09/01/2012 - María Blanco

La propiedad privada (también) es del Estado

La tierra, para el que la trabaja. Esa vieja máxima ha encabezado la lucha de muchas generaciones de colectivistas no solamente de izquierdas. Es una de las falacias más atractivas del catálogo de mentiras socialistas. A partir de ella se cuestionan el derecho de herencia y el derecho a que cada cual haga con sus terrenos lo que le venga en gana: esa idea de que si no ocupas tu piso o no laboras tu tierra el Estado debe expropiarte y redistribuir tus propiedades a quienes lo vayan a explotar más productivamente.

Es casi cómico comprobar cómo los mismos que defienden esa máxima, y aquellos que no saben cómo rebatirla porque en el fondo sus instintos colectivistas superan su racionalidad individualista (es decir, muchos de los que se hacen llamar liberales), no se apresuran a defender también que el dinero que uno gana con el sudor de su frente es suyo. Para empezar está el tema de los impuestos. Concedamos, dado que vivimos en la sociedad que vivimos, que hay unos servicios prestados por el Estado que han de ser financiados por quienes los disfrutamos. No voy a entrar esta vez si el Estado es quien puede ofrecerlos de la forma más eficiente para la población. El caso es que muchos gobiernos son gastadores compulsivos porque saben que, gracias al monopolio de la fuerza y a la confianza de muchos ciudadanos bienintencionados, todos sus desmanes serán sufragados por el sudor de la frente de los ciudadanos de hoy o de mañana.

Sin embargo, una de las medidas emprendidas por el recién nombrado gabinete de Rajoy ha puesto de manifiesto hasta qué punto la sociedad está convencida de que lo nuestro no es nuestro. Se trata de la limitación de realizar transacciones en efectivo cuando se trata de cantidades superiores a mil euros. La excusa: la lucha contra el fraude. Hay muchas razones por las que se puede considerar que esa medida es perjudicial. Algunas de ellas las ha expuesto Jesús Encinar, C.E.O. de idealista.com en su blog. También hay que considerar el escepticismo de la Unión Europea respecto a las medidas encaminadas a luchar contra el fraude aduciendo que no se puede determinar con precisión el aumento de la recaudación debido a estas políticas.

Lo que hay detrás de esta medida es un ataque en toda regla a la propiedad privada en varios ámbitos: usted no puede hacer con su dinero lo que quiera, usted no puede admitir deudas en efectivo en su negocio porque el Estado así lo ha decidido. No se trata de prohibir cobrar en drogas u otras mercancías ilegales, se trata de prohibir cobrar en dinero.

El dinero que usted gana, no es suyo, no puede utilizarlo como quiera. El dinero no es de quien lo trabaja. El motivo es que hay gente que lo usa en un circuito no controlado por el Estado, en actividades no registradas y fiscalizadas por el estado. Para quienes pagamos por las rentas de nuestro trabajo y de nuestra actividad económica es un fraude: ellos también disfrutan de los servicios provistos por el Estado. Nos descargan sobre nuestros hombros más peso del que deberíamos soportar.

Pero ¿qué puede llevara una persona a defraudar? Se me ocurren varias razones. Primero, saber que puede, es decir, una fisura en la vigilancia y monitorización de la tributación. Segundo, una tributación excesiva. Tercero, el paro prolongado. El gobierno de Rajoy se esmera en solucionar la primera a costa de lesionar el derecho de propiedad de los ciudadanos y de perjudicar a los pequeños empresarios en lugar de plantearse si no será mejor favorecer la creación de empleo, que precisamente se consigue apoyando a los pequeños y medianos empresarios, y evitar que los impuestos sean tan altos que se vuelvan contra el sistema, bien mediante el fraude, bien mediante el traslado de los ahorros a países en los que la fiscalidad sea menor. Pero estamos en un país en el que el empresario es prácticamente el demonio y en el que tratar de mantener el valor de lo que es de uno, sea porque lo ha heredado, sea porque lo ha ganado, es un acto insolidario.