13/08/2012 - Ignacio Moncada
La reforma del sistema autonómico
Una de las pruebas más gráficas de que el Estado de las Autonomías es un marco de incentivos perversos es lo que vino a denominarse "el teorema Zapatero". Este término, patentado por Artur Mas en unas declaraciones en verano de 2009, se refiere a la promesa que Zapatero iba haciendo a todos los presidentes regionales en las negociaciones del nuevo sistema de financiación autonómica. El famoso teorema rezaba así: "Todas las comunidades autónomas recibirán más financiación que la media". Mas tiró de ironía y afirmó que, de lograrlo, "Zapatero habría conseguido una innovadora contribución a las matemáticas". Esta imposibilidad estadística es un buen reflejo del pensamiento burbuja al calor del que el sistema autonómico ha nacido y se ha expandido sin control. Este modelo de Estado que tanto bienestar ha proporcionado a nuestros políticos ha terminado por abocar a la quiebra al propio Estado español, sometiendo a los ciudadanos a un más que probable rescate total.
El sistema autonómico se ha comportado como lo hacen las células cancerígenas en el cuerpo humano. Tiende a reproducirse sin control hasta llegar a bloquear el funcionamiento de la propia economía, pues opera con un sistema de incentivos perversos debido a los desequilibrios estructurales con los que fue diseñado. Llegados a este punto, es muy probable que sólo queden dos alternativas. La primera es acometer una profunda reforma autonómica, una cirugía que ataque sin miramientos tanto a las consecuencias como a las propias causas del desequilibro. La otra opción es que nos intervengan, y que desde fuera nos apliquen la operación con motosierra. Ya se sabe que cuando te reforman desde fuera no buscan que la economía crezca saludable a largo plazo, sino hacer un arreglo basto a corto plazo para cobrar las deudas. Aunque sea terrible, a veces esto es mejor que la política suicida de nuestros gobernantes. Pero lo deseable sería una reforma seria de nuestro Estado autonómico.
Dicha reforma autonómica constaría de dos bloques fundamentales. El primero es la eliminación de todos los tejidos tumorales que se han ido formando estos últimos años. Es el ajuste para devolver el Estado, al menos, a un tamaño sostenible. Hay que recortar todo gasto estatal innecesario para liberar los recursos que necesita la economía española para volver a funcionar. Las cifras de despilfarro que exponía recientemente Roberto Centeno en El Confidencial eran apabullantes: "Duplicidades entre administraciones, 34.000 millones; 4.500 empresas públicas innecesarias en un 90%, creadas para ocultar déficit y colocar a familiares y amigos –en total 450.000 enchufados-, 30.000 millones; 17 miniestados con la estructura total de un Estado, parlamentos, defensores del pueblo, servicio meteorológico, universidades a porrillo, canales de televisión para cantar sus glorias, 30.000 coches oficiales y alrededor de un millón y medio más de empleados públicos nombrados a dedo totalmente innecesarios. Más de 20.000 asesores, inútiles en un 90%, con un sueldo medio de 50.000 euros. Suman y el total de despilfarro asciende a 120.000 millones de euros anuales". Y esto sólo para ir empezando, sin entrar a reformar o eliminar otras cosas que no nos podemos permitir o que están gestionadas de forma ineficiente. El político profesional se resiste de forma natural a esta liposucción. Siempre dice que ya no se puede recortar más, que ha llegado al límite. Pero el ciudadano ante eso debe contestar lo que suele decir Daniel Lacalle: "Que me dejen los presupuestos y un lápiz rojo, y reducimos el déficit a cero en una semana".
El otro bloque de esta reforma del modelo de Estado sería atacar las causas del desequilibrio. La fundamental es la falta de corresponsabilidad fiscal. Tal y como funciona actualmente el sistema, las autonomías no son más que sumideros de gasto público. No es que los políticos autonómicos sean de nacimiento más despilfarradores de lo normal. Es que el sistema de incentivos es perverso. Al estar la responsabilidad de recaudar desconectada del placer de gastar, el incentivo para el político autonómico es el de gastar al máximo, endeudarse, y dedicarse a pedir dinero al Gobierno central, que es quien recauda el grueso del presupuesto. Esto es terrible, porque lo normal sería que si un político quiere aumentar el gasto público (es decir, su poder), al menos tiene que soportar el coste electoral de subir los impuestos. Pero este freno no existe en la actualidad, provocando una expansión descontrolada del gasto autonómico. El presidente autonómico, para el que el gasto es gratuito en términos electorales, se lanza a gastar hasta instalarse en un despilfarro permanente del que incluso hoy, con el Estado en quiebra técnica, no quiere apearse.
La solución para al menos frenar este desequilibrio es una de dos: o se centralizan tanto ingresos como gastos (es decir, se eliminan las autonomías); o se descentralizan ambos, yendo a un sistema federal. Esta reforma consistiría en que todo gasto que hagan los gobiernos regionales deba ser recaudado por ellos mismos, soportando el coste electoral de subir el gasto. La virtud de la segunda opción, además de servir como freno al despilfarro descontrolado, sería que las autonomías tendrían que competir entre sí, tratando de que los impuestos sean bajos y la gestión eficiente, para atraer unas empresas, capital y trabajadores que cada vez tienen mayor movilidad.
Esta reforma autonómica, además, debería incorporar un importante cambio de tipo político. Es necesario que las competencias de cada nivel del Estado esté claro y fijado a nivel constitucional. Hasta ahora, el sistema ha favorecido que los políticos mercadeen con las competencias. Los partidos mayoritarios se han dedicado a sostener sus legislaturas a base de comprar los votos de los nacionalistas prometiendo transferencias de competencias, generando la proliferación de duplicidades y la sangría en las cuentas públicas. Es necesario blindar en la Constitución las competencias que tendrán los municipios, las autonomías y la administración central, asegurando que no haya ni una duplicidad.
En conclusión, urge una reforma total del sistema autonómico. En primer lugar hay que eliminar de raíz todo el despilfarro que nos cuesta más de 120.000 millones al año, y racionalizar el resto del gasto público para liberar los recursos atrapados que necesita la economía española para volver a funcionar. Y en segundo lugar hay que ir a un sistema de corresponsabilidad fiscal con competencias blindadas a nivel constitucional, en el que cada administración debe financiar su propio gasto público y sufrir las consecuencias electorales de una mala gestión financiera. Esta reforma es una condición necesaria, que no suficiente, para que la economía española salga del agujero en el que se encuentra. Si no emprendemos esta cirugía nosotros, lo harán, sin contemplaciones, desde fuera cuando nos intervengan.
Opinión de los lectores
Pablo el herrero
Ante toda esta gentuza… ¡Que nos intervengan ya!
Saludos
Pablo el herrero
Dalamar
2-Hay dos CCAA donde sus ciudadanos son en su mayoría independentistas, donde no aceptarán ninguna rebaja de su autogobierno. Les recuerdo que no se puede reformar la Constitución y que en el referéndum salga derrotada en Cataluña y euskadi. Seria papel mojado y un escándalo.
ANGEL FERNANDEZ
Si me lo permites, lo voy a difundir ampliamente, dado que incide en la línea de los tres artículos que publiqué hace ya un tiempo (3 años) en el Instituto Juan de Mariana:
1) Excesos del Sistema Autonómico
2) Límites al Sistema Autonómico
3) Imposibilidad de cálculo económico en el sistema autonómico
Excelente análisis. Enhorabuena.
Enrique Rus
Y como usted bien dice, me voy a centrar en una de esas causas de desequilibrio, la falta de corresponsabilidad fiscal. La otra, el despilfarro político, es más que evidente, de hecho, Rallo en un estudio, con unas simples "cuentas", mostró como se podría reducir el déficit público sin TOCAR EL GASTO SOCIAL, que sería muy injusto, por dos motivos:
Uno porque con la que está cayendo, es lo que nos falta para una revuelta en toda regla.
Dos porque por más que algunos se empeñen, la realidad es que tienen derecho a ese gasto, porque cuando firmaron la ley era la que era.
Y las leyes que suplen a otras, según un principio básico del derecho, necesario para tener una mínima seguridad jurídica, no pueden perjudicar a quienes esas otras en su momento beneficiaron.
En palabras llanas, el gasto social habrá que reducirlo y mucho, pero a día de hoy eliminarlo como muchos liberales y no tan liberales proponen, "a las bravas", sería cuanto menos injusto.
Si implementamos un sistema desde una base injusta, para eliminar otro que se suponía injusto, nos estaremos convirtiendo en algo peor que lo que tanto criticamos.
Algo parecido a lo que los americanos hicieron con los nativos, ninguna democracia sana puede salir de una masacre de 3 millones de indios, por más que nos vendan sus maravillas demócratas.
No me quiero enrollar con estas cosas, pero es la diferencia entre la creación de Suiza, para defenderse de una opresión y la de EEUU, para destrozar un país.
Pero en fin, la señora Bosh, N nos decía que las CCAA tienen un Gasto del 50% aproximadamente y solo gestionan ingresos del 23% aprox. por tanto quizás realmente sean complices de este panorama, pero habría que buscar al verdadero culpable en el estado central que encima ahora quiere cargarles a ellas el muerto de sus desmanes.
O a la inversa, ellas culpables y él cómplice, pero en definitiva, por más que algunos centralistas se empeñen, España es un país bastante centralizado, a diferencia de por ejemplo la Confederación Helvética, en que son los cantones y comunas los que deciden en su territorio y la confederación maneja poco presupuesto.
Así, en Suiza, su alguien despilfarra es penado por dos vías, el castigo político y el llamado "voto con los pies".
Por tanto y termino, estoy con usted, el problema no es la CCAA o regiones o cantones, sino la falta de responsabilidad, no solo fiscal, que tenemos en este país en que solo nos gusta llorar y llorar a ver si pillamos cacho...
Dos apuntes, un señor llamado Rodoff creo, dijo que si Cataluña fuera un país independiente y es socialdemócrata, sería de los más ricos de Europa, yo estoy convencido de que por más que nos reviente, es cierto. Seguiría vendiendonos sus buenos productos, sin necesidad de pagar los demanes de mis paisanos extremeños y nuestros primos andaluces, me refiero a la casta política, no a las personas.
Saludos.
Enrique
No puedo evitar comentar aquí, allí di mi palabra de no hacerlo, aunque veo que sigue con sus respuestas fuera de tono a quien no piensa como él.
Creo que el problema no es que haya descentralización ni variedad, el mercado suizo es un mercado con 26 reglamentos y leyes a veces muy diferentes entre si, con cantones donde la fiuscalidad es de lo más variada y con 3 idiomas y no veo que tengan problemas sus técnicos (debe ser porque Suiza posee algunos de los mejores economistas del mundo) para realizar cáculos económicos, con los programas de última generación, eso es mas que sencillo hasta para mi y disculpen mi arrogancia, que no es tal, denme datos, tiempo y un sueldo y ya veremos si organizo el país sin necesidad de centralizar nada.
Quizás sea extremo en mis argumentos pero cuando conocí a la escuela austriaca poor fin vi algo que me convencia, libertad real y esta empieza porque cada región se organice como quiera, ya llegarán a acuerdos, comeinza porque los datos estadísticos cuanto menos se agreguen mejor, si el INE toma informes ya realizados de los diferentes Institutos regionales, sus conclusiones, opino, serán mucho mas realistas, porque al agregar se pierde información.
En fin poco más que decir, de hecho es un placer leerle como siempre y espero que de una vez este país entienda que defender la autonomía no es ser nacionalista, yo soy extremeño, pero me daría igual vivir en Madrid, pero tengo claro que el mayor porcentaje de mis impuestos debería sr para pagar lo que yo utilizo.
Lo dicho un placer.
ANGEL FERNANDEZ
Obsérvese en ésa completa información de Luis del Pino que el Estado central mantiene 1.096 entidades, empresas y fundaciones públicas (12,32%), el Estado autonómico 2.338 (26,29%) y los Entes locales hasta 5.460 (61,39%).
Por otro lado, de los más de 3.250.000 empleados públicos, existen más de 1.000.000 no son funcionarios de carrera y han sido colocados por medio de sistemas de selección que son menos "exigentes" que los que requiere la función pública. Tan sólo 592.000 trabajan para el Estado central y hasta 1.800.000 trabajan en autonomías.
Debemos recordar que durante la transición a la democracia, España contaba con tan sólo unos 670.000 empleados públicos en el Estado central teniendo en cuenta que ésta institución (salvo utopías ancaps) debe garantizar la seguridad exterior (militares), interior (policía e instituciones penitenciarias) y jurídica (juzgados).
Por ello, muchos liberales opinamos (con datos) que son las 17 autonomías y las 13.071 entidades locales (de muy variado "pelaje") las que han multiplicado por 6 el número de empleados públicos, despilfarran el dinero de los contribuyentes en entidades, empresas y fundaciones públicas y, básicamente, funcionan como agencias de colocación de familiares y militantes de los partidos políticos, no aportando valor añadido a la economía española y siendo un constante despilfarro de dinero público.
De ahí que, hace tiempo (1 año), se reclamase la necesidad de realizar una urgente reducción del gasto público como única vía para evitar la recesión económica en la que, desgraciadanmente, estamos inmersos ahora. La reducción del gasto público debe abarcar tanto el gasto central como, especialmente, el gasto autonómico y local, porque es donde se alojan la mayoría de partidas presupuestarias que permanecen sin control contable y auditoría de la Intervención General del Estado.
España cuenta con una estructura territorial hiper-inflacionada e insostenible que debe ser reestructurada para poder salir de la actual recesión económica.
Según indica acertadamente Luis del Pino en su completo artículo publicado por Libre Mercado, España cuenta con:
• 17 comunidades autónomas
• 2 ciudades autónomas
• 52 diputaciones, consejos y cabildos insulares
• 8.117 ayuntamientos
• 1.012 mancomunidades
• 80 agrupaciones de municipios
• 81 comarcas
• 3 áreas metropolitanas
• 3.726 entidades locales menores.
Maria Baena
Con la última reforma laboral, estos empleados públicos que no son funcionarios de carrera son susceptibles de ser despedidos "directamente" para ajustar el gasto público. Mientras tanto también puede congelarse la reposición de los puestos de funcionarios que se jubilen para contribuir racionalmente a la reducción del gasto público.
Sólo reducir el salario de los empleados públicos en general, es realizar pura demagogia política y vender a los medios de información noticias electoralista, basadas en explotar la mera envidia hacia personas que tienen un puesto fijo con independencia del Gobierno que llegue (lo que garantiza más seguridad de "neutralidad" y servicio a los ciudadanos), y sin entrar a considerar que toda la población puede acceder a los puestos de funcionario de carrera realizando unas oposiciones que, simpre, exigen mérito y capacidad (al menos en la administración central que es la que conozco); y sin considerar que muchos funcionarios (policias, guardias civiles, cónsules, ...) por responsabilidad realizan muchas horas extra (mal retribuidas o en la mayoría de casos no pagadas) por un salario bastante ajustado.
Constreñir demagógicamente los ingresos de los funcionarios de carrera, metiendo a todos en el mismo "saco", significa complicar la vida y vaciar la Administración de las personas más cualificadas, que prestan servicios básicos (militares, policias, instituciones penitenciarias, bomberos, juzgados,...) y que han demostrado por oposición de mérito y capacidad que contaban con mejor materia gris que el resto de la población que se presentaba a dichas opisiciones.
Si prescindimos de utopias, ésa política de machacar al funcionario de carrera (sin diferenciar respecto del 38% de emplados públicos que no han acreditado su mérito y capacidad) supondrá que los mejores se irán al sector privado y, especialmente, la Administración central de España verá perjudicada y mermada la calidad en la defensa de los intereses de España en el ámbito nacional e internacional a corto, medio y largo plazo.
El personal eventual es donde estan los "asesores" con salarios mejores (pero con servidumbre al partido de turno y menores conocimientos que los funcionarios de carrera) y es en donde se está despilfarrando mucho dinero público.
El reparto de ése 13 % de los "asesores" es el siguiente:
* Un 74% de "asesores" trabajan en los "entes autonomicos o locales":
- 50% en los 19 entes autonómicos (las 17 comunidades, Ceuta y Melilla)
- 24% en los entes locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos). Por ejemplo los empleados de los entes locales son mas que toda la Policia nacional.
** Un 22% de "asesores" están contratados en el Estado central.
*** Y, curioso, un 4% de "asesores" están contratados en las universidades, que dependen de las CC.AA y así nos "luce el pelo", porque no tenemos ninguna colocada entre las 200 mejores del mundo con lo importante que son el generar conocimiento y el realizar I+D+i para ofrecer nuevos productos y servicios.
Opino que los políticos deberían proceder del siguiente modo para ahorrar hasta un 38% en el gasto público en materia de personal:
¡ Que echen sin contemplaciones a todos los empleados públicos y asesores que no sean funcionarios (38%) y que esos puestos sean amortizados o, si se precisan algunos, ésos pocos puestos imprescindibles (no más del 1% del 38%) sean ocupados por los funcionarios de carrera que han acreditado mérito y capacidad ante un tribunal de oposición !
De otro modo, acaremos en las cesantias del siglo XIX donde con cada cambio de Gobiernop cambiaban todos los funcionarios públicos y la corrupción y prebendas se generalizaban. Ahora éstas abarcan al 38% de los empleados públicos quer no son funcionarios. Pués bien, despídanlos y devuelvan la competencias de la Administración a los crietrios de calidad exigidos por medio del funcionariado seleccionado por oposición de mérito y capacidad.
Por ejemplo, en Alemania son todos funcionarios (incluidos los Directores Generales) hasta llegar al cargo de Secretario de Estado que es el que selecciona el político de turno.
Sí, claro, en el Norte de Europa son más serios y responsables con la función pública y la gestión del dinero de los contribuyentes...
Enrique
El gasto social, es decir la ayuda de 400 euros a los parados no es el problema, como no lo es la descentralizacion autonomica, todo el que cree ver ahí un problema alega la duplicidad, la creacion de funcinarios para captar votos, o el despilfarro de las CCAA, que como demuestra el informe de la señora Bosch, es debido a que no existe corresponsabilidad fiscal, lo que "abre la puerta a los desemanes", como bien dijo Rallo en una ocasion, si barimos el grifo de la bañera y se inhunda el piso...¿de que nos extrañamos?.
Yo lo que no logro entender y me resulta harto preocupante es:
¿En los gastos superfluos, teles públicas, enormes edificios vacios, aeropuertos sin viajeros, asesores, cupulas de Barcelo, subvenciones a sindicatos, patronales y demas, etc etc, se supone que está el problema mayor?. ¿No?.
Y que tiene esto que ver con gastos en educacion, sanidad o cualqier otra ayuda?.
Otra cuestion es ir poco a poco al sistema mixto o privado pero ¿hoy en día, la culpa del despilfarro la tienen los pobres del país?.
Pues no acabo de verl esa perspectiva.
PD: No soy un experto en estadística, pero repito, si el liberalismo se basa en, ya no solo la imposibilidad del calculo economico socialista, sino la imposibilidad del calculo economico a traves de "sistemas de planificacion central", digo yo, centralizar para supuestamente abaratar cosxtes no llevara a una menor eficiencia y de ahí a un coste mayor?.
Yo pienso que si, con Franco habian pocos funcionarios pero su ratio de productividad era de los mas bajos de Europa segun algunos estudios que he leido no s3e donde, de ahí la fama internacional del funcionario español.
No será ese, la falta de jefes eficientes, el motivo de la ineficiencia de la administracion.
Que hacemos, como hay muchos, aun teniendo por ley su plaza garantizada hacemos como en Grecia, los echamos.
Como dije anteriormente, implantar un sistema injusto para eliminar otro que supuestamente lo es, no te hace mejor que ellos. Ademas no es economicamente necesario despedir a nadie, para eso esta la jubilacion y otras vias.
Enrique
Porqué, porque yo quiero que la salud, una vez establecida la corresponsabilidad fiscal, me la gestione una administracion autonomica a la que yo pueda pedir cuentas votando con los pies, no un estado central.
Y como eso se incluye justicia, sanidad y casi todo.
Bueno yo no quiero ni estados, pero como los ancaps somos unos "utopicos" con David Friedman a la cabeza con dos doctorados creo, con una teoria economica muy desarrollada (disculpen mis falltas de rotografía, pero tengo prisa hoy), pues habrá que aguantar con estados, pero minimos y descentralizados.
No veo en Suiza un país ineficiente y la descentralización allí, de momento, es muy significativa...
Enrique
Mas libertad económica, eso si, Aznar repartió las eléctricas a amigotes y territorialmente, más centralización estatal, pero NADA DE ELIMINAR ESTADO, ESO LA CENTRALIZACIÓN NUNCA LO CONSIGUE, sino simplemente recolocaciones.
Que cara más dura por Dios, cogerán a los funcionarios autonómicos y los convertirán en estatales y algunos, que deben vivir en la capital, porque de no ser así no entiendo que quieran que les dirija Madrid (deben tener en poca estima a sus vecinos) defendiendo este absurdo económico.
Que porqué es un absurdo económico, veamos resumidamente un ejemplo:
Coca Cola tiene varias fábricas en España, creen ustedes que las tiene en calida de "delegación" (lo que sería un sistema centralizado, POR CIERTO, COMO EL COMUNISMO), no que va, son franquicias, que dependen a su vez de otra franquicia, Coca Cola España.
Ahora podemos discutir si la empresa es tonta y sus economistas de Atlanta, posiblemente de los mejores del mundo, son tontos.
Pero si Coca Cola lo hace es porque sabe que en delegaciones, lo que supuestamente nos ahorramos en costes (no existiría beneficio del franquiciado), en "un supuesto descontrol", en el "ordeno y mando" tan caracterísitico de quienes creen estar en posesion de la única verdad, etc, se multiplican por 3 o 4 en caso de centralizar.
Los directivos (llamense delegados del gobierno) pedira´n más y más dinero a Madrid para sus departamentos, para asi "cumplir el plan" como hacían las empresas rusas con el "Gosplan", ya no deberán convencer a un electorado con cada vez menos poder de decisión, solo elecciones nacionales cada 4 años, sino al burócrata de turno.
Ya no pagarán las consecuencias de sus errores electoralmente como sucede en Suiza, EEUU, ya menos que antes de la "Guerra de Secesión" (una parafernalia montada para destruir la confederación de colonias) o en Alemania (donde Renania se permite, haciendo una locura, ir a la caza del rico en Suiza, sin consentimiento del estado alemán, pero la consecuenciia la pagará Renania, debe ser por eso que es uno de los estados más pobres, no todos nosotros como en el caso de estados centralizados).
la centralización fué promovida y estudiada por Marx, en su libro "El Capital" y dió lugar al llamado "Comunismo" o sistema de planificación centralizada).
La corresponsabilidad fiscal, empresarial (franquicias) o personal (eres dueño de tu porpia vida y tu decides con quien te asocias) es la esencia del pensamiento liberal y libertario...
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