21/02/2006 - Antonio Nogueira

George Orwell en la empresa familiar

Después del Código del Buen Gobierno, ahora le toca el turno a la empresa familiar. El intervencionismo en los negocios no descansa. El proyecto de Decreto Regulador de la Publicidad de los Protocolos Familiares exigirá la exposición pública en el Registro Mercantil de la información confidencial recogida en el protocolo, documento privado de carácter voluntario. De nuevo, otra amenaza a la libertad empresarial.

Las estadísticas sobre la continuidad de empresas familiares en España suelen ser muy preocupantes y hablan por sí mismas: de cada cien empresas constituidas en la primera generación, sobreviven treinta de ellas en la segunda, y en la tercera generación el número de emprendimientos queda reducido a quince. Para evitar esa difícil situación originada por múltiples causas (desidia, corrupción, conflictos) y asegurar la prosperidad de un tipo de negocios que representan al 80 % del tejido empresarial español, surgió el protocolo familiar, útil instrumento de estabilidad en los negocios familiares durante el paso del tiempo, al igual que otras medidas; por ejemplo, los planes de sucesión que orientan la carrera profesional de los mejores candidatos hacia el futuro liderazgo empresarial familiar.

El protocolo familiar es la carta magna de los derechos y deberes para la supervivencia de la familia empresaria. El protocolo recoge los siguientes aspectos, entre otros: ámbito de aplicación, valores familiares, órganos de gobierno, acceso, permanencia y salida de la empresa, compensación salarial, papel del socio y papel del empleado, venta, transmisión y administración de acciones, reparto de beneficios, ayudas a la familia y revisiones periódicas del protocolo. Se trata, por tanto, de un conjunto de disposiciones que aseguran la conservación de la actividad emprendedora. Hay familias empresarias que prefieren que su protocolo permanezca –tras la colaboración de un experto– estrictamente en la intimidad del negocio, como también las hay que eligen que parte de ese acuerdo sea tenido en cuenta por la fe notarial a través de escritura pública para preservar una mayor seguridad jurídica.

Precisamente esta segunda opción (con escritura pública) recuerda los artificios del Código del Buen Gobierno, cuando el citado proyecto gubernamental formula al principio un falso espejismo de voluntariedad para luego exigir nada menos que la publicidad mercantil de los secretos de cualquier empresa: estrategias, reorganización, valoración de acciones en el momento de herencia o donación así como los pactos acordados sobre condiciones para acudir a posibles laudos arbitrales. La confidencialidad queda al descubierto frente a terceros en aspectos claramente sensibles.

Si el decreto prospera, los protocolos acordados sin notario tampoco escaparán a la vigilancia estatal. No deben obviarse situaciones de riesgo moral o de relación de agencia entre los partícipes de un protocolo, sin cuyo consentimiento dicho documento no podrá seguir adelante y que prefieran por motivos poco claros la publicidad registral que el decreto impone. Habrá familias que envenenarán su futuro por causa de la anunciada obligación.

En definitiva, se ha producido un efecto perverso ante la existencia de un pacto privado inspirado en la libertad y basado en el afán legítimo de perfección de negocios que generan prosperidad para muchos durante mucho tiempo. Lo que empezó siendo pura espontaneidad deviene en el enésimo instrumento de intromisión estatal.