En este sentido, el plan de choque propuesto por Rajoy no va mal encaminado (soñar es fácil) el problema es saber cómo piensa materializarlo.
Las cinco ideas –reducir el déficit, no subir impuestos, combatir la morosidad, reestructurar el sistema financiero para que fluya el crédito y crear un nuevo contrato laboral– son como aquello de desear el fin del hambre en el mundo, un deseo desligado de la realidad (de la realidad del PP). A saber, si a Rajoy sólo se le ocurría hace unas semanas reducir el gasto público en 10.000 millones, no está claro cómo piensa acabar con el déficit público sin aumentar los impuestos.
Porque redactar la Carta a los Reyes Magos con dos meses de retraso no equivale a presentar un plan económico creíble. Es cierto que la política del PSOE difícilmente podría ser más errática –ora negando la crisis, ora reconociéndola; ora bajando impuestos, ora subiéndolos; ora aumentando el gasto, ora prometiendo reducirlo; ora subiendo las pensiones, ora bajándolas; ora cerrándose en banda a cualquier reforma del mercado laboral, ora promoviéndola–, pero el PP no le va mucho a la zaga.
Al parecer los principios están claros: no se subirán los impuestos y se reducirá el déficit. Despejándolo la incógnita, sólo me aparece un recorte del gasto público de tales magnitudes que probablemente ningún político sea capaz de imaginar sin sufrir taquicardia.
Veámoslo así: en 2009 el Estado gastó unos 260.000 millones de euros y recaudó 145.000, lo cual nos deja un déficit de de 115.000 millones. Es cierto que una parte de la caída de impuestos y de aumento del gasto es coyuntural, derivada de la menor actividad y del incremento del desempleo. Pero ni mucho menos sueñen en el PP que por llegar ellos al Gobierno la economía retornará a los niveles de recaudación propios de la burbuja inmobiliaria (200.000 millones de euros) ni se entusiasmen pensando que basta con crear empleo para reducir el gasto (las prestaciones por desempleo apenas supusieron en 2009 35.000 millones de euros).
Así pues, dado que el PP promete no subir impuestos, tendrá que reducir el gasto entre 60.000 y 80.000 millones de euros para acabar con el insufrible déficit público, lo que equivale a dejar de gastar alrededor de 1 de cada 3 euros que el Estado despilfarró en 2009. Es decir, será necesario cerrar administraciones y organismos autónomos enteros, bajar el sueldo y reducir el número de funcionarios, privatizar todas las empresas públicas y, por supuesto, poner fin a casi todas las transferencias de renta que hoy se produzcan (a sindicatos, partidos políticos, asociaciones culturales, dictadores del tercer mundo…). Algo que muchos hubiésemos deseado hace años para liberar y dinamizar nuestra sociedad, pero que ahora se impone con mayor necesidad si cabe.
En conjunto asciende a algo más que la calderilla de 10.000 millones que Rajoy pregonaba desde el Congreso frente a las bancadas socialistas. Por ello, no parece que el partido político del liberalismo simpático, ese mismo que aborrecía de Hayek y (con un poco más de razón) de Friedman, vaya ahora a liderar el mayor adelgazamiento del Estado en la historia de nuestro país.
No sé si Rajoy sabe de lo que habla. Me gustaría pensar que sí, pues significaría que se ha decidido a finiquitar el Estado ultraintervencionista que padecemos sin esquilmar aún más a las clases medias. Pero viendo sus antecedentes y los de otros miembros de su partido, me permito dudarlo. Al final, unos y otros, la socialpopulocracia, subirán masivamente impuestos. Ellos gastan, nosotros pagamos. Lo llevan en la sangre y en la cuenta corriente.
Juan Ramón Rallo es jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores donde trata de analizar paso a paso las causas y las consecuencias de la crisis subprime.
