16/05/2011 - Ángel Fernández
Una errónea Segunda Transición hacia la cleptocracia
Los españoles estamos asistiendo a un proceso de cambio institucional que se está realizando de espaldas a los ciudadanos, aprovechando las fisuras normativas que presenta la Constitución Española de 1978 para imponer a los ciudadanos una hoja de ruta de "ingeniería social", con una prepotencia y una inmoralidad que permiten catalogar al régimen que padecemos de partitocracia.
Una errónea Primera Transición hacia la partitocracia
La primera transición se realizó por medio de un proceso constituyente que desembocó en el texto constitucional que fue aprobado por los ciudadanos en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Los "padres" de la democracia negociaron durante meses para integrar a la mayoría de partidos en un régimen democrático multipartidista. Sin embargo, se produjeron excesivas concesiones a los partidos minoritarios de ideología independentista, razón principal por la cual el Título VIII se aprobó sin que se fijasen competencias bien definidas, fijas y estables, entre el Estado central (art. 149 CE y art.150 CE) y el Estado autonómico (art. 148 CE).
Adicionalmente, el "consenso" no instauró un sistema electoral que asegurase un Gobierno de España fuerte (art. 99 CE) y un Parlamento (art. 68 CE) independiente y, por otro lado, tampoco se preocupó de garantizar la independencia del poder judicial (art. 122 CE) dotando al país de elecciones de jueces o, simplemente, de un Tribunal Superior (art. 123 CE) en donde pudiesen actuar jueces con carrera profesional brillante y carácter vitalicio, lo que, desgraciadamente, no sucede en el tribunal político que denominamos Tribunal Constitucional (art.159 CE).
Si a lo anterior sumamos la carencia de financiación transparente y de democracia interna en los partidos políticos, es fácil comprender las razones principales por las cuales puede calificarse la primera transición de erróneamente guiada hacia una partitocracia. Desde luego, ha proporcionado 30 años de desarrollo económico, gracias principalmente a la incorporación al mercado común europeo y a la acción humana de millones de españoles trabajando con amplias libertades civiles respeto de la dictadura.
Sin embargo, lejos de ser complacientes, debemos observar cómo muchos de los errores constituyentes han permitido la degeneración de la democracia, formándose una casta político-judicial que ha instaurado una partitocracia con el poder político repartido en clanes regionales "autonómicos" que reparten prebendas públicas entre los ciudadanos, organizaciones y empresarios locales, con múltiples casos de corrupción y prevaricación que desprestigian las instituciones y aíslan los partidos políticos, frente a una mayoría de ciudadanos de bien.
Una errónea segunda transición hacia la cleptocracia
Pues bien, ya analizamos cómo la degeneración institucional evoluciona desde una partitocracia hacia la cleptocracia que, en el caso de España, se produce con una constante centrifugación del poder hacia clanes regionales autonómicos. Y este proceso de involución podría ser la principal razón que podría estar impulsando la realización de un segundo proceso de cambio institucional que ha roto el contrato institucional, aprobado en referéndum el 6 de diciembre de 1978 por una amplia mayoría de los españoles, porque ataca el espíritu de la ley base del ordenamiento jurídico español y prescribe la validez de los principales artículos de la Constitución.
De hecho, el Tribunal Constitucional actúa como un tribunal político que está proporcionando la cobertura "legal" a un proceso de cambio institucional que pretende realizar una segunda transición, gradual y errónea, hacia un estado confederal, con integración del terrorismo en las instituciones, con desvertebración territorial, legislativa y presupuestaria y, en definitiva, con constante enfrentamiento futuro entre las regiones.
Hoja de ruta "errónea"
Y resulta elocuente comprobar el silencio de muchos medios de comunicación ante las protestas ciudadanas, actuando como cómplices del Gobierno en su estrategia de ningunear las voces discrepantes.
Tal y como hemos explicado [1][2][3][4], existen alternativas para racionalizar el sistema autonómico y frenar el secesionismo sin necesidad de recurrir a pactos inmorales con delincuentes terroristas.
Según ha avanzado en repetidas ocasiones el ex-Ministro de Interior, el proceso de "ingeniería social" que pretende imponer el irresponsable Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, conduce España hacia un camino de servidumbre al nacionalismo separatista. Permítanme que esboce la probable hoja de ruta del proceso de negociación y rendición frente al nacionalismo separatista que parece contar con los siguientes hitos:
- Paso 1. Estructura confederal del Estado. Legalización de una estructura "confederal" del Estado por medio de la sentencia STC 31/2010 del Tribunal Constitucional que da cobertura legal parcial al nuevo Estatuto de Cataluña a pesar de la jurisprudencia previa y significa la destrucción de derechos civiles y de la igualdad ante la ley (art. 14 CE) en España.
- Paso 2. Integración de la organización terrorista ETA en las instituciones. Legalización de una coalición electoral que permite integrar a representantes "cercanos" a la organización terrorista ETA por medio de la sentencia de 5 de mayo de 2011 del Tribunal Constitucional por el recurso de amparo 2561/2011.
- Paso 3. Integración de Navarra en el País Vasco. Futura legalización de un proceso de integración de Navarra al País Vasco mediante un referéndum según ya contempla la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución.
- Paso 4. Procesos de independencia de regiones controladas por nacionalistas. Futura legalización de diversos procesos de consulta secesionista similares al promovido por el lehendakari en el año 2008, intentando evitar la aplicación del art. 155 CE pero abiertamente en contra del preámbulo y los artículos 1, 2 y siguientes de la Constitución.
Con el listado de hitos anterior no pretendo reflejar la verdad absoluta sobre un proceso de negociación con el secesionismo. Sí pretendo que el lector visualice el alcance del problema que debemos enfrentar los ciudadanos de bien en España para analizar lo errado de un proceso de negociación con el nacionalismo separatista.
En primer lugar, intentar integrar al terrorismo en una sociedad libre significa no entender la naturaleza psicopática de los terroristas y sus secuaces y, por tanto, no comprender el desafío que suponen las ideologías totalitarias ya que, para sobrevivir intelectualmente, necesitan recurrir a la dominación política de la sociedad mediante la coacción y la violencia sobre los ciudadanos que piensan diferente.
La delincuencia terrorista se combate eficientemente con persecución policial, financiera y jurídica y con cumplimiento íntegro de las penas. Nunca con erróneas negociaciones ni con concesiones políticas que sólo proporcionan justificaciones para que intenten nuevamente la consecución de sus fines políticos mediante la aplicación de más terror en determinados territorios gobernados por políticos susceptibles de arrodillarse y rendirse ante los violentos.
En segundo lugar, intentar reformar una Constitución sin el consenso de la mayoría de la población, que se obtiene vía referéndum, significa no entender cómo funciona una sociedad civilizada, entendida como un orden extenso, abierto y complejo de cooperación humana.
Por ello, muchos ciudadanos de bien consideramos que los objetivos de la errónea segunda transición están diametralmente alejados de los valores morales y la organización territorial de un Estado moderno que arraigan instituciones que permiten una convivencia pacífica entre regiones y ciudadanos.
Invalidación constituyente
Deseo más que nadie que no se cumpla la hoja de ruta que he esbozado, dado que los errores en el marco institucional de un país se pagan caro, cuando las autoridades y la sociedad civil no saben actuar a tiempo, con honestidad, valores morales y sentido de Estado, con inteligencia y una estrategia constitucional a largo plazo.
En el año 1978, la primera transición se realizó con una ratificación legal de los ciudadanos y se buscaba la integración de un amplio espectro político a cualquier precio, pero ya contenía errores de bulto porque se realizó sin tener en cuenta la importancia de ciertas instituciones para el desarrollo de una sociedad abierta.
Y, ahora en la segunda década del siglo XXI, estamos asistiendo al deleznable espectáculo de una errónea segunda transición que se realiza sin contar con la opinión de los votantes –que pagan con sus impuestos los salarios y las prebendas de la casta político-judicial—, por lo que queda invalidada constitucionalmente al no recurrir al Título X que especifica cómo proceder legalmente con una reforma constitucional.
Lo que es más grave, la errónea Segunda Transición se desarrolla contrariamente al espíritu constituyente de la primera transición, empleando un tribunal controlado por políticos para otorgar una pátina de "legalidad" a un espuria hoja de ruta –diseñada para transformar España en una confederación de autonomías que operan como "Reinos de Taifas"—, mediante sentencias que no gozan de los principios judiciales de la independencia o de la imparcialidad, puesto que los miembros del Tribunal Constitucional han sido elegidos por los mismos políticos cuyas leyes y actos administrativos deben enjuiciar.
Punto de inflexión institucional
El paso dado por el Tribunal Constitucional, permitiendo la presencia de la coalición Bildu (*) en las elecciones municipales, muestra claramente cómo la apuesta de la casta político-judicial es un órdago que no se retirará salvo que exista una crisis institucional con miles de ciudadanos en la calle reclamando, un día sí y al otro también, tanto memoria, dignidad y justicia con las víctimas del terrorismo como respeto estricto por el espíritu constitucional de convivencia pacífica ratificado el 6 de diciembre de 1978.
Lo impresentable jurídicamente es que un tribunal político invalide la sentencia de ilegalización de Bildu por el Tribunal Supremo (**) con el pobre argumento de la "insuficiente entidad" de las pruebas presentadas contra ellos, entrando a valorar nuevamente las pruebas ya aceptadas por expertos juristas profesionales, y cuando se presentaron hasta nueve documentos de ETA y formaciones de la coalición, intervenciones telefónicas a miembros de Herri Batasuna, cartas o declaraciones judiciales.
La sentencia del Tribunal Constitucional es como si la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ofreciese cobertura "legal" a las organizaciones y mezquitas afines al extremismo islámico de Osama Bin Laden y su organización terrorista Al Qaeda para que presentasen candidaturas a las elecciones locales, integradas por testaferros de los terroristas, con el objetivo de lograr el poder en municipios y condados desde donde promover el hijadismo, la fragmentación y el odio a los EE.UU.
Nuevamente, veremos cómo aquellas instituciones locales que controlen los testaferros del entramado terrorista de ETA, seguirán otorgando fondos a las organizaciones afines y continuarán amenazando ciudadanos, extorsionando empresarios y arrinconando socialmente a aquellos que, sin ser abiertamente separatistas, pretendan seguir viviendo en municipios intervenidos por el separatismo radical y asesino de ETA.
Opinión de los lectores
José Rivera
Según todas las encuestas, el PP barrerá en las próximas Elecciones Generales, lo que le debería causar una sensación de seguridad tal, que no entiendo entonces su enorme esfuerzo empleado en la redacción de éste artículo.
No obstante y para su tranquilidad, le diré que aunque al PSOE le tocara la lotería (algo necesario después de la crisis rompe gobiernos que padecemos) y volviese al gobierno por otros cuatro años más:
-No se rompería España.
-Los asesinos seguirían siendo perseguidos y encarcelados.
-Navarra seguiría independiente (de los vascos)
-Los partidarios Vascos de una política de izquierdas, votarían y harían política desde la democracia y sin tener que cargar con las culpas de los asesinos que se apropiaron injustamente de los mismos principios y objetivos, en aras de tratar de justificar lo injustificable.
Espero haberle tranquilizado, pues es mi única intención, aparte de enviarle un cordial saludo.
ANEGL FERNANDEZ
Las afirmaciones "gratuitas", nada argumentadas ni convincentes, parece que van más "encaminadas" a respetar el régimen de partitocracia que sufrimos la mayoría de españoles; en el que parece que Ud. se encuentra tranquilo, bien por inconsciencia o "buenismo" ideológico bien por beneficiarse o situarse en las cercanías de la "casta político-judicial" del régimen.
Respeto su opinión "optimista" pero, evidentemente, no la comparto:
1. La hoja de ruta es bastante clara, de hecho, ya llevamos dos sentencias del Tribunal Constitucional que confirman los avances del régimen en la errónea estrategia de cambio de régimen que padecemos:
1.1. La STC 31/2010 valida el "inconstitucional" nuevo Estatuto de Cataluña que conforma un estado confederal donde la Generalitat negocia directamente con el Gobierno de España.
1.2. Y el último Fallo del 05/05/2011 del TC permite que los terroristas presenten candidaturas electorales.
2. Tampoco invita al "optimismo" el acercamiento de terroristas a sus lugares de origen o, peor, su liberación cuando han sido condenados a miles de años por asesinatos de personas de bien, pero sólo cumplen unos meses en prisión por cada crimen cometido.
3. Y, desde luego, tampoco invita a sonreír y tranquilizarse el amoral silencio informativo de la mayoría de los medios de comunicación sobre las movilizaciones de las víctimas del terrorismo cuando protestan por la negociación del Gobierno con el terrorismo y defienden "memoria, dignidad y justicia".
Si estamos inmersos en una crisis económica y financiera, seria y profunda, sólo comparable a la de Japón (que intenta remontar su propia crisis desde el año 1991), si además tenemos una crisis institucional con graves fisuras normativas en la Constitución; si no tenemos separación "real" de poderes, si no tenemos jueces independientes en el Tribunal Constitucional o en el CGPJ, si carecemos de democracia interna y de financiación transparente en los partidos políticos, si el sistema electoral impide la formación de Gobiernos fuertes y estables,... si nos están cambiando el régimen constitucional sin preguntarnos en un referéndum ¿qué quiere Ud. que hagamos los ciudadanos serios y responsables?
Tal vez prefiera Ud. que nos callemos y que no nos movilicemos pacíficamente e, incluso, quizás prefiera Ud. que sonriamos, nos tranquilicemos como Ud., confiemos en la no-corrupción de la casta político-judicial y, quizás después nos tomemos unas cañas riendo y brindando a la salud de una democracia deteriorada.
En fin, invito a los lectores "optimistas" a que visiten los links en donde proporciono datos y pruebas sobre el proceso de involución constitucional que padecemos y la necesidad de que la sociedad civil se movilice y presione pacíficamente.
Un saludo,
José Rivera
Si bien no entiendo cual pudo ser el motivo de su enojo, le pido perdón aún así.
Perdone que me permita una ligera introducción, sólo para indicarle que ahora le respeto aún más, al dedicarme su valioso tiempo para responderme.
Tiene usted toda la razón al considerarme un indocumentado, si bien le reitero que nada mas lejos de mi intención, que ser irrespetuoso con nadie y menos con la gente de bien.
No dispongo de tanto tiempo libre, como para estar tan bien documentado, por lo que mi aportación se reduce a esos mismos datos a los que usted alude, pero cuya interpretación considero poco acertada (siempre desde mi humilde punto de vista).
Por ejemplo.-
Usted afirma que:
1. La hoja de ruta es bastante clara, de hecho, ya llevamos dos sentencias del Tribunal Constitucional que confirman los avances del régimen en la errónea estrategia de cambio de régimen que padecemos:
1.1. La STC 31/2010 valida el "inconstitucional" nuevo Estatuto de Cataluña que conforma un estado confederal donde la Generalitat negocia directamente con el Gobierno de España.
En mi humilde opinión, esto no implica necesariamente que La Generalitat pueda sacar partido de ello.
Además y siempre que los Gobiernos de España no han gozado de una mayoría suficiente, han sido estos partidos bisagra los principales beneficiados (lo que ha ocurrido con PP y con PSOE)
Así pues yo me pregunto ¿cuál es, la novedad?
También afirma que:
1.2. Y el último Fallo del 05/05/2011 del TC permite que los terroristas presenten candidaturas electorales.
Entiendo que la coalición a la que se refiere está libre de ilegalidad y está integrada por partidos legales.
Tal vez el fallo consistió en no impugnar sólo las listas corrompidas.
Y además afirma que:
2. Tampoco invita al "optimismo" el acercamiento de terroristas a sus lugares de origen o, peor, su liberación cuando han sido condenados a miles de años por asesinatos de personas de bien, pero sólo cumplen unos meses en prisión por cada crimen cometido.
Que yo recuerde, el acercamiento, reducción de condenas (por ejemplo por escribir un libro) y liberación de presos, no es algo achacable ni a éste Gobierno ni tampoco a ésta época por lo que difícilmente puede considerarse incluido dentro de una hoja de ruta actual.
Denuncia usted:
3. Y, desde luego, tampoco invita a sonreír y tranquilizarse el amoral silencio informativo de la mayoría de los medios de comunicación sobre las movilizaciones de las víctimas del terrorismo cuando protestan por la negociación del Gobierno con el terrorismo y defienden "memoria, dignidad y justicia".
Sobre esto sólo tengo dos observaciones:
La primera es indicar que conozco a una familia perteneciente a la AVT, por lo que entenderá que todas las víctimas cuenten con mi solidaridad absoluta.
La segunda consiste en preguntarle si todos esos medios a los que usted alude, pueden estar equivocados, deshumanizados o radicalizados de algún modo.
A éste respecto (y siempre recalcando que es desde mi humilde e ignorante opinión), entiendo que todos somos humanos y podemos equivocarnos. Y me estoy refiriendo al posicionamiento político que la AVT ha adoptado, cuando se trata de una catástrofe apolítica.
A un lado están los criminales y enfrente debemos estar todos y si algún sector político se equivoca, habrá que tirarle de las orejas hasta que se enmiende, pero no cerrarle la puerta para siempre y en todo.
Muchas gracias por su paciencia y si estima errónea mi exposición, entenderé que no la refleje en su artículo.
Seguro que no estoy acertado en casi nada, pero lo digo desde el respeto y por supuesto con la única intención de aprender, lo cual se consigue precisamente debatiendo. De nada sirve opinar sobre algo en lo que se está de acuerdo, el único objetivo en esa circunstancia es el de adular o figurar.
ÁNGEL FERNÁNDEZ
En cierta medida, sorprenden sus comentarios a favor del régimen de partitocracia que padecemos, en línea con el mensaje y las tesis de los "intervencionistas de todos los partidos". Más aún, tratándose el Instituto Juan de Mariana de un foro liberal. En todo caso, nos encanta debatir con los discrepantes, pero permitan que reclamemos cierto nivel en las intervenciones.
Queda claro que Ud. se posiciona en línea con el mensaje de los partidarios de estos cambios encubiertos del sistema Constitucional de España: "tranquilidad", "no se rompe España", "los asesinos seguirán en la carcel", "Navarra seguirá independiente del País Vasco", "el extremismo separatisma será integrado pacíficamente",...
Y queda muy claro, tal y como queda razonado de forma prolija en mi comentario, que muchos ciudadanos de bien y algún político, como el ex Minsitro de Interior Don Jaime Mayor Oreja -que pertenece a aquellos pocos que todavía cuentan con cierta credibilidad entre la población-, opinamos y razonamos con una argumentación sólida que estamos ante un cambio de régimen en España y ante un salto institucional en el vacío.
En cuanto a los medios de comunicación en España, a quienes no crean en su servidumbre al régimen de partitocracia, les recomiendo que recomiendo lean este artículo.
No dispongo en absoluto de tiempo libre. Todos los artículos se realizan en horario nocturno, con esfuerzo y dedicación, por responsabilidad ante la gravedad del cambio constitucional que padecemos, en donde la casta político-judicial no plantea un cambio contitucional "legal" que requiere un referéndum según indica el Título X (CE), y se realizan cambios en la Constitución vía sentencias del tribunal político que denominamos Tribunal Constitucional.
Por favor, no pretenda mantener un intercambio epistolar "sine die" conmigo. Creo ha quedado clara su exposición y, evidentemente, quién quiera profundizar en mi argumentación sólo tiene que visitar los links que propongo.
Sólo el tiempo y las movilizaciones ciudadanas para defender la Constitución en contra del cambio de régimen que padecemos; ratificarán (o refutarán) el cumplimiento íntegro de los pasos marcados por la hoja de ruta.
Dado que aparenta ser Ud. tan respetuoso, permítanme que termine mi comentario y el intercambio epistolar, y vuelva a esbozar la hoja de ruta sobre el proceso de cambio de régimen mediante la negociación y rendición frente al nacionalismo separatista.
HOJA DE RUTA
• Paso 1. Estructura confederal del Estado. Legalización de una estructura "confederal" del Estado por medio de la sentencia STC 31/2010 del Tribunal Constitucional que da cobertura legal parcial al nuevo Estatuto de Cataluña a pesar de la jurisprudencia previa y significa la destrucción de derechos civiles y de la igualdad ante la ley (art. 14 CE) en España.
• Paso 2. Integración de la organización terrorista ETA en las instituciones. Legalización de una coalición electoral que permite integrar a representantes "cercanos" a la organización terrorista ETA por medio de la sentencia de 5 de mayo de 2011 del Tribunal Constitucional por el recurso de amparo 2561/2011.
• Paso 3. Integración de Navarra en el País Vasco. Futura legalización de un proceso de integración de Navarra al País Vasco mediante un referéndum según ya contempla la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución.
• Paso 4. Procesos de independencia de regiones controladas por nacionalistas. Futura legalización de diversos procesos de consulta secesionista similares al promovido por el lehendakari en el año 2008, intentando evitar la aplicación del art. 155 CE pero abiertamente en contra del preámbulo y los artículos 1, 2 y siguientes de la Constitución.
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