo obligatorio. Cualquier excusa es buena para desarrollar sistemas de ingeniería social como un “código ético” empresarial universal.

La empresa, la gran empresa sobre todo, asume su papel de malo y pide perdón a través de una actividad que conlleva el uso de capital y recursos que podían dedicarse a otros aspectos mucho más productivos. Porque nadie se confunda, la RSC es una “devolución”. Como se indica en el informe de la Caja de Ahorros del Mediterráneo:

“Devuelve a la sociedad un alto porcentaje de sus beneficios, a través de Obras Sociales”.

La actividad principal de una empresa es ganar dinero. Desde luego que a la empresa le interesa que la sociedad sea cada vez más rica, porque cuanto más lo sea, mayor renta tendrán los ciudadanos y habrá mayor demanda de sus bienes y servicios lo que redundará en su beneficio. La empresa ya tiene su propia “misión” social, descubrir desequilibrios y demandas y satisfacerlas. La empresa no debe “devolver” nada a la sociedad porque nada ha tomado, sino que ha habido un doble beneficio. El cliente tenía un dinero que por sí mismo no le servía de nada y ha obtenido el beneficio del producto o servicio que ha adquirido.

La RSC es un batiburrillo de actividades donde la cultura, la sostenibilidad, la inserción laboral, la igualdad de género, el patrocinio deportivo, la lucha contra la corrupción o la defensa del medio ambiente se mezclan con la necesidad de promoción de la propia empresa, con la de adaptación a los usos sociales y políticos, con la de una fiscalidad menor -si supone una reducción de impuestos-, con la adaptación a las políticas públicas estatales o a la presión de determinados lobbies. Es un conjunto de actividades y conductas que podría ser atributo de los individuos de la sociedad, de otras empresas, que lo convirtieran en fuente de beneficios, o de otras instituciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro, pero no necesariamente de la empresa que las implementa.

El problema surge de que durante décadas un Estado cada vez más gigantesco ha ido asumiendo una serie de competencias que por una u otra razón ahora no puede o no quiere desarrollar y que ha decidido trasladar a las empresas aprovechando la idea intervencionista, anticapitalista y totalitaria de que su beneficio es la pérdida de sus clientes que pagan precios abusivos. Una idea que implícitamente asume que el ciudadano es básicamente idiota, que no sabe lo qué quiere y que es engañado cuando paga un precio por un producto o servicio. Una idea que hace suya la empresa por simple supervivencia o porque sus gestores han decidido incluir voluntariamente la ideología dominante en su actividad.