En la actualidad, desempeñar la actividad política, más allá de ocupar un alto cargo de responsabilidad, se ha convertido en un auténtico chollo. No sólo por la percepción de elevados ingresos, sino por el hecho de contar con una serie de privilegios ajenos a cualquier otra profesión que se desempeñe en el ámbito privado.

La antigua Lex Mercatoria precedió la llegada de los Estados modernos. Fue creada por los mercaderes durante el espectacular despegue comercial de las ciudades europeas entre los siglos XI y XIII. Su función había consistido en derogar los estrechos cauces del derecho civil romano de entonces para dar soluciones satisfactorias de forma privada a las nuevas relaciones mercantiles internacionales que se empezaban a dar por aquellos años.

Es común, en muchos medios de comunicación, caricaturizar a los empresarios como personas sin escrúpulos, ávidas de poder y dinero, que no dudan en explotar y estafar a cuantas personas sea posible a fin de obtener un cuantioso beneficio con el que financiar un ostentoso nivel de vida personal.

La del Estado, desde el punto de vista de su limitación, es una vieja cuestión. Bien lo sabemos los que nos decimos liberales no de talante. Lo cierto es que en los términos más actuales la cuestión teórica se remonta a los años sesenta y setenta, donde autores provenientes de corrientes austroliberales o de tendencias neoclásicas han resucitado el tema elevados por la crisis del modelo estatista keynesiano.

El gran error que cometemos los cristianos es tener la ingenua creencia de que la Iglesia puede colaborar y cooperar con los poderes del Estado en la tarea de dar solución a los problemas sociales.