04/10/2011 - Alberto Illán Oviedo

Mercadeo eléctrico

Hoy no pienso hablar de mercado eléctrico. Que yo sepa, nunca ha existido en España. Hoy voy a hablar de mercadeo eléctrico, de un mercadeo que ha transformado al sector energético en una pieza más de la política española.

Las elecciones suelen cambiar las estrategias y tácticas políticas. Los objetivos se suelen reducir a uno, llegar al poder o colocarse en una posición lo suficientemente buena para defender determinadas posiciones e intereses que no tienen que coincidir necesariamente con los de sus votantes y mucho menos con las de sus representados. El partido en el poder intenta por todos los medios no perjudicar a su candidato y entorpecer a los de la oposición y viceversa. En este juego electoral todo vale, como en el amor y en la guerra, y parece desaparecer toda moral y ética, pudiendo llegarse a un utilitarismo casi vomitivo.

El pasado 27 de septiembre tuvo lugar la subasta CESUR que fija parte de la tarifa de último recurso (TUR)[1] del mercado eléctrico español. La evolución de los precios de los mercados OTC y del pool eléctrico ya estaban avisando de que esta tarifa iba a incrementarse y el resultado final ha sido de un ascenso del 6%. Pero en el sistema regulado e intervenido que tenemos, la subida de la electricidad no la determinan la relación entre usuarios y empresas, ni las compañías por su cuenta, como algunos pueden creer, ni mucho menos estas subastas y mercados aparentemente libres. En España, quien determina el precio final es el Gobierno.

La subida de la energía en periodos de crisis económica es muy sensible. Por lo general, los ciudadanos no entienden por qué los servicios públicos tienen que subir cuando a lo mejor sus sueldos bajan, la gente pierde su trabajo o incluso las empresas privadas, sobre todo las pequeñas y medianas, hacen esfuerzos y bajan algunos precios de sus productos y servicios. Es más, hay mucha gente que piensa que los servicios que regula el estado, al no primar el ánimo de lucro y no perseguir un gran beneficio, deben ser más baratos que sus equivalentes estrictamente privados, frenando así esa ansia insana de beneficios empresariales. Los grandes beneficios de las compañías eléctricas están muy mal vistos por los ciudadanos que no entienden que, teniendo esos balances tan positivos, no puedan reducirse y ajustarse para dar un servicio más barato. En un país tan socialista como España, el ánimo de lucro ajeno está muy mal visto.

Como el escenario electoral es prioritario, una subida del precio de la electricidad sería un lastre para el actual candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. El gobierno no la quiere, así que ha decidido compensar ese incremento con los peajes de acceso, que podrían bajar para que no se pueda decir que el socialismo abusa de los españoles. El gobierno al servicio de los intereses del partido, ¿dónde está el tan cacareado interés general? Pero es que tampoco lo quiere la oposición, que defiende el abaratamiento de los precios en una medida claramente demagógica.

Sin embargo, esta medida tiene una derivada primera. Los precios que se están pagando no cubren los costes de producción y distribución y se genera un déficit de tarifa. Este déficit suele pasar sin pena ni gloria por los medios de comunicación porque parece una pelea interna en el entramado estado-empresa que domina el sector de la energía. Sin embargo, lo pagamos todos por la vía de los impuestos y ya roza los 20.000 millones de euros. La nueva medida del ejecutivo socialista incrementará de esta manera el problema de deuda que tenemos en España, generando más desconfianza en los mercados financieros que no quieren asumir el riesgo de un impago y exigen tipos muy altos.

Existe otra segunda derivada que puede ser tan catastrófica a largo plazo como el déficit y es que las eléctricas, al no cobrar lo que se les adeuda, se ven obligadas a buscar financiación para mantener sus inversiones y sus costes de operación. Esta financiación no es gratis y en definitiva supone una reducción del dinero del que disponen. De esta manera, se pueden ver afectados las inversiones y el mantenimiento. Además, las empresas del sector, con una gran proyección internacional, se plantean si deben invertir en un mercado problemático como el español o en otro donde las garantías de cobro y la estabilidad regulatoria es mucho mayor. En definitiva, se puede producir una fuga importante de inversiones hacia otros mercados más atractivos por su elevado crecimiento y seguridad.

El mercado eléctrico español muestra así su verdadera naturaleza, la de un mercadeo, un intercambio de favores basado en intereses a corto plazo de los agentes implicados y donde no se tienen en cuenta los intereses de los consumidores y los contribuyentes, en definitiva, las mismas personas. Pagar, pagaremos, directa o indirectamente. A muchos les parecerá que es mejor la segunda opción, pero sus consecuencias pueden ser mucho más negativas. En todo caso, el problema lo tendrá el siguiente gobierno y los mismos ciudadanos.