27/08/2012 - Fernando Herrera

Economía sumergida y servicios públicos

En el comentario de hace un mes se pintaba un escenario que tradicionalmente se calificaría como desolador, aunque desde mi perspectiva sería esperanzador. En él, el Estado se va debilitando paulatinamente, mientras que el mercado negro o economía sumergida cobra un vigor espectacular, alimentado por la libertad que en él existe, superior a la disponible en el ámbito estatal. En este contexto, se da un cambio en las preferencias de los individuos, que inicialmente se acogen a la economía sumergida contra su voluntad y por motivos de supervivencia, pero luego lo van haciendo por conveniencia, ya que encuentran en él un mejor mix de condiciones.

Parte del atractivo inicial de la economía sumergida es que se puede disfrutar de unos beneficios (los que supuestamente proporciona el Estado a todo el mundo de forma gratuita: seguridad, carreteras, sanidad...), sin tener que hacerse cargo de sus costes (impuestos, seguridad social, u otras cargas). Sin embargo, conforme se debilita el Estado, estos servicios pueden deteriorarse considerablemente o incluso desaparecer. Por otro lado, el Estado puede tratar de excluir de los servicios públicos a los individuos operando en el mercado negro, como es el reciente debate sobre el pago de la sanidad por los "sin papeles". El resultado tiende a ser que los servicios públicos dejan de ser accesibles o deseables en el mercado negro.

¿Supone esto algún problema para la viabilidad de éste? ¿Abandonará la gente el mercado negro, deseosa de sostener con sus impuestos los servicios públicos cuya calidad, fiabilidad y coste han conocido de primera mano durante tantos años? La respuesta es no en ambos casos. Dichos servicios "públicos" serán prestados por la iniciativa privada, sea o no en el mercado negro. Seguirá habiendo enseñanza (¿cuántos profesores particulares operan en la actualidad en el mercado negro?), sanidad (seguros médicos), pensiones (planes de pensiones privados), desempleo (mediante seguros específicos), seguridad (empresas de seguridad), justicia (arbitrajes) e incluso carreteras y caminos.

La teoría económica demuestra sobradamente que cualquier servicio se puede prestar por la iniciativa privada en el mercado libre, y con mayor eficiencia y capacidad de innovación del que tiene el Estado. Y la evidencia empírica muestra instancias de prestación por la iniciativa privada de cualquiera de los servicios que recientemente nos han hecho creer que solo podía prestar el Estado.

No es el momento de detenerse en estos detalles. El lector interesado encontrará más material en la serie de tres artículos publicada en este mismo medio y que concluye con éste.

Sí interesa en cambio ahondar en otro aspecto relacionado con las agencias de seguridad. La protección de la propiedad va unida al disfrute de la misma, y es lógicamente responsabilidad del propietario. No existe propiedad privada real sin posibilidad de asegurar que el uso del bien se hará según las preferencias del dueño. Pero este aseguramiento es y debe ser responsabilidad del propietario, no de la sociedad, ni mucho menos, del Estado.

En un mercado libre, la especialización de la mano de obra conlleva la existencia de unas empresas, las agencias de seguridad, que compiten precisamente en proporcionar esta protección. Cabe pensar, pues, que los individuos irán crecientemente usando estos servicios, ante la inoperancia cada vez más patente del Estado, y que se irá acrecentando con su debilitación. De hecho, es muy normal que ya en la actualidad empresas, bancos y supermercados tengan custodia de agentes privados. De hecho, el propio Ministerio de Defensa tiene subcontratada la seguridad de sus sedes con una empresa privada, lo que no deja de ser el colmo de la ironía. Viene a la mente aquello de "Médico, cúrate a ti mismo".

Uno de los principales agentes agresores, quizá el principal, para los individuos en el mercado negro es el Estado. No se olvide que el Estado nos amenaza con encarcelarnos si no le damos parte de nuestros bienes en forma de impuestos, lo que nadie más puede hacer. Así pues, ante la necesidad de protección respecto al Estado, cabe pensar que aparecerán agencias de seguridad especializadas este servicio; es más, posiblemente sea este servicio de protección el más demandado durante mucho tiempo.

Será sin duda la aparición de estas agencias, el heraldo de la desaparición final del Estado. Porque una vez el individuo puede protegerse de su agresión, y de una forma tan eficiente como la que proporcionará el libre mercado, ¿cómo hará el Estado para proseguir la expropiación de los bienes de sus ciudadanos? Si cualquier empresa o individuo puede contratar un servicio que le ahorre el pago de impuestos, ¿quién no lo hará?

Quizá a muchos les parezca ciencia ficción: ¿empresas privadas protegiendo al individuo del Estado? Quienes piensen de tal forma, solo tienen que recordar la figura del asesor fiscal, la primera avanzadilla de esta figura de protección. ¿No trata tal actividad de proteger los ingresos del yugo fiscal? Tal vez así no cueste tanto imaginar la existencia de unos guardias que impidan el paso, no solo de malhechores, sino también de recaudadores de impuestos o sanciones, a nuestra vivienda. O de bancos que no acepten órdenes de embargo del Estado, bien protegidos por las citadas agencias.

¿Es este el futuro? Difícil preverlo. Lo que sí sabemos es que todas las acciones del individuo se basan en la relación coste-beneficio que anticipa por ellas. Y las actuaciones de los gobiernos occidentales cada vez hacen más atractiva la opción del mercado negro, aunque conlleve más riesgos y, consecuentemente, un mayor coste de protección. Queda en las manos de cada gobierno tratar de dar la vuelta a la tendencia: o se "recortan" ellos solitos, o sufrirán el colapso a que les arrastra inexorablemente la economía sumergida.