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Portada - Comentarios - La responsabilidad estatal en los incendios forestales

23/08/2006 - Alberto Illán Oviedo

La responsabilidad estatal en los incendios forestales

En poco más de una semana, en Galicia se ha quemado una superficie que varía desde las 71.828 hectáreas que asegura el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) a las 180.000 que denuncia el Partido Popular, pasando por las 77.000 que dice la Xunta de Galicia, las 86.000 de la Unión Europea o las 92.000 del CSIC, organismo de naturaleza pública que se dedica a la investigación. Hasta la fecha y según el MMA, el fuego ha arrasado en España algo más de 123.000 hectáreas, lejos de las casi 96.500 del año pasado, de las 75.500 de 2004 e incluso por encima de las 109.592 de 2003, peor año de la última década hasta este.

España es un país proclive a los incendios forestales. Fundamentalmente de clima mediterráneo, también tienen cabida el atlántico, en la Cornisa Cantábrica y en Galicia, el subtropical en las Islas Canarias, el de alta montaña en diferentes cordilleras que atraviesan los territorios españoles e incluso el semidesértico, en ciertas zonas de la costa mediterránea y del interior. Tal variedad ha propiciado una gran cantidad de ecosistemas y una biodiversidad nada desdeñable. Precisamente, la sequedad de los veranos y las altas temperaturas incrementan el riesgo de incendio y la tendencia aumenta por la actividad humana que ha sustituido en muchos casos variedades más adaptadas al fuego por otras más cercanas a sus necesidades y deseos.

En estas circunstancias es deseable un buen sistema de prevención y extinción que, en virtud de lo acaecido en las últimas semanas, esta claro que no tenemos. Vaya por delante que no estoy poniendo en duda la profesionalidad de los que se juegan su vida por apagar un incendio forestal sino que pongo en duda la viabilidad del sistema que existe en la actualidad, sistema que es creado y gestionado en última instancia por las Administraciones Públicas y que demuestra continuamente su tremenda vulnerabilidad, su naturaleza pública.

Para los gallegos que lo hayan perdido todo, este baile de cifras es cuanto menos de mal gusto pero es un buen ejemplo de una de las razones de la ineficacia del sistema, las rivalidades políticas entre partidos o incluso entre Administraciones, algunas de ellas gobernadas por el mismo grupo político. La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas –se celebrarán en primavera del próximo año– conlleva una carga política muy elevada lo que supone dos comportamientos, la minimización de los efectos de cualquier catástrofe desde el poder y la denuncia desaforada y en algunos casos lejana a la realidad por parte de la oposición política. Se vio en el hundimiento del Prestige y se ha visto en los grandes fuegos forestales. En julio del año pasado en el incendio de Guadalajara, la Comunidad de Castilla-La Mancha rechazó ayuda de otras Comunidades Autónomas, entre ellas la de Madrid y la de la Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por sus rivales políticos del PP. El resultado, más de 12.000 hectáreas arrasadas y 11 muertos, es un ejemplo extremo de las consecuencias de este enfrentamiento institucional.

Una de las primeras denuncias que se formularon, ante la magnitud de la catástrofe, fue la del PP, ahora en la oposición. Según este partido, el nuevo gobierno de PSOE y BNG, partido nacionalista e independentista gallego, habría desmantelado el anterior equipo técnico pero sin tomar la precaución de organizar otro. Además, entre las peticiones nacionalistas se incluía la demostración, a través del certificado público correspondiente, del conocimiento del gallego, lo que dejó sin contrato temporal a multitud de trabajadores que en temporadas anteriores habían trabajado en estas labores y que en la mayoría de los casos poseían conocimientos más que aceptables del idioma. Todo ello, aunque desmentido por los acusados, tiene pinta de verosimilitud. El sacrificio de la eficacia ante el dios de la burocracia se practica más de lo deseable, sobre todo si este responde a políticas más o menos utópicas, en este caso nacionalistas.

Varios colectivos han acusado a la Administración de no haber hecho nada para salvar sus pertenencias, de no tener los medios necesarios para apagar los fuegos y lo cierto es que aunque ha habido momentos donde la magnitud de la catástrofe ha desbordado todo lo desplazado a la zona, lo cierto es que en muchos casos las llamas han sido combatidas exclusivamente por los vecinos, que han tenido que convertirse en bomberos heroicos, pagándolo en algún caso con su propia vida.

El Estado, en este caso en forma de Comunidad Autónoma, garante único y exclusivo de la seguridad del monte, ni ha podido ni ha querido ni ha sabido cumplir con sus obligaciones y ahora pretende delegar sus propias responsabilidades en forma de tramas virtuales, conspiraciones inimaginables y fotos que pretenden dar la falsa sensación de que se está haciendo algo, de que se ha hecho algo. Y lo cierto es que las condiciones que se dan en España son muy propicias para que las empresas acometan la extinción y sobre todo la prevención de incendios a través de la contratación directa de las mismas, o mediante seguros que cubran estos riesgos. Sin embargo, es la Administración la que desincentiva esta actividad empresarial, no tanto porque la prohíba sino porque asume un servicio que es incapaz de dar, o que lo hace de manera ineficaz. A ello contribuye la visión, muy española, de que el medio ambiente es un asunto que sólo se trabaja desde la iniciativa pública, nunca desde la iniciativa privada y nunca desde la responsabilidad personal de cuidar nuestras pertenencias. Y de esos polvos, estos lodos.

 

Opinión de los lectores

ANGEL FERNANDEZ

Caso comentado el sábado pasado en el programa Agropopular de la Cadena COPE:

Un ingeniero de montes compra una finca con varias hectáreas de extensión de pinar en Andalucía, rodeado por parcelas de propiedad pública.

Realiza un Plan de Medidas Contraincendios (caminos de acceso, cortafuegos, balsas para retener agua de lluvia, bombas de riego de emergencia) para proteger su propiedad y solicita aprobación al departamento competente de la Junta de Andalucía.

Con constantes retrasos, finalmente la Junta de Andalucía deniega la solicitud al propietario. A pesar de la barrera política, el dueño del pinar considera oportuno realizar el plan contraincendios para proteger su explotación.

La Junta de Andalucía interpone demandas y multa al propietario en varias ocasiones.

Finalmente, se produce un incendio en las fincas públicas colindantes.

Como la Junta de Andalucía no había realizado planes de prevención de incendios en los pinares públicos, se carecían de medios de extinción adecuados.

Ante la gravedad del incendio, los bomberos y agentes forestales se ven forzados a emplear los medios privados de la finca "multada" por la Junta de Andalucía; empleando sus caminos de acceso, sus balsas de agua, sus bombas contraincendios, ...

El propietario facilitó el empleo de sus medios ya que su finca corría un evidente peligro así como su entorno.

Su sorpresa vino cuando los funcionarios de turno le acusaron verbalmente de haber ocasionado el incendio que iba en contra de propia su inversión.

El propietario lo denunció el pasado Sábado en la radio como ejemplo de cómo operan las entidades públicas frente a la gestión y explotación privada de los bosques.

¡Sirva de complemento a tu muy buen artículo!

Un abrazo.

wininu

El problema es que poner de acuerdo a miles de personas, con quizá 1 hectárea o menos cada uno, para que contraten a las empresas que les den la gana es harto complejo, la mayoría preferirá exponerse al riesgo de incendio.

Y que los concejos, las diputaciones o las CCAA subcontraten a empresas privadas para la extinción es algo que ya existe.

El monte en Galicia es mayoritariamente privado, pero y qué... Siendo como es lo lógico es que la gente se hubiera preocupado de limpiar sus bosques, pero no lo ha hecho y eso causa daños no sólo en sus fincas si no en las de otros que sí pueden haber hecho los deberes.

En este caso la responsabilidad en la prevención es individual, puesto que ésta corría a cargo de cada propietario.

Jon Urdangarín

En Galicia uno de los grandes problemas es que la superficie de las parcelas privadas es tán pequeña que es imposible rentabilizar una inversión forestal. Hay miles de propìetarios que no limpian sus parcelas y que las tienen completamente abandonadas simplemente porque no les compensa económicamente.

ANGEL FERNANDEZ

Muy bien, varias ideas en relación con los problemas derivados de pequeña parcelación privada en montes que se han comentado arriba:

1. Con la debida legislación y/o normativa estatal, se puede fomentar el nacimiento de un mercado de empresas privadas de Mantenimiento de Parcelas Forestales que acondicionen éstas durante todo el año pero, cuidado, ¡sólo desde la iniciativa privada! (para maximizar los recursos invertidos).

2. Los particulares que no contraten estos servcicios regulados por ley de protección medio ambiental (o similar) deberán pagar de modo indirecto (y seguramente a un mayor precio) los mismos servicios servicios al concejo, municipio o comunidad autónoma pagando ciertas tasas públicas para posibilitar el mantenimiento público de su terreno (ante la desidia de su propietario y el preligro para fincas colindantes) y, por supuesto, seguramente deberá afrontar mayores cuotas de seguro (si lo contratan) y debería enfrentarse a posibles sanciones y/o multas.

3. Por supuesto, lo anterior también puede idearse mediante su incentivo estatal por medio de políticas de desgravación fiscal; en vez de recurrir al fácil incremento en el nivel de impuestos, tasas o gravámenes varios (que en casi todos los casos suelen desembocar en mala asignación de los recursos públicos recaudados a los contribuyentes por favoritismos, coimas y corruptelas varias).

4. Un Servicio de Ingenieros de Inspección de parcelas forestales tanto públicas como privadas que permitan cumplir lo anterior, sería tremendamente útil.

5. Igualmente ventajosas para el bosque sería implantar políticas de incentivación fiscal (desgravaciones) de la cooperación entre propietarios para el mantenimiento y explotación racional de los recursos de sus fincas de modo conjunto.

6. Desde mi punto de vista liberal, el Estado es útil siempre que quede debidamente limitado en sus actuaciones y competencias y siempre que fomente e incentive la "acción privada".

7. Desconozco si existe una Normativa Nacional de Seguridad de Bosques y un Cuerpo de Inspección en el Mº Fomento, como ya existe inspección para la garantizar cierta seguridad en el transporte aéreo, de carretera y/o marítimo. Debería realizarse si no existe.

En fin, habría que pensar ... cosa muy poco habitual entre los muchos políticos iletrados, torticeros e inanes de nuestra Ex-paña.

En fin, son ideas ... que en eso nos afanamos mucho en el IJM.

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