08/09/2006 - Alberto Illán Oviedo

¿Quién debería ahorrar agua?

Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de las democracias con fuerte carga estatal es el reparto de culpa. Resumiendo, cualquiera de nosotros, como entidad que forma parte de la sociedad, tenemos culpa de todos los males que la afectan menos de los que producimos nosotros mismos. De esos, por supuesto, la tienen los demás. Así, el delincuente no es culpable del delito, sino la sociedad que no ha sabido dotarle de los medios y recursos suficientes para impedir que los perpetre. En lo medioambiental, este curiosa filosofía también está vigente aunque con ciertos matices. La culpa es de todos salvo de los que luchan por un medio ambiente más saludable y esa lucha se mantiene dentro de los parámetros que manejan las organizaciones ecologistas.

A finales del verano, la sequía debería ser algo que entre dentro de la normalidad, sobre todo si este es el segundo o tercer año que la padecemos. Que los pantanos estén en límites preocupantes no debería sernos extraño pero nos lo venden como una catástrofe y lo peor de todo, nos aseguran que somos los culpables de la situación ¡porque desperdiciamos agua! Este tipo de generalizaciones es ante todo insultante pero responde a la lógica de lo políticamente correcto por dos razones, una de carácter moral y otra de carácter económico.

La primera es la típica moral anticapitalista, el desarrollo en el que nos hemos embarcado es totalmente insostenible y por tanto llenar piscinas privadas, regar hectáreas de campos de golf, bañarnos en vez de ducharnos, hasta usar el retrete como papelera improvisada es algo inadmisible, es un derroche que estamos pagando ahora y en el futuro. Este sencillo mensaje ha calado y no solo en los ciudadanos sino en los políticos que nos gobiernan lo que es mucho más peligroso. La segunda razón, de carácter económico, es la ausencia del libre mercado. Al no existir, surge el concepto del despilfarro. El precio del agua se establece desde las administraciones, la gestión es pública o semipública y se prohíbe o dificulta la actividad empresarial que no se controle gubernamentalmente por lo que se impide que se desarrollen nuevos o alternativos sistemas de transporte de agua y sobre todo un mercado del agua que nos permita ahorrar de forma voluntaria, igual que ahorramos en la cesta de la compra sin que nadie nos obligue, cuando suben los precios y gastar más, si lo deseamos, cuando bajan. Así que como por definición las Administraciones Públicas no pueden equivocarse, salvo puntual e infrecuentemente, debe ser el administrado el que no cumple con parte de su contrato social.

Pero lo cierto es que las Administraciones Públicas despilfarran y mucho. Según datos de 2003 del Ministerio de Medio Ambiente, el 77% del agua usada en España lo hace la agricultura, el 18% el consumo urbano y el 5% restante la industria. Además, y según datos del INE, las redes públicas de distribución perdieron ese año el 18,7% del agua disponible en fugas, roturas, etc. Es decir, que las Administraciones Públicas, de las que depende directa o indirectamente la gestión de las redes de abastecimiento en la que se pierde casi el 19% de lo que vierte a la red, nos dicen que somos culpables de la sequía y de la situación insostenible.

Pero esto puede ser aún más irónico: los ayuntamientos se vanaglorian de sus parques públicos. No hace mucho, en el madrileño municipio de Leganés se instaló un sistema "inteligente" que permitía el riego ahorrando un 40% de agua. Situado al sur de Madrid, esta población soporta un tórrido verano, por lo que el sistema tendría su lógica si no fuera porque se aplica a unas praderas que no son precisamente plantas que necesiten poco agua. ¿No sería mejor plantar otras especies vegetales más adecuadas al clima, ahorrándonos el sistema de riego? ¿O es que las praderas son únicamente inmorales cuando lo que se riega es un campo de golf?