13/09/2011 - Fernando Parrilla

Si defienden la privacidad que empiecen por el secreto bancario

Recientemente el responsable de una agencia pública de protección de datos alemana pidió a Facebook que retirara un sistema de reconocimiento facial. El sistema facilita el etiquetado de personas que realizan los usuarios de la famosa red social para organizar y compartir sus fotografías. La supuesta amenaza a la privacidad consiste en que ese sistema permitiría a la compañía poseer información que podría ser utilizada para identificar a las personas en contra de su voluntad.

Hasta aquí, el típico caso en el que el Estado actúa como un padre sobreprotector que no permite a sus hijos dar información voluntariamente a una empresa, eso sí, por su propio bien. Aunque hay un pequeño detalle que no encaja con esta visión: el Estado no es nuestro padre ni un familiar, ni siquiera un amigo; el Estado es un organismo formado por personas cuya financiación depende de la riqueza que puede arrebatar a los individuos y organizaciones que la producen.

Algo que demuestra con su comportamiento: el mismo Estado que vela porque Facebook o Google no tengan demasiada información de nosotros obliga a bancos y empresas a violar la confidencialidad con sus clientes informando a Hacienda de sus transacciones e ingresos.

Es curioso leer en blogs y foros tecnológicos cómo los gurús dedican páginas y páginas a protestar por cómo Google maneja miles de datos sobre nosotros mientras que no se inmutan ante la infinidad de datos sobre nuestro capital que maneja el Estado. Aunque lo más divertido es ver cómo se indignan ante la idea de que la empresa del famoso buscador use esos datos en su propio beneficio. Y es que Google recopila la información para poder elaborar perfiles de consumo que aumenten la efectividad de su servicio de publicidad y para facilitar y potenciar el uso de sus servicios, aumentando la demanda de los mismos y por tanto los ingresos publicitarios.

Lo que no entienden estos gurús es que el Estado hace exactamente lo mismo. En realidad, a un político no le interesa saber cuánto gana una determinada persona por curiosidad o malicia. Le interesa porque dependiendo de sus ingresos el Estado le podrá quitar más o menos dinero. Y de ese dinero depende la supervivencia del organismo estatal y todas las personas que dependen del mismo.

La principal diferencia entre Google o Facebook y el Estado es que los primeros no te obligan a usar sus servicios. Si alguien considera que la información que se debe compartir con dichas empresas no le compensa, simplemente tiene que rechazar los términos del acuerdo de servicio y solucionaría su problema. En cambio, los ciudadanos no pueden evitar la vulneración de su privacidad por parte del Estado rechazando sus servicios. Da igual que consideren que la sanidad o educación pública no compensan el hecho de estar vigilados constantemente por unos funcionarios que van a vampirizar cualquier ganancia que podamos conseguir. El Estado no admite un "no acepto" por respuesta.

Ante esta reflexión se suele contraargumentar por dos vías: el Estado necesita acceder a esa información para que cada ciudadano pague la parte de su riqueza que le corresponde, ya que si no tuviera acceso nada impediría que los contribuyentes escondieran parte de sus ganancias para pagar menos impuestos. Además, añaden, no todas las ganancias tienen un origen legal, por lo que el Estado necesita contrastarlas para verificar que nadie se enriquezca saltándose la ley.

La respuesta a las objeciones es simple: el cobro de impuestos no puede prevalecer sobre el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia debería obligar al Estado a tener el consentimiento de un juez a la hora de investigar las finanzas de alguien. Punto.

Es tan evidente que debería ser así que si sustituimos la caja fuerte de un banco por la de nuestra casa, y la entrega de la nómina vía ingreso bancario por la entrega de un sobre, a nadie se le ocurriría decir que es necesario que la policía tenga libre acceso a nuestras viviendas para verificar la cantidad de dinero que guardamos en ellas y que un funcionario debe presenciar cada intercambio de dinero que se produzca para garantizar que todo queda anotado y cada parte paga sus impuestos o que no se realiza ningún intercambio ilegal.

Por lo tanto, tiene que haber un obstáculo muy grande a la compresión para que tanta gente no sólo no exija un derecho tan básico, sino que incluso considere imprescindible que el secreto bancario sea vulnerado y los Estados tengan acceso libre a esta información. Incluso a los pocos países que se mantienen firmes en la defensa de este derecho se les tilda de paraísos fiscales y son amenazados constantemente con represalias si no dan su brazo a torcer (especialmente durante las crisis financieras donde los capitales buscan refugio ante la voracidad recaudadora de los gobiernos).

Y es que sin la vulneración del secreto bancario los impuestos sobre las rentas/ganancias están condenados a fracasar. Y esos impuestos son la piedra angular de la redistribución de la riqueza, fin último del socialismo. Es por ello por lo que la privacidad se sacrifica allí donde más se puede recaudar: las cuentas corrientes en las que el común de los mortales concentra su vida financiera y, por tanto, donde el Estado puede recaudar con mayor facilidad, y se defiende allí donde no supone una amenaza con el fin de situar el foco en otro sitio mientras nos mete la mano en el bolsillo.