01/08/2006 - Pablo Molina
Libertad económica y libertad política
El socialismo democrático, trasunto descafeinado del socialismo totalitario, nos dice que es perfectamente compatible mantener un sistema de alta coacción institucional y garantizar al mismo tiempo el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
Para dictaminar sobre la veracidad de este aserto, conviene recurrir a la experiencia histórica y entonces constataremos que ningún sistema político respetuoso con los derechos de sus ciudadanos ha prescindido de un orden económico similar a lo que hoy conocemos como el libre mercado. Es que no hay otra opción si buscamos un sistema que garantice el ejercicio de los derechos civiles, puesto que la libertad económica es el principal soporte del resto de libertades del individuo. Los intelectuales suelen despreciar la libertad económica bajo el prisma de que es únicamente una forma de cubrir las necesidades materiales (además ineficiente, comparada con el socialismo al que dedican sus constantes soflamas). Sin embargo, la libertad económica es un fin en sí misma, comparable al ejercicio del resto de los derechos civiles que caracterizan a una sociedad libre, pues cuando se anula la libertad económica, se priva al ser humano del ejercicio de una de las capacidades primordiales que le distinguen de los seres irracionales. Hablamos de la "empresarialidad", según el término acuñado por los profesores Kirzner y Huerta de Soto, esto es, la facultad humana que le empuja de forma innata a buscar nuevos fines y objetivos vitales, empleando para ello los medios que considere oportuno. No se trata, por tanto, de una mera asignación de recursos para solventar unas determinadas necesidades de soporte vital, sino de una aspiración humana que entra de lleno en el terreno de lo espiritual. Un hombre no es libre si no se le permite luchar por los fines que subjetivamente considera le van a hacer feliz, por más que el Estado le faculte a depositar una papeleta en una caja de metacrilato cada cuatro años.
El sistema de libre mercado, además, permite separar el poder económico del poder político, algo que bajo los regímenes totalitarios se acumula en el mismo órgano rector. Esta separación de los ámbitos económico y político resulta esencial para garantizar la libertad política, pues permite la existencia de centros de poder alejados que se contrarrestan mutuamente.
A comienzos del Siglo XIX, los liberales ingleses, de la mano de Bentham, sugerían lo contrario, es decir, que la libertad política era un medio para la libertad económica. Su escuela filosófica mantenía que si la mayoría del pueblo pudiera votar lo haría a favor de limitar al máximo la capacidad coercitiva del Estado, aunque sólo fuera por una cuestión de mero utilitarismo. En cambio, a los terremotos políticos de comienzos del siglo XX siguieron dos Guerras Mundiales y una fuerte tendencia al colectivismo en la mayoría de países occidentales. Fue el "camino de servidumbre" del que advirtió Hayek con profética intuición.
La libertad política llega siempre después de la libertad económica y el desarrollo de las instituciones capitalistas. Hacer el trayecto en sentido contrario supone un riesgo evidente de no llegar nunca a la meta. La Historia es fecunda en este tipo de ejemplos.
Opinión de los lectores
agolmar
Lo de la lucha, el dinero y la "empresarialidad" de Kirzner y Soto son efectivamente términos, que no conceptos, acuñados por ellos, pues fueron formulados por otros hace mucho tiempo. Está todo en la sociología del dinero y en La lucha de Simmel, por remontarme cien años. Espero que Huerta de Soto los mencione y no haga lo que Anthony Downs, por ejemplo, con Merton. Todos caminamos a hombro de gigante.
ANGEL FERNANDEZ
Permíteme una acotación que, desde mi punto de vista, es muy importante.
Un problema fundamental, hasta el momento no abordado con suficiente insistencia por ningún think tank, es el tema de la financiación de los partidos políticos.
Cuando no está bien resuelta la financiación de los partidos políticos es imposible que exista la "libertad económica".
Sin financiación transparente, los partidos buscan sus recursos financieros en los diferentes mercados: compraventa de suelo o de pisos, distribución comercial desde grandes centros comerciales, compraventa de electricidad,...
De este modo, para lograr su financiación en los diversos mercados, en general los partidos políticos, en vez de dirigirse a los individuos que dicen defender (implementando una ley de financiación de partidos políticos adecuada con desgravación fiscal o similar), se dirigen a las grandes empresas ya que poseen mayores recursos financieros; ya sean bancos con grandes participaciones empresariales, grandes grupos de construcción, grupos de distribución comercial, grandes eléctricas, etc...
Tanto si finalmente los partidos políticos devuelven la financiación como si no lo hacen, los "favores" financieros de los grandes bancaos y de las grandes empresas son devueltos posteriormente por los partidos en forma de corrupción (más o menos encubierta) y/o con favores varios a nivel gubernamental, autonómico o local vía concursos públicos, concesiones administrativas, subvenciones, ayudas I+D e intervención legislativa favorable a los "financiadores" de los partidos políticos.
Es decir, si un Estado de Derecho tiene mal resuelto el tema de la financiación de los partidos políticos la libertad económica no se conseguirá nunca ya que los diversos mercados quedan "distorsionados".
¿Cómo entiendo debe ser una financiación correcta de los partidos políticos para lograr "libertad económica"?
1. En mi modesta opinión, los partidos políticos sólo defenderán los derechos y libertades individuales y el libre mercado, si en la financiación que reciben prevalecen las aportaciones individuales (desgravables) de los ciudadanos.
2. De otro modo, los partidos políticos sólo protegerán los "derechos" de las grandes empresas que los financian (de modo más o menos opaco).
3. En este momento, sólo veo factible como posible solución establecer una desgravación fiscal del 50% (o incluso del 100%) para aquellas aportaciones de financiación de personas físicas y/o de personas jurídicas.
Ya sé que no soy políticamente correcto y, probablemente tampoco soy muy ortodoxo desde el punto de vista liberal, pero lo anterior sólo creo que sería factible si la aportación queda "oculta" (no nominativa) y "limitada" (por ejemplo a 9000 Euros o lo que se estime oportuno después de los oportunos cálculos) para cada persona física y/o jurídica por medio de un título que pudiese expedir el Banco de España (o un cheque o similar instrumento) y se pudiese adquirir en bancos y/o cajas para poder entregar una parte del mismo en el partido político elegido (para que reciba su financiación sin corrupción) y otra parte se pudiese adjuntar a la declaración de la renta para desgravar.
En este momento, no se me ocurre como avanzar más.
Por ello, os dejo tres preguntas abiertas:
1. ¿Cómo lograr que la financiación de los partidos políticos defienda los derechos y libertades de los ciudadanos?
2. ¿Cómo lograr que la financiación de los partidos políticos fomente los mercados libres en España en vez de su intervención por el Estado?
3. ¿Alguna propuesta inteligente?
Siento haberme extendido tanto. Un saludo.
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