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Portada - Comentarios - La propiedad de las calles

30/03/2006 - Francisco Capella

La propiedad de las calles

El derecho de propiedad sirve para evitar, minimizar y resolver conflictos entre seres humanos: el propietario es el único legitimado para decidir qué hacer con su propiedad, y su única limitación es no agredir la propiedad ajena. Los no propietarios pueden no estar de acuerdo, o no gustarles lo que hacen los demás con sus cuerpos, sus vidas y sus cosas, pero eso no es equivalente a ser agredido, así que no tienen ningún derecho a intervenir coactivamente para evitarlo.

Existen situaciones en las cuales es difícil (aunque quizás no imposible) asignar derechos de propiedad sobre ciertos bienes a personas individuales. En estos casos las unidades de gestión más pequeñas son más adecuadas para localizar y resolver problemas, porque tienen el conocimiento y los incentivos necesarios para ello, y porque cuantas más personas estén involucradas en un asunto más difícil es llegar a acuerdos máximamente satisfactorios.

Las calles existen porque es necesario trasladarse de un lugar a otro y suelen ser públicas porque es difícil y caro cobrar a los transeúntes por su utilización. Quienes viven o trabajan en un lugar son los principales interesados en que su hábitat sea agradable y atractivo y no se degrade, e igualmente son quienes mejor conocen la problemática particular de la zona. Las unidades urbanas más pequeñas posibles (bloques urbanos, barrios, pequeños municipios) son las más adecuadas para establecer las normas de uso de los espacios comunes.

Pero no hay garantías de que no haya conflictos, ya que distintas personas pueden tener diferentes preferencias, y la tragedia de los comunes enseña que es muy humano intentar aprovecharse al máximo de algo y contribuir lo mínimo posible a su mantenimiento: si alguien obtiene un beneficio provocando un coste a otros debería pagarles por ello de algún modo, con una tasa por un aprovechamiento o con una sanción por un daño causado. Cuando los destrozos se permiten lo normal es que proliferen, ya que la destrucción es fácil y a menudo divertida (los edificios abandonados suelen tener muchas ventanas rotas y no es por accidente).

Es posible conocer algunos principios generales acerca de cómo optimizar la normativa de uso de las calles mediante la observación de cómo se comportan las personas en sus propios hogares y cuando son invitados a viviendas ajenas, y mediante el estudio de las normas de conducta en calles de propiedad privada (centros comerciales, parques de atracciones).

Parece sensato exigirle a la gente que no ensucie ni estropee la calle, y por lo tanto no defecar u orinar en ella (tampoco los animales de compañía), ni abandonar basura (cuesta muy poco utilizar las contenedores dispuestos al efecto), ni destrozar el mobiliario urbano. Si alguien no admite esto tal vez lo entienda cuando otras personas hagan sus necesidades en el pasillo de su casa, abandonen allí también su basura y además destrocen sus muebles.

Los que pegan carteles sin permiso deberían retirarlos, limpiar lo ensuciado y ser informados de que existen medios de comunicación de masas que aceptan comentarios políticos y publicidad comercial: si no quieren o no pueden pagar el precio es su problema, y tal vez a los ciudadanos no les interesen los mensajes que quieren transmitir. Las pancartas colgadas son al menos más fáciles de retirar.

Las pintadas y el graffiti, aunque a sus ejecutores les parezcan artísticos y les sirvan para dejar constancia pública de su probablemente patética existencia, no suelen embellecer el entorno (no hay mucha gente dispuesta a pagar por ello y algunos se limitan a firmar con mala letra): a estos vándalos callejeros, además de obligarles a limpiar su porquería y a devolver las cosas a su estado original, se les podría educar pintarrajeando sus caras, sus cuerpos, sus ropas y sus posesiones más queridas. A ver si les gusta.

La venta ambulante reduce mucho los costes para el vendedor: no tiene que pagar el alquiler de un local y puede desplazarse y colocarse donde más clientes potenciales haya. Lástima que al hacerlo impida el paso de los viandantes (quienes tal vez podrían hacer como si toda esa mercancía no estuviera allí y pasar por encima, ya que no tendría que estar allí). Y si uno puede hacerlo, ¿por qué no todos hasta que la circulación quede totalmente bloqueada?

Algunos comerciantes parece que no tienen suficiente con el espacio de su local e invaden parte de la acera con sus mercancías o su publicidad. Algunos quiosqueros expanden su negocio mucho más allá de su pequeño habitáculo (y seguramente más allá de lo que su licencia municipal les permite).

Los pobres pueden pedir ayuda en múltiples organizaciones de caridad; pero hay profesionales de la mendicidad que no quieren que les sermoneen o les ofrezcan trabajo, prefieren dar pena y no les importa demasiado si impiden el paso o si molestan a otros ciudadanos.

Las prostitutas pueden ejercer discretamente en domicilios particulares o burdeles, pero el contacto con el cliente es más rápido y directo en la calle; quizás no consideran que siendo su profesión tan mal vista por muchos deberían ser cuidadosas con sus vecinos, parece que a mucha gente no le gusta la prostitución callejera cerca de sus hogares, escuelas, iglesias o trabajos.

El botellón callejero es una forma atractiva para los jóvenes de pasar el rato juntos, conversar, hacer amigos, buscar pareja y entretenerse. Todo eso puede hacerse en lugares privados (o sin convertir la zona en un basurero), pero al parecer las copas son muy caras: a ninguno se le ocurre tener un poco de iniciativa empresarial y poner un bar donde sean más baratas.

Aparcar en la calle parece gratis, pero obviamente tiene un coste: esa plaza no puede ser utilizada por otros; no es descabellado exigir una tasa cuando el espacio es limitado. Dejar el vehículo mal aparcado puede entorpecer el paso de otros.

Las manifestaciones callejeras sirven para presionar políticamente a los gobernantes o para protestar por múltiples causas. Podrían reunirse pacíficamente en muchos lugares donde no entorpecerían el tráfico (estadios, parques, manifestódromos), pero parece que parte esencial de muchas manifestaciones es llamar la atención perjudicando a otros y mostrando cuántos son y cuánto daño pueden hacer si se ponen de acuerdo.

Se supone que los gobernantes organizan la utilización de los recursos comunes de modo que no se abuse de ellos, pero los políticos y los burócratas son notoriamente incompetentes en sus funciones. Y en realidad se dedican a otras cosas que quedan como ejercicio para el lector. Pero luego dicen que a los liberales no nos interesa lo colectivo.

 

Opinión de los lectores

Albert Esplugas

Si todas estas medidas que apuntas fueran emprendidas por los propietarios legítimos de las calles en una sociedad libre (ya fueran éstos asociaciones de comerciantes, comunidad de vecinos, empresas etc.) no tendría nada que objetar, pero en tanto las calles sean de titularidad pública cualquier decisión que se imponga respecto a su uso (incluidas las que señalas) carecerán de legitimidad y serán arbitrarias. Una calle pública puede tener usos más razonables que otros (y quizás en alguna medida puede defenderse que se arbitren las políticas en función de eso, mientras sigan siendo públicas), pero, al menos en relación con un amplio rango de acciones, no creo que tenga usos más liberales que otros, ni creo que puedan patrocinarse unos usos en detrimento de otros atendiendo a los principios liberales. Por ejemplo, no creo que sea defendible la prohibición de la prostitución, de la mendicidad o de la venta ambulante en las calles públicas como dicta la reciente ordenanza de civismo en Barcelona. Tampoco está claro que en una hipotética sociedad libre los propietarios de las calles no permitieran pegar carteles en las calles o tirar papeles al suelo (en los estadios de fútbol, de propiedad privada, está permitido tirar papeles). Por otro lado no creo que podamos plantear que la gente se comporte en las calles públicas como se comportaría si estuviera en la propiedad ajena (vivienda, centro comercial...), pues no lo está. Las calles pública no son de “propiedad ajena”, no son más de unos que de otros, luego se produce un conflicto de intereses, pero no un conflicto entre los intereses de los propietarios y los de terceros.

Por cierto, Block y D’Amico tienen un ensayo sobre el graffiti en el que defienden que no se criminalice cuando se hace en las propiedades públicas.

Otro matiz que quería apuntar: no sé hasta qué punto las calles son públicas porque “es difícil y caro cobrar a los transeúntes por su utilización”. Si fueran privadas no tendría por qué hacerse pagar un “peaje” a los transeúntes, quizás bastaría con hacer pagar a los conductores que quisieran utilizar las calles, como hacen en Londres, o quizás los comerciantes cargarían un plus a sus precios para pagar el mantenimiento de las calles. Por otro lado, en el mercado ya se generan los incentivos necesarios para solucionar los problemas de free-riding. Me parece que la razón por la que las calles son públicas es similar a la que explica por qué el Estado es el único que emite moneda: porque simplemente se ha arrogado por la fuerza este monopolio.

Un saludo, Paco

Francisco Capella

Gracias Albert. Estos artículos no tienen la extensión necesaria para explicar todo en detalle.

Cualquier decisión respecto a un bien colectivo es problemática, pero no todas son igualmente arbitrarias, y creo que conviene explorar qué normas son más adecuadas a las preferencias de las personas, a los usos funcionales del bien y a las razones por las cuales la propiedad es colectiva. Como las calles sirven para moverse (y moverse no puede conseguirse de otro modo), toda actividad que pueda hacerse en otro sitio y dificulte esa movilidad va en contra de esa función. Un grave problema de los bienes colectivos es que se abuse de ellos y se deterioren. En aquello que es colectivo y sólo parcialmente tuyo tiene sentido respetar a los demás, que son siempre muchos más, y comportarte incluso mejor que en tu casa. Si no se llega a acuerdos unánimes, las normas más restrictivas parecen adecuadas para evitar abusos (y son típicas de sitios desarrollados y civilizados).

Obviamente en calles privadas puede hacerse lo que los propietarios decidan. Permiten carteles en sitios dedicados al efecto (normalmente pagando), igual que los municipios, y de eso se trata, de explorar cómo los municipios pueden aproximarse al comportamiento de agentes privados. Las comunidades de propietarios no suelen aceptar burdeles en los pisos aunque sean privados, parece indicativo de cómo tratar las calles.

Los estadios de fútbol no son lugares de paso, se discrimina en la entrada y se paga (bastante) por entrar, es difícil acercarse a la papelera cuando estás sentado (además consumiendo algo que probablemente has comprado allí), y son relativamente fáciles de limpiar. Y todas las demás normas son parecidas a las que propongo (que obviamente son sólo indicativas y no axiomas apodícticos).

Block y D´Amico se equivocan en varias cosas, no exploran la posibilidad de que muchos ciudadanos están de acuerdo con lo que hacen sus gobiernos e incluso quieren más de ello por sus impuestos, y pretender que “colonizar” bienes públicos estropeándolos es un acto de rebeldía me parece penoso.

Las calles son de propiedad colectiva (mejor que pública) porque es difícil producirlas e intercambiarlas a título individual, y porque históricamente ha sido así y es difícil arreglarlo, pero es cierto que el hecho de que sea difícil y caro cobrar a los transeúntes por su utilización no lo justifica, simplemente explica por qué no se hace y hay que gestionar sus costes de otra manera.

En un próximo artículo quiero estudiar el asunto de la propiedad privada múltiple en comunidades de propietarios.

Saludos

Paco

Albert Esplugas

Gracias por la aclaración. Soy consciente de que en estos comentarios no siempre caben todos los matices que uno querría incluir. Me parece razonable lo que apuntas, permíteme una última observación, que es lo que motivaba mi reflexión anterior. Dices: “si no se llega a acuerdos unánimes, las normas más restrictivas parecen adecuadas para evitar abusos”. Estoy de acuerdo en que ciertas normas pueden contribuir a minimizar el abuso de las calles y son “adecuadas” desde esta óptica. ¿Pero hasta qué punto o en qué medida son defendibles desde una perspectiva liberal? Puede que se justifique prohibir acciones concretas que deterioran físicamente las calles (destrucción de mobiliario urbano, por ejemplo) por considerar que las calles no carecen en realidad de propietario/s, sino que se trata de una propiedad no-reconocida/expropiada y no es legítimo destruirla (por el contrario, las calles deberían restituirse a “sus propietarios”, privatizarse). Pero, ¿puede sostenerse que una prostituta, un mendigo o un vendedor ambulante en una calle pública están iniciando la fuerza contra alguien/algo?¿consideras que es lícito multarles/arrestarles/emplear la fuerza contra ellos por no atenerse a unas normas de comportamiento fijadas por el ayuntamiento? En mi opinión, no, y en este sentido creo que abogar por regulaciones restrictivas en ausencia de propietarios reconocibles puede llevar a iniciar la fuerza contra personas que no creo que puedan considerarse agresoras.

Un saludo

Gonzalo Melián

Cuando se habla de las calles producidas por procesos urbanísticos estatales estamos acostumbrados a hablar de calles públicas. ¿Por qué tenemos que concederle al estado el adjetivo de público, porque las calles públicas son las de propiedad colectiva? ¿Acaso no pueden existir calles, avenidas, autopistas, espacios libre, parques, plazas, etc. de propiedad privada pero públicas?

Francisco Capella

La definición de liberalismo como renuncia a la agresión (al inicio de la fuerza) es problemática y no es completamente equivalente al respeto al derecho de propiedad. Hay abusos de la propiedad ajena que suceden sin violencia: gente que ocupa una casa que tenía la puerta abierta, ladrones descuideros, estafadores. Si el concepto básico es el derecho de propiedad, conviene preguntarse qué sentido tiene: la decisión sobre el uso de algo. El uso que tienen las calles es transitar por ellas, no trabajar en ellas (salvo para su mantenimiento o limpieza, o los transportistas), o mendigar, o vivir en ellas (vagabundos sin hogar), estos son abusos que colapsarían si todo el mundo intentara hacerlos (y pueden hacerse en otros sitios privados). Ciertos usos complementarios (quioscos callejeros, venta ambulante, siempre con licencia) tienen sentido si no dificultan el uso relativo al desplazamiento y si se realizan con permiso de los propietarios, que en general son los habitantes del municipio.

Albert Esplugas

La definición de liberalismo como renuncia a la agresión (al inicio de la fuerza) es problemática y no es completamente equivalente al respeto al derecho de propiedad.

Sí es equivalente si por ausencia de agresión/inicio de la fuerza entendemos precisamente respeto al derecho de propiedad, que es lo se entiende por lo general cuando se habla del principio de no-agresión. La agresión/inicio de la fuera no siempre requiere violencia strictu sensu, como apuntas, pero podría decirse que subyace en cada acto. La amenaza de usar la fuerza, por ejemplo, no es en rigor un acto violento, pero se fundamenta sobre la posibilidad de que tenga lugar. Los ocupantes que citas, los ladrones o estafadores, toman algo que no es suyo sin el consentimiento del propietario, lo que equivale a quitárselo por la fuerza. Si el propietario estuviera en casa o advirtiera que quieren defraudarle, les negaría su consentimiento de forma explícita y los agresores, para obtener idéntico resultado, debería emplear la violencia de forma también explícita. Pero no pretendía convertir esto en una discusión terminológica. Tienes razón en que el núcleo del asunto es quién tiene derecho a decidir sobre el uso de algo. Agredir sería entonces interferir físicamente en la propiedad ajena (sin el consentimiento del propietario). En el caso de las calles el problema es que ese “alguien” legítimo que debe decidir sobre las calles no está definido/reconocido, y por tanto carece de sentido hablar del “consentimiento del propietario”. Y si no puede hablarse del consentimiento del propietario, ¿cómo podemos hablar de agresión o invasión de la propiedad?¿Cómo puede decirse que el mendigo o la prostituta no respetan la propiedad ajena (y debe emplearse la fuerza contra ellos) si no hay un propietario definido?

Además, lo que mencionas respecto al uso “objetivo” de las calles me parece sumamente problemático:

El uso que tienen las calles es transitar por ellas, no trabajar en ellas (salvo para su mantenimiento o limpieza, o los transportistas), o mendigar, o vivir en ellas (vagabundos sin hogar), estos son abusos que colapsarían si todo el mundo intentara hacerlos (y pueden hacerse en otros sitios privados).

¿Por qué la calle no puede tener distintos usos, perfectamente compatibles? Unos pasean, otros se detienen en los escaparates, otros hacen cola en un cine, otros esperan en grupo al resto de sus amigos, otros se paran a hacer fotos y a escuchar al guía turístico... ¿por qué no puede haber gente que mendigue o que venda objetos también?¿por qué hacer cola en un cine es más legítimo que mendigar? Dices “son abusos que colapsarían si todo el mundo intentara hacerlos”. Por lo mismo podría prohibirse hacer de transportista, puesto que si todos hiciéramos de transportistas también se colapsarían las calles. Una posible respuesta sería “pero es que no es razonable pensar que todos vayan a hacerse transportistas”. Bien, pero es que tampoco es razonable pensar que todo el mundo va a ponerse a mendigar en la calle, a prostituirse o a vender objetos. Sólo muy poca gente lo hace, y su labor no impide que el resto podamos transitar o lo que fuera.

Un saludo

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