20/10/2010 - Ángel Fernández
La lucha contra la violencia organizada
Es una inmoralidad la connivencia y la negociación de cualquier Gobierno con la violencia organizada en forma de bandas terroristas, mafias, señores de la guerra o extremistas del más variado pelaje, cuando va más allá de perseguir el castigo ejemplar de sus delitos y lograr su rendición sin concesiones.
Dada la importancia que tiene la violencia para el triunfo de las utopías “colectivistas”, permítanme que reflexione brevemente sobre la inmoralidad de las negociaciones políticas con las organizaciones violentas.
¿Por qué es inmoral la negociación con la violencia organizada?
Los ciudadanos tienen el derecho de exigir del Estado que como mínimo sea capaz de garantizar formalmente y proteger judicialmente de un modo eficaz los cuatro derechos esenciales para el desarrollo de una sociedad civilizada: el derecho a la vida (Art. 15 CE), el derecho a la libertad (Art. 16 y 17 CE), el derecho a la propiedad privada (Art. 33 CE) y el derecho a la igualdad ante la ley (Art. 14 CE).
Esos derechos individuales son universales, inalienables e inmanentes a la propia naturaleza de un ser humano libre, por lo que quedan por encima de cualquier ordenamiento jurídico organizado con base en una Constitución –o diversas normas y convenciones no escritas, como en Inglaterra— que recibe el consentimiento tácito o explícito de los ciudadanos.
Según esas dos premisas constituyentes, los ciudadanos tienen el derecho de exigir que todas las actuaciones del Estado vayan encaminadas a garantizar la protección efectiva de esos derechos intransferibles, mediante la existencia de un Estado de Derecho que proporcione seguridad democrática.
Seguridad Democrática
Pues bien, observar el proceso de consolidación institucional y de fortalecimiento de la seguridad democrática en Colombia sirve para comprobar cómo triunfan las políticas de lucha continua, tenaz, heroica e inteligente de su Gobierno, primero con Álvaro Uribe y ahora con el Presidente Juan Manuel Santos, contra un grupo narcoterrorista como las FARC.
La auténtica revolución es respetar el sistema de democracia multipartidista y arraigar la sociedad civilizada proporcionando seguridad e infraestructuras que extiendan la protección de los derechos individuales de los ciudadanos a todas las aldeas, pueblos y ciudades del país. Es una condición indispensable para que las personas puedan trabajar con tranquilidad para emprender sus negocios y poder hacer progresar sus familias, sin que ningún colectivo de bárbaros pueda imponer sus utopías mediante el ejercicio de la violencia organizada en forma de secuestros, extorsiones y asesinatos.
Amenazas para la seguridad democrática
Sin embargo, las amenazas terroristas que afronta la seguridad democrática son evidentes desde hace mucho tiempo. El 12 de enero de 1966, la primera Conferencia Tricontinental de La Habana dio origen a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), lo que sirvió para inaugurar el soporte y la colaboración internacionales de los regímenes y partidos comunistas con las organizaciones terroristas que promueven la “colectivización” de la sociedad por medio de la violencia.
Recientemente, el auto de procesamiento de etarras que ha emitido la Audiencia Nacional, en el sumario 75/09 (DP 263/2008), demuestra con documentos y pruebas fehacientes la colaboración terrorista internacional entre las FARC y la ETA.
Incluso las investigaciones policiales aportan datos sobre los apoyos al grupo terrorista ETA desde la “revolución bolivariana” del dictador Hugo Chávez y la protección desde la “revolución castrista” de Cuba. De hecho, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional está intentando procesar a supuestos terroristas que emplean como refugio el oasis caribeño como, por ejemplo, Arturo Cubillas –que tiene el dudoso honor de administrar para el Gobierno de Venezuela los procesos de expropiación— por su posible soporte en el adiestramiento en territorio venezolano de grupos de terroristas de las FARC y de ETA.
Reiteradas y erróneas concesiones
En cualquier caso, contrasta la actual seguridad democrática impulsada desde la Presidencia de Colombia y su lucha sin concesiones frente al narcoterrorismo, con la inmoral actitud negociadora del Gobierno de España.
Como parece inverosímil que un Estado democrático negocie con la violencia organizada, permítanme que señale las últimas concesiones del Gobierno de España.
En primer lugar, podemos observar cómo la estrategia de seguridad frente a la violencia organizada en el ámbito internacional no está actuando para arrinconar a los países y grupos que ejercen la violencia como método delictivo para conseguir fines políticos. De hecho, el Gobierno de España consiente en mantener relaciones diplomáticas “normales” con dictaduras comunistas como Venezuela y Cuba, dando oxígeno a sus políticas totalitarias de aplastamiento de los opositores y quebrantamiento de los derechos humanos más básicos.
Aún peor, con su diplomacia “naif” de alianza de civilizaciones, más propia de un patio de colegio que de una democracia occidental, el Gobierno de España se permite negociar con los grupos terroristas de Al Qaeda en Mauritania y pagar un rescate –de más de 3 millones de euros— para liberar ciudadanos, secuestrados en razón de su temeridad e imprudencia al hacer “turismo de cooperación” en regiones pobres, pero peligrosas, en que proliferan grupos armados y extremismo religioso.
La extorsión consentida y el rescate pagado a esos grupos terroristas sirven para alimentar su violencia con la financiación de futuros atentados y ataques. En el caso del islamismo radical, se financia el terrorismo en lejanos países como Irak o Afganistán –donde todavía trabajan heroicamente [1] [2] los militares españoles para proporcionar un mínimo de seguridad democrática—, pero también en Europa.
En segundo lugar, la estrategia de seguridad frente al terrorismo en España está siendo aún más equivocada, ya que el Ministerio de Interior de España negocia de un modo encubierto con el grupo terrorista ETA desde hace tiempo [3][4][5], en un claro ejercicio de hipocresía política y de evidente ausencia de valores éticos. Esto puede significar que el entorno del terrorismo pueda seguir gobernando en 41 municipios del País Vasco y esté presente en las diputaciones forales, lo que significa nutrir sus arcas con 31 millones de Euros anuales de los fondos públicos para que puedan mirar para otro lado o bien, directamente, ejerzan actos administrativos o “subvencionen” la violencia en contra de los ciudadanos no-nacionalistas de esas aldeas y pueblos.
La negociación inmoral implica que se sigan otorgando beneficios penitenciarios (acercamiento de presos, concesión del tercer grado, reducción de condenas…). También puede suponer que se permita a organizaciones vinculadas al entramado terrorista etarra su participación en las próximas elecciones municipales por medio de una nueva tregua trampa y a pesar de seguir ejerciendo la violencia en contra de la población indefensa.
Menos atentados a cambio de esa negociación para conseguir sus fines, y mayor recaudación por sus actos violentos, según revela el estudio sobre el coste económico del terrorismo del catedrático Miguel Buesa de la Universidad Complutense de Madrid, que ya había realizado un estudio científico sobre las consecuencias económicas del terrorismo nacionalista en el País Vasco.
Fatal arrogancia de la negociación
En su fatal arrogancia, los políticos sin escrúpulos se creen llamados a salvar un país durante sus mandatos, obcecándose en conseguir réditos electorales que siempre son cortoplacistas, en vez de proseguir con las políticas de presión policial, financiera y judicial que obtengan resultados en el largo plazo, después de décadas de trabajo de muchos Gobiernos de diferentes ideologías, pero con conceptos claros en lo que a la lucha contra el terrorismo se refiere.
Pretenden apuntarse ellos solos la medalla electoral de erradicar el terrorismo, sin pararse a pensar en los valores morales que transmiten a la sociedad y en los perjuicios que ocasionan a la política contraterrorista de largo recorrido.
Las concesiones políticas en una negociación de “condiciones de paz” con el terrorismo son un error de concepto, ya que, aparte de inmoral, es una actitud débil y meliflua que postra a toda una nación ante las utópicas exigencias del grupo de violentos.
La negociación es, además, estéril ya que “retroalimenta” las acciones violentas al proporcionar objetivos políticos alcanzables a los terroristas y proporcionar esperanzas de rebajar el horizonte penal de los criminales, caracterizados por un perfil psicológico que les permite realizar actos de violencia sin sentir empatía ni sentimiento de culpa por las víctimas, rasgo propio de las personalidades psicopáticas.
Desde ese posicionamiento amoral, intentan imponer sus ideas extremistas a una sociedad por medio de pistolas y bombas, con treguas tácticas para rearmarse y nunca cejando en su empeño por conseguir sus objetivos radicales “colectivistas”, ya sean políticos o religiosos. Por ello, cualquier intento de negociación está condenado a fracaso, salvo que el Estado objeto de la violencia ceda a las pretensiones de los terroristas.
Valores morales y derrota del terrorismo
Los hechos de connivencia y negociación con la violencia organizada, nos permiten constatar cómo la casta político judicial puede acabar perdiendo los valores que son imprescindibles para defender los derechos civiles y derrotar al terrorismo, cuando no se produce la renovación generacional o bien queda distorsionada con gente poco cualificada moral e intelectualmente. Una lamentable situación que se produce por la carencia de democracia interna y de transparencia financiera en los partidos políticos, que son esenciales para la renovación de las ideas y la regeneración en los valores.
En estos casos, la estructura institucional queda rehén de las renuncias morales de la casta político judicial y no se corrigen las fisuras normativas que impiden una lucha noble e inteligente contra la violencia organizada. Una lucha que evite atajos como las negociaciones encubiertas, las hojas de ruta de concesiones penitenciarias, el “ensuciamiento” de las togas con el “polvo” del camino, y la rendición de un Estado frente a la violencia organizada.
Las autoridades políticas con valores morales nunca ceden ante el chantaje terrorista ni ante pueriles estrategias electorales. Asientan sus decisiones en el respeto estricto por los ciudadanos de bien, donde, por méritos evidentes, se incluyen las víctimas del terrorismo.
Y ese respeto significa emplear con profesionalidad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detener sin excepción a los delincuentes y aplicarles el Estado de Derecho con todo el peso de la ley. Porque la lucha contra el terrorismo es un camino unidireccional que debe contemplar esencialmente el triunfo de la sociedad civilizada mediante la derrota de los violentos y el derecho de las víctimas al resarcimiento del daño ocasionado por los criminales y, de modo especial, en los casos de asesinato.
Sentimos vergüenza los ciudadanos de bien cuando comprobamos como un asesino de 25 seres humanos, como el etarra José Ignacio de Juana Chaos, puede pasear libremente por las calles de Irlanda del Norte porque se ha beneficiado de una legislación penitenciaria “blanda” y de un Gobierno “benévolo y transigente” con la violencia terrorista, que ha permitido que cumpliese sólo 9 meses de cárcel por cada uno de sus 25 asesinatos.
Opinión de los lectores
DTR
No conozco la situación de ETA en España, pero negociar o no negociar no es cuestión de moralidad, es cuestión de estrategia y prudencia políticas. En unos casos conviene, en otros no.
Lo que sí me parece inmoral, frente al tema del respeto a la vida es la erradicación violenta de estos grupos. ¿El hecho de ser terroristas les quita el derecho a un juicio justo o que los intenten al menos capturar?
ANGEL FERNANDEZ
Intento explicar que la lucha contra el terrorismo debe estar encaminada a que triunfe la sociedad democrática multipartidista sobre la barbarie terrorista.
Las concesiones al terrorismo son un error, más allá de la rendición de los delincuentes que lo ejercen. Explico arriba como la negociación es una equivocación y, sólo es moralmente lícita si (y sólo si) se orienta a que dejen las armas los terroristas y no se conceden beneficios a los delincuentes con delitos de sangre penitenciarios que, por ejemplo, permitan que un asesino etarra (como el ínclito José Ignacio de Juana Chaos) cumpla sólo 9 meses de carcel por cada asesinato cometido y, de hecho, esté circulando libremente por Europa con el conocimiento del Gobierno que está negociando.
Es decir, por encima de cualquier Gobierno y por encima de un proceso de negociación están los derechos civiles de los ciudadanos de bien.
Y, por supuesto, los derechos civiles (vida, libertad, propiedad e igualdad ante la ley) de los ciudadanos de bien están moralmente por encima de los derechos de los criminales.
Y, evidentemente, el derecho al resarcimiento del daño ocasionado (asesinatos, extorsiones, secuestros,...) a las victimas de la violencia organizada también está moralmente por encima de cualquier proceso de negociación y por encima de los derechos de los violentos.
No quiero decir que los terroristas no deban tener sus derechos individuales (vida, libertad, propiedad, e igualdad ante la ley), pero sí que con las garantías procesales pertinentes, no es posible que un proceso de negociación acabe otorgando más derechos a los violentos organizados que a las víctimas o a los ciudadanos de bien.
De ahí, proviene la justificación moral para que sea combatida la violencia organizada y, por tanto, que los delincuentes puedan ser combatidos, procesados y/o encarcelados desde un Estado de Derecho.
Lo que es equivocado es anteponer los derechos de los delincuentes en un plano superior a los derechos de los ciudadanos de bien. Desde el momento que una persona decide ejercer la violencia se expone a que el Estado de Derecho castigue sus delitos de acuerdo con las leyes y de modo contundente y sin concesiones.
En todo caso, comento también que: "aparte de inmoral, es una actitud débil y meliflua que postra a toda una nación ante las utópicas exigencias del grupo de violentos.
La negociación es, además, estéril ya que “retroalimenta” las acciones violentas al proporcionar objetivos políticos alcanzables a los terroristas y proporcionar esperanzas de rebajar el horizonte penal de los criminales, caracterizados por un perfil psicológico que les permite realizar actos de violencia sin sentir empatía ni sentimiento de culpa por las víctimas, rasgo propio de las personalidades psicopáticas".
Un saludo para los lectores de una nación tan vital y emprendedora como Colombia.
Amenofis IV
No quiero dejar a entender que la constitución es papel mojado, ni mucho menos. Es el ordenamiento jurídico español que vertebra todas las libertades y derechos de un país democrático y muy orgullosos deberíamos estar de contar con la constitución que tenemos (aunque tenga algunos errores anacrónicos objeto de otro debate).
El terrorismo es el fiel reflejo de la sinrazón de la muerte gratuita, y por mucho que nos pese, esa larva está injerta en nuestro país de una manera tan pegajosa que difícilmente lograremos despojarnos de ella con los medios habituales de detenciones de etarras de que juegan en tercera y descubrimiento de arsenales terroristas, es como matar moscas a cañonazos. En mi humilde opinión, en una sociedad libre, nadie tiene el monopolio del saber, y comparto la idea de nuestro lector colombiano al defender un diálogo con terroristas si, al menos, hay cierta esperanza de alcanzar un futuro más prometedor. Sería iluso pensar pagar a terroristas con el fin de que abandonen las armas, no, esa no es la cuestión. Intentamos abrir otros términos de diálogo, un contacto que deje entrever a las claras que se puede sacar algo fructífero de ello, por muy mal que suene. Hay que intentarlo. Llevamos tantos años de democracia como de terrorismo, esto indica que algo estamos haciendo mal.
Si me paso 30 años intentando pescar salmones con una caña de madera y no he conseguido ninguno, creo que sería hora de probar otros métodos. Puede que así pesque algo.. ¿no creen?
Pedro
ANGEL FERNANDEZ
El marco juridico, la existencia de policias honrados y jueces independientes y, en definitiva, el Estado de Derecho tiene que salvaguardar los derechos civiles de los ciudadanos de bien frente a la barbarie de la violencia.
Por ese motivo, existe una legitimidad moral para el derecho de rebelion y la oposicion a los Gobiernos y organizaciones (nacionales, regionales, locales o incluso internacionales) que "imponen" dictaduras de cualquier signo politico (comunistas, fascistas, nacionalistas, nacionalsocialistas,...) sobre los ciudadanos porque oprimen sus derechos civiles fundamentales (a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley); ya que estos derechos son esenciales para el arraigo y mantenimiento de la sociedad civilizada, entendida como un orden extenso, complejo y abierto de colaboracion humana.
Al negociar con la violencia organizada se pone en un mismo nivel moral a los terroristas y a los ciudadanos de bien que son el objetivo de sus crimenes.
Y, por ello, la negociacion destruye los valores morales que estan fundados en el respeto "estricto" por los derechos individuales que son los respondables del arraigo de las sociedades abiertas.
Es decir, la negociacion, ademas de estrategicamente improductiva (por los motivos arriba indicados), consiente y permite el ataque, la coaccion y la violencia sistematicos en contra de los derechos individuales (a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley) de los ciudadanos de bien, por lo que deslegitima a los Gobiernos que ceden al chantaje terrorista y van mas alla de la rendicion total y sisn condiciones de los criminales .
Observatorio Internacional Víctimas del Terrorismo del CEU
Los premiados José María Aznar, Álvaro Uribe, Covite y Guillaume Denoix coincidieron en dos aspectos fundamentales:
"el respeto al Estado de Derecho y el reconocimiento a las víctimas".
...
Cayetano González
El artífice de los congresos internacionales de víctimas del terrorismo y de estos premios, con su trabajo al frente del Observatorio, fue el encargado de abrir la gala, con un discurso en el que agradeció especialmente a José María Aznar y Álvaro Uribe –Colombia acogió en Bogotá y Medellín, dos de estos congresos– su apoyo decidido al trabajo del Observatorio. En estos tiempos en los que tanto se habla del "final del terrorismo", González quiso dejar claro que "el único camino admisible si se quiere respetar tanto el Estado de Derecho como la Memoria de las víctimas del terrorismo, es el de la aplicación estricta de la ley y solo de la ley, sin atajos de ningún tipo".
Una idea que presidió todo el acto. Todos los premiados hicieron hincapié en ese estrecho vínculo que une la memoria y la dignidad de las víctimas con el imperio de la ley, del Estado de Derecho y, en definitiva, la justicia.
...
Ex-Presidente del Gobierno de España
Uno de los más enérgicos fue el ex Presidente del Gobierno Español, José Mª Aznar, con una intervención muy pegada a la actualidad, en la que rechazó que "un lenguaje viscoso, pensado no para condenar el terrorismo sino para evitar esa condena, se considere suficiente para abrirles las puertas del sistema del que siguen siendo enemigos y al que quieren destruir".
"No es decente hablar de todas las víctimas. Víctimas que merezcan nuestro reconocimiento sólo son unas: las víctimas inocentes; las asesinadas por la bomba de un terrorista, no el terrorista que muere al estallarle la bomba que preparaba para matar", añadió Aznar, al tiempo que se mostró convencido de que "somos muchos los que no suscribiremos ninguna vuelta atrás en el terreno ganado con tanto sacrificio".
Sin embargo, en un momento determinado de su discurso se detuvo y repitió en dos ocasiones y con especial énfasis: "La democracia no debe hacer transacciones, debe triunfar".
...
Ex-Presidente del Gobierno de Colombia
Por su parte, también fue premiado el ex Presidente del Gobierno de Colombia, Álvaro Uribe, que basó su política en la premisa de que "la seguridad es un requisito indispensable para la libertad".
El momento más emotivo de la gala llegó de la mano de Álvaro Uribe, que nada más recoger el galardón llamó a Frank Pinchao. Luciendo el uniforme de la policía colombiana, repleto de medallas en la pechera, este suboficial subió al estrado y Uribe le entregó el premio, "en representación de los héroes de la policía y fuerzas armadas colombianas que luchan en primera línea contra la narcoguerrila". Pinchao estuvo siete años secuestrado por las FARC. Logró huir y sobrevivir solo en plena selva. Gracias a él, el ejército consiguió las coordenadas para localizar el campamento donde los terroristas tenían a Ingrid Betancourt, con quien compartió cautiverio. Uribe recordó también a todos los policías y militares que han entregado su vida en el combate contra el terror y a los casi dos mil compañeros de Pinchao que han sido mutilados.
Dupui
González y el GAL"
"No les falta razón a quienes, a raíz de las declaraciones de Felipe González en El País, señalan que "él mismo se está poniendo en situación de decir que la famosa X de los GAL era él". Sin embargo, no les voy a hablar de algo que, como la responsabilidad del ex presidente del Gobierno socialista en la guerra sucia contra ETA, doy por descontado, sino del enorme ejercicio de hipocresía que siempre me pareció su práctica por parte de quienes, de forma paralela, se rasgaban las vestiduras ante cualquier requerimiento de endurecimiento legítimo del Estado de Derecho en la persecución de ETA y de su entorno.
Aquella orgía criminal, en la que se malversaron fondos públicos y en la que se asesinó, torturó y secuestró a miembros de ETA y a otras personas que nada tenían que ver con la organización terrorista, fue autorizada por quienes, al mismo tiempo y de cara a la galería, denigraban como una rémora franquista o una muestra de fascismo, no ya la aplicación con todas las garantías jurídicas de la pena de muerte, sino la mera exigencia de la aplicación íntegra de las penas de reclusión a los terroristas con delitos de sangre.
Eran los mismos que también ponían a caldo a Manuel Fraga por atreverse a pedir algo como la ilegalización de la entonces Herri Batasuna. Con complejo de "nuevo demócrata", González y los suyos mantenían al Estado de Derecho al ralentí y daban una imagen papanata e impotente de la democracia que la presentaba como incompatible con el aumento de la represión del delito, en general, y del terrorismo en particular.
González ha recordado ahora la nula colaboración antiterrorista que efectivamente en aquella época cabía esperar del Gobierno francés. Pero, al margen de las nulas iniciativas legislativas de su propio Ejecutivo para endurecer la lucha legal contra ETA y su entorno, ¿cuántos reproches, quejas o protestas, dentro o fuera de nuestras fronteras, hizo públicamente el Ejecutivo de González contra el Gobierno socialista de François Mitterrand por su nula colaboración? Ninguna. Y es que entonces lo "progre" era despotricar contra un Reagan o contra una Thatcher pero no contra un Ejecutivo socialista.
A este respecto recuerdo también que, en una operación antiterrorista, los servicios secretos británicos abatieron a tres miembros del IRA en Gibraltar, y que la primera ministra zanjó el asunto diciendo en el Parlamento su célebre "he sido yo". Claro que esa operación antiterrorista nada tiene que ver con el latrocinio y la orgía criminal que se montaron aquí nuestros fariseos.
El caso es que aquel papanatismo estúpido, aquellas erradas y suicidas constricciones de quienes se negaban a poner la ley a pleno rendimiento contra ETA detonaron aquellos estallidos criminales. A mí siempre me evocó la imagen de un puritano fanático que, tras censurar el sexo, incluso en el seno del matrimonio, si no es con el objetivo exclusivo de engendrar un hijo, lo hubieran pillado en un burdel.
En el fondo lo que evidencia el GAL es un profundo nihilismo, una falta de respeto al imperio de la ley y una desconfianza hacia sus enormes posibilidades. No nos extrañe que González autorizara aquella guerra sucia contra ETA tanto como ahora ha avalado la "paz sucia" de ZP."
Inmoralidad de la casta político judicial de España:
Con los dirigentes terroristas que ordenaron los asesinatos de ETA, como los ejecutados por orden de Josu Ternera como máximo dirigente del grupo terrorista.
Estado de Derecho 
Terrorismo 
© 2005-2012. Instituto Juan de Mariana. Todos los derechos reservados.