02/12/2011 - Francisco Moreno

La aversión (del político) a las reglas

Tanto a los políticos paternalistas (conservadores) como a los igualitaristas (socialistas) de todos los partidos no les gustan las reglas. Les saben a poco. Su "alta" misión es la de dirigir y ayudar a sus gobernados, de los que generalmente no tienen muy buen concepto, bien porque les consideran ignorantes e incapaces de valerse por sí mismos o socorrerse mutuamente, o bien porque les tienen por unos perfectos explotadores de sus congéneres y unos depredadores insaciables del entorno a los que hay que atar en corto.

Las reglas son normas abstractas, aplicables a todos por igual y vacías de contenido que no predeterminan el resultado de la acción humana pero permiten la pacífica convivencia de los individuos que conforman un cuerpo social. Unos ejemplos arquetípicos de reglas serían las de tráfico o las de cualquier juego de mesa o deporte. Con ellas se sabe de antemano el modo predecible del comportamiento de los participantes pero es imposible saber a ciencia cierta el trayecto o el desenlace final de todos y cada uno de los movimientos, ni conocer de antemano quién será el ganador de una competición basada en reglas objetivas. Lo decidirá la pericia, el conocimiento y la suerte de los participantes-actuantes.

Al político pescador de votos le parecen este tipo de reglas del todo insuficientes. Son tan frías y tan poco "comprometidas" que no podría vender su mercancía y sería considerado un zoon politikon deslucido sin posibilidad casi ninguna de obtener representación. Si un individuo aspirante a gobernar aceptase impasible el resultado de unas reglas neutras sería tanto como firmar su destierro de la arena pública. El político está para cambiar la realidad. Por ello debe forzarla con normas, mandatos y sanciones para moldearla a su gusto (que en democracia será el que la mayoría de los votantes consienta).

Por desgracia, se tiende a producir legislación en abundancia y a desdeñar las reglas de conducta generales y claras para todos. La moderna producción de normas capitaneada por los activos Ejecutivos actuales (que llevan al Parlamento del ronzal y al que le presentan su agenda de elaboración de leyes) se caracteriza por ser excesiva y finalista, además de cambiar a velocidad de vértigo. Se legisla absolutamente todo y a todas horas ("legislación motorizada", diría Carl Schmitt). Se crea lo que Hayek denominaba legislación masiva (regulaciones y mandatos) en contraposición a la Ley (reglas institucionalizadas). La estela zapateril quedará en los manuales como ejemplo de volatilidad regulatoria, tal y como atinadamente enumeraba hace poco Ángel Martín en Libertad Digital (no están ni mucho menos recogidas todas y cada una de las iniciativas o arranques de las dos floridas legislaturas de ZP).

Desde la 2ª Guerra Mundial los poderes públicos se han ido haciendo progresivamente garantes de los derechos sociales (siempre crecientes) a favor de sus ciudadanos, han ido buscando la nivelación económica, la seguridad y la estabilidad en el empleo, el establecimiento de estabilizadores automáticos, el mantener la demanda agregada, etc. Poco a poco la actividad del Estado ha ido encargándose también de la asistencia sanitaria, la educación, la regulación del trabajo, el salario mínimo, el subsidio por desempleo, la jubilación, el fomento de ciertas industrias... para luego extender su radio de acción sobre la cultura, las políticas activas de empleo, la vivienda digna, la protección al medio ambiente, la dependencia de los ancianos, la igualdad de trato, etc. A todo ello hay que darle un sustrato jurídico, una dotación presupuestaria y un desarrollo reglamentario que dañará, a la postre, las reglas de convivencia, pues para conseguir aquellos fines colectivos se acabará yendo inexorablemente contra la libertad y hacienda de los más productivos.

Ante la avalancha de mandatos, normas finalistas y sus bandazos regulatorios, el ciudadano permanece paralizado ante la eventualidad de incurrir en cualquier infracción, el empresario a la espera de autorizaciones administrativas y dedicando sus escasos recursos a satisfacer los deseos del legislador, en vez de innovar y trabajar para las preferencias del cliente y, por último, el inversor quedará espantado. Los costes de este régimen de incertidumbre para el interés general son incalculables.

El derecho no debería nunca adecuarse a la política, es la política la que ha de ser adecuada al derecho. Esto no deja de ser hoy un desiderátum, la realidad es justo la contraria. El mantenimiento del extenso y complejo entramado de relaciones que implican las modernas sociedades abiertas pende de un hilo –cual espada de Damocles- con cada iniciativa que se le ocurra al gobernante de turno y la consiga introducir en el ordenamiento jurídico.

El legislador actual impone compulsivamente objetivos comunes a todos. Esto es impracticable en un orden extenso a no ser que se pretenda minarlo antes o después. La cuestión de fondo es saber cómo podemos vivir juntos en una sociedad repleta de personas que se mueven por distintas opiniones, creencias, intereses y fines muy diversos. Para ello, hay que sustituir el anhelo afectivo de lo "social" por el estricto respeto a las meras reglas de procedimiento y por un constante empeño por mejorar la definición de los derechos de propiedad y sus garantías, es decir, por el marco jurídico de una sociedad fértil y libre. Las insistentes pretensiones de justicia social que cada dirigente imponga o mantenga, a pesar de las buenas intenciones, pueden malograr a largo plazo la sociedad abierta.

Hay muchas formas de vivir, pero son pocas las formas de vivir pacífica y prósperamente. Frente a la crisis actual del sobreendeudado Estado moderno, una de las formas verdaderamente claves de organizarse la sociedad es conforme al equilibrio presupuestario y a los principios del Estado de Derecho clásico. La socialdemocracia actual y su Estado de bienestar, su inflación, su protección de grupos organizados y su indisciplina presupuestaria no podrán sobrevivir sin una permanente regulación. Una sociedad libre, por el contrario, no podrá nunca hacerlo sin la Ley. El mercado libre y la Ley nacen (y mueren) juntos.